Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
La cultura es un factor de desarrollo fundamental para todas las
sociedades del mundo, ya que posibilita la valoración de la identidad, la
memoria, la preservación del patrimonio material e inmaterial de los
pueblos y la soberanía cultural, extendiéndose su efecto al
afianzamiento de los países.
La iniciativa parlamentaria que vengo a proponer, la “Ley Federal de
Promoción y Mecenazgo Cultural”, tiene por objeto establecer un marco
normativo para la participación privada en el financiamiento de proyectos
que se enmarquen en distintas áreas de la cultura, destinado a regular
la promoción y mecenazgo cultural proveniente del tributo que los
contribuyentes realizan a través del Impuesto a las Ganancias.
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La definición y composición del sector cultural es heterogénea entre
países e instituciones relacionadas, y muchas veces depende también
de la fuente de consulta. Sin embargo, se puede considerar que el sector
cultural se conforma en base a tres grandes grupos convergentes que
son el ámbito de la creación, el patrimonio cultural y las industrias
culturales y creativas.
Si bien es fundamental involucrar al sector privado en la preservación
de la cultura, en tanto constructor de identidad popular y potenciador de
la economía naranja a través del apoyo a proyectos que fortalezcan las
oportunidades laborales de trabajadores de la cultura, no debemos dejar
de lado la importancia del Estado como principal promotor de fomento y
protección de nuestro acervo cultural.
El presupuesto nacional destinado las políticas públicas culturales debe
continuar financiando la creación artística y la protección patrimonial.
Herramientas como el Fondo Nacional de las Artes, el apoyo al cine
Nacional y a la investigación deben seguir estando presentes,
accesibles y en crecimiento como ocurre en el resto del mundo.
En tal sentido, la participación privada en el fomento de la cultura debe
entenderse como un complemento y nunca como reemplazo de la
actividad estatal en esta materia.
La contribución a la cultura potencia el desarrollo de la “Economía
Naranja” como una parte necesaria del modelo de crecimiento del país,
ya que genera importantes fuentes laborales, respondiendo a la
creciente oferta educativa, vinculada a los talentos emergentes y a la
ocupación de la población joven. Engloba todos los ingresos
provenientes de las artes y todos aquellos bienes y servicios resultantes
de la actividad artística y cultural. La economía naranja, llamada también
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creativa, ha alcanzado un gran crecimiento y potenciado otras industrias
como el turismo, la comunicación, el entretenimiento y el aumento de la
calidad de vida local. Es uno de los modelos económicos modernos con
mayor proyección, basado en la creatividad, los servicios, y se monetiza
a través de diferentes ámbitos culturales: literatura, arte, cine, teatro,
danza, entretenimiento y consumos audiovisuales, generación de
contenidos en redes, videojuegos, entre otros.
Desde este punto de vista, la perspectiva economicista no es el principal
objetivo de esta ley, sino la protección, construcción y fomento de la
cultura y sus hacedores, pero es importante incorporar la mirada
económica y reflejarla través de mediciones del impacto de la actividad,
por ejemplo en el PBI, para considerarla no como un gasto del Estado,
sino como una inversión en el desarrollo humano y económico de los
países. Es por esto que el sector privado productivo puede y debe
aportar a esta construcción social como acto de responsabilidad social
empresaria o corporativa.
Esta ley garantiza la participación intersectorial entre diversos grupos: el
público, a través de los organismos intervinientes; las empresas e
instituciones provinciales y nacionales y el sector del conocimiento,
posibilitando la gobernabilidad a través de vínculos bidireccionales.
Sin dudas el primer objetivo de esta herramienta es la contribución a la
garantía y pleno ejercicio de los derechos culturales de la población,
especialmente en lo que tiene que ver con la producción y circulación de
bienes culturales. Pero también debe tener el objetivo de contribuir al
goce de los derechos económicos y sociales de las y los trabajadores
de las culturas, a partir de la generación de puestos de trabajo y el
acceso democrático a los mismos.
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Estos derechos se expresan en el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y de acuerdo al artículo 75 inciso 24
de la Constitución Nacional, se establece que “aprobar tratados de
integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas
dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”.
El PIDESC establece obligaciones para los Estados en cuanto a la
implementación progresiva de estos derechos, con el compromiso de
“respetar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales
como esenciales para la dignidad humana y el desarrollo de las
sociedades”.
En este sentido, los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de
la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.
Entre las medidas que los Estados Partes en dicho Pacto deben adoptar
para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesarias
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la
cultura y también se comprometen a respetar la indispensable libertad
para la investigación científica y para la actividad creadora.
Los Estados Partes reconocen los beneficios que derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales, el derecho a la cultura y beneficios
científicos, asegurando el acceso a la vida cultural y a los resultados del
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progreso científico, fomentando la libertad para desarrollar y disfrutar de
las manifestaciones culturales y el conocimiento.
Otro elemento importante es que esta ley de Mecenazgo y Promoción
Cultural debe impulsar el desarrollo del ecosistema de pequeños y
microemprendimientos culturales, evitando el desequilibrio y centralismo
al favorecer solamente grandes proyectos de la industria cultural, ya que
desde la perspectiva de la contraprestación éstos son más atractivos
para cualquier marca que se quiera posicionar. Mantener el espíritu
federal y equitativo debe ser garantizado a través de mecanismos
transparentes, accesibles y garantizando oportunidades a los distintos
sectores, priorizando aquellas propuestas que contribuyan al desarrollo
comunitario, al diálogo intercultural y a la cultura de paz.
El presente Régimen de Promoción Cultural Federal ha dado sobradas
pruebas de efectividad en otros países; como antecente en el mundo
podemos mencionar a España, cuya Ley de Mecenazgo 49/2002 ha sido
recientemente reformada y modernizada, favoreciendo el compromiso
ciudadano y empresarial con la cultura a través de la filantropía y el
mecenazgo.
En el caso de Brasil, la Ley de Mecenazgo potenció las industrias
culturales, llevándolas a ser el segundo producto de exportación propio
en el Mercosur, creando miles de puestos de trabajo y expandiendo el
nivel de inversión privada en la cultura. También, la denominada "Ley
Rouanet" permite a las empresas destinar parte de sus contribuciones
fiscales a proyectos culturales, impulsando notablemente la música, el
teatro y el cine en Brasil, y facilitando una inversión privada significativa
en el arte.
En México, a través del programa "EFIARTES," las empresas reciben
deducciones fiscales al invertir en proyectos artísticos, especialmente en
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el cine. Este incentivo ha fortalecido las industrias creativas mexicanas
mediante el patrocinio de empresas para proyectos que van desde cine
independiente, hasta arte público.
En el caso de Francia, el sector privado ha ganado mucho peso en las
últimas décadas en la financiación de la cultura en este país.
Históricamente, el mecenazgo era casi inexistente, el Estado tenía un
rol preponderante para financiar todo aquello relacionado con las artes
y el patrimonio. Con la llamada “Ley Aillagon”, que entró en vigor en
2003, se catapultó el mecenazgo en Francia. Dicha norma estableció un
marco fiscal muy favorable para aquellas empresas o grandes fortunas
que den dinero a instituciones o proyectos culturales. Cada donación se
beneficia de una deducción fiscal del 66% en el caso de los particulares
y del 60% para las sociedades privadas. Desde entonces, el número de
empresas que financian la cultura se multiplicó por diez, pasando de
6.500 a 68.500. El 14% de los grupos privados ejerce como mecenas.
Todas las del CAC 40 —la bolsa de París— disponen de su fundación
“filantrópica”. Los grandes museos y algunas de las universidades más
prestigiosas crearon organismos específicos para recaudar fondos
privados. En cierta forma, el modelo de los grandes mecenas
estadounidenses se ha asentado en Francia.
A pesar de ello, el Estado francés mantiene un rol central en la
financiación de la cultura. El porcentaje del gasto público destinado a
este sector en Francia representa el 1,5% del PIB, un porcentaje
ligeramente superior a la media europea y al de España (1,3%).
En nuestro país ya existen algunos casos de efectiva aplicación de sus
leyes de Promoción Cultural o Mecenazgo. En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires esta activa la Ley de Mecenazgo -Ley 2.264-, la cual
experimentó recientemente modificaciones claves impulsadas para
fortalecer la colaboración público-privada en el financiamiento de
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proyectos culturales. Estas enmiendas aumentan la capacidad de
patrocinadores para deducir impuestos, permitiendo ahora que puedan
descontar al menos el 80% del impuesto a los Ingresos Brutos, con una
contribución genuina del 20%.
La provincia de San Juan puso en vigencia en el 2021 la Ley 2197-F de
Mecenazgo Cultural, por la que se crea el Régimen de Promoción
Cultural de la Provincia de San Juan, que prevé un tope de 1,5% de la
recaudación total en Ingresos Brutos, para que pueda ser destinada a
proyectos culturales que son seleccionados por un Consejo de
Mecenazgo integrado por entidades y referentes de la cultura de la
provincia y en coordinación con el Ministerio de Turismo y Cultura de
San Juan, siendo su creación y aplicación una respuesta al pedido del
sector cultural provincial, que complementó e impulsó la importante
oferta pública de programas de apoyo a las expresiones artísticas y
culturales de la provincia, en forma de créditos con tasa subsidiada,
aportes no reembolsables, exenciones y apoyos diversos.
Finalmente quiero destacar que las leyes de mecenazgo cultural y
promoción cultural más importantes, eficaces e innovadoras en el
mundo son aquellas que incluyen también las expresiones culturales y
artísticas que motorizan las industrias creativas, a la vez que buscan
promover el financiamiento sostenible de las artes, la creación y la
preservación patrimonial. Que incentivan la colaboración entre el sector
público y privado, garantizando la equidad, la transparencia y la
accesibilidad, a la vez que custodian la identidad de su pueblo, la
construcción social, su memoria y su futuro, alcanzando así un modelo
de gobernabilidad, necesario para una sociedad más justa con una clara
visión de futuro, que incluye a la cultura como pilar de desarrollo.
Argentina es reconocida por sus talentos, sus expresiones artísticas y
culturales en todas sus formas, su patrimonio cultural y su creatividad
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plasmada en nuestra idiosincrasia. Es nuestra obligación establecer las
herramientas para que la sociedad entera pueda ser parte de su
custodia y construcción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa
parlamentaria.
Sergio M. Uñac
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