DECLARAR LA EMERGENCIA PARA USUARIAS/OS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRIMERA NECESIDAD POR EL TERMINO DE 180 DIAS.

Señor presidente: La presente iniciativa tiene como objeto principal evitar que se concreten los aumentos de tarifas, a todas luces irrazonables y perniciosos para la gran mayoría de la población, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del comienzo del presente año, que se aplican a servicios públicos esenciales como el transporte público de pasajeros, la electricidad, el agua corriente y el gas. Asimismo, se propone evitar la suspensión y recortes de subsidios al transporte público de pasajeros, manteniéndolos a niveles constantes, destinados a las jurisdicciones provinciales. Efectivamente, consideramos que es sumamente necesario evitar que el Poder Ejecutivo concrete su plan demencial de descargar sobre la mayoría de la población aumentos que no está preparada para afrontar, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha recaído sobre sus hombros la mayor devaluación planificada de nuestra historia, lo que produjo un incremento inflacionario superior al doble de lo que se arrastraba previamente. El propio Presidente Milei ha afirmado, en notas periodísticas en plena campaña electoral rumbo al balotaje y tratando de conquistar al electorado que lo observaba con cierto temor, que los aumentos de tarifas sólo podrían producirse luego de una importante recomposición de ingresos. Lamentablemente esa recomposición, lejos de producirse, se ha convertido en una caída vertical y dramática, de las más abruptas de nuestra historia económica. La magnitud de los aumentos, que para muchos de los servicios públicos aludidos prevé un camino incremental que superará ampliamente el trescientos por ciento, han afectado y continuarán afectando gravemente las condiciones de vida de las enormes mayorías sociales, generando consecuencias catastróficas en innumerables ámbitos del quehacer social, comercial, productivo. sanitarios, educativos, culturales, científicos, etc. El efecto multiplicador de los mismos sobre la casi totalidad de los precios de la economía agudiza severamente la problemática. El Poder Ejecutivo, haciendo oídos sordos a todos los planteos efectuados por diversos sectores afectados en las audiencias públicas previas, ha decidido autorizar un aumento de tarifas de electricidad, gas y agua corriente que no contempla en lo más mínimo el nivel de ingresos de la población de nuestro país. Tal situación aparece como un "modus operandi" de la agenda del gobierno "libertario", precios internacionales para ingresos que no se acercan ni un poco a esos estándares. Además, se verán afectadas gravemente las actividades industriales, educativas, sanitarias, deportivas, culturales, de desarrollo y solidaridad social, etc. Paralelamente, desoyendo otra vez los planteos efectuados en las audiencias públicas correspondientes, el Poder Ejecutivo ha autorizado incrementos en el boleto para viajar en colectivo y en tren en el área metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país. El incremento pega de pleno en las clases trabajadoras y humildes, para quienes el costo para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, muchas veces abordando más de un medio de transporte, implica un porcentaje muy elevado de sus ingresos. Un incremento como el autorizado revela un profundo desconocimiento por parte del gobierno con respecto a la acuciante situación económica de los sectores sociales que cotidianamente se desplazan en transporte público, a los que evidentemente se coloca en una situación de emergencia desesperante. A lo dicho se adiciona la suspensión y recortes de subsidios cuya finalidad es el financiamiento del transporte público de pasajeros en las jurisdicciones provinciales, que el Poder Ejecutivo pretende imponer a nivel nacional, lo que significa un ataque adicional a la población que se desplaza por ese medio en las provincias que no integran el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es indudable reclamos, exigencias, argumentos, situaciones de hecho, necesidades y derechos de los diversos sectores del quehacer social, comercial y productivo; asociaciones de consumidores; académicos; expertos; representantes políticos, sindicales y gremiales; etc., que participaron de las Audiencias Públicas efectuadas al efecto, dando ostensibles muestras de desprecio y falta de respeto hacia quienes se tomaron el tiempo para inscribirse y participar de las mismas. Se hizo evidente que la observancia del requisito legal de efectuar Audiencias Públicas antes de la autorización de los incrementos tarifarios ha sido tomada por el Poder Ejecutivo como una mera formalidad, que una vez efectuada lo habilita para hacer lo que se le ocurre. Lejos de ello, la razonabilidad de los altísimos aumentos autorizados luego de las audiencias realizadas no ha sido acreditada de ningún modo. Nos encontramos entonces ante una serie de incrementos abruptos y generalizados de tarifas que no resultan razonables y que no han sido justificados de ninguna manera por órgano alguno del Poder Ejecutivo. Una evidente situación abusiva que es preciso reparar. Los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables para enormes sectores de la población, cuya calidad de vida se ve drásticamente resentida. La desmesura de los aumentos previstos, que se suma a los altísimos incrementos en alimentos y servicios que se produjeron en a partir del mes de diciembre de 2023, luego de la brutal devaluación con la que el Ministro de Economía Caputo (que ya nos endeudó salvajemente durante la presidencia de Mauricio Macri) hizo su debut en la gestión "libertaria", afecta, sin dudas, derechos humanos fundamentales. El contexto económico por el que está atravesando nuestro país, luego de que bajo una supuesta inspiración "libertaria", las principales variables macroeconómicas se han dispuesto según lo indica la más rancia ortodoxia neoliberal, y por ende puestas al servicio de los sectores con ingres sociedad, generando mayores restricciones a las posibilidades de consumo, que continuará agravando el ciclo recesivo. La dolorosa situación social que atravesamos, con familias desesperadas por no poder pagar sus facturas ni llegar a fin de mes satisfaciendo sus necesidades básicas; con industrias y comercios que pueden quebrar o verse en la obligación de restringir empleos; con clubes de barrio y variadas instituciones de bien público que pueden verse ante la posibilidad de tener que cerrar sus puertas, resulta indiferente para un gobierno fundamentalista, que respondiendo a un signo ideológico extremo y lindante con el delirio, sólo atiende puntualmente las demandas de los grupos privilegiados de la economía, a los que les asigna un accionar heroico. La acumulación irrestricta de dividendos es el bien, cualquier intento por discutir la concentración de ingresos y su distribución se considera repugnante. El círculo vicioso de recesión; generación de pobreza; desempleo; marginación social y falta de horizonte de futuro para los sectores más vulnerables de la sociedad, es una amenaza latente muy concreta. La experiencia económica de nuestro país indica que debemos evitar de manera categórica situaciones que conduzcan al callejón sin salida que desembocó en el trágico diciembre del año 2001. La secuencia de ajuste, recesión; ajuste más pronunciado, recesión más grave (máxime con una deuda externa que crece de manera exorbitante) es bien conocida por todas/os las/os argentinas/os. La iniciativa sometida a consideración de este Congreso propone que sea declarada la Emergencia en el acceso a Servicios Públicos de primera necesidad en todo el territorio nacional por el plazo de un año. Como consecuencia de ello y mientras rija la emergencia, quedan suspendidos la totalidad de los aumentos de tarifas de los servicios públicos de transporte público de pasajeros; electricidad; gas y agua corriente autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional durante el de las mayorías sociales y en el desarrollo productivo de nuestro país. La Audiencia Pública prevista es de concurrencia obligatoria para los representantes legales de las prestadoras de los servicios públicos nacionales de electricidad, gas, agua y transporte público de pasajeros; de los entes de contralor de los mismos y de los funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo de las áreas de gobierno involucradas con la temática. A la misma podrán asistir representantes de asociaciones empresariales, industriales y/o comerciales; de asociaciones gremiales; sindicales; profesionales; académicas y/o científicas; de organizaciones de usuarios y consumidores; de organizaciones no gubernamentales; de entidades deportivas; de organizaciones sociales, comunitarias y/o barriales. Consideramos que las medidas puestas a consideración de este Congreso evitarán un nuevo castigo para la sociedad, que, lejos de constituir un sinceramiento necesario (tal como pretende presentarlo el gobierno y sus usinas de propagación mediáticas) provocará más derrumbe del mercado interno, así como más crisis y penurias en la situación económica de amplísimos sectores sociales. Por los argumentos expuestos, convencidos de que ha llegado el momento de que el Poder Legislativo se involucre activamente con una temática tan relevante y acuciante, solicitamos que se acompañe con voto favorable la iniciativa puesta a vuestra consideración. Diputada Mónica Macha