OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN NUEVA YORK, EL 31 DE OCTUBRE DE 2003.

La corrupción es un mal que afecta a nuestras sociedades y desnaturaliza completamente al sistema democrático, ya que atenta contra la comunidad política y su objetivo de servir a la sociedad civil. Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves, ya que traiciona tanto los principios de la moral como las normas de la justicia social. Compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernados y gobernantes. Introduce una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos hacia la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. La corrupción distorsiona desde la raíz el papel de las instituciones representativas, ya que las utiliza como terreno de intercambio político entre demandas clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De esta manera, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de aquellos que tienen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos. En el año 2022, el estudio que determina la Capacidad para Combatir la Corrupción reveló malos resultados en países latinoamericanos. El informe, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (que publica AQ), evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio se lleva a cabo utilizando datos disponibles públicamente y realizando una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores, como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación. Por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el Índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron mantenerse entre los tres primeros lugares como lo han hecho desde el año 2020. Guatemala, Argentina, Brasil y México, en cambio, registraron retrocesos en los índices de capacidad para "1983/2023-40 Años de Democracia" En Guatemala, el estudio determinó que el país sufrió retrocesos en las tres categorías analizadas, pero el más significativo fue una disminución del 17% en la capacidad legal. Medidas adoptadas por el presidente, Alejandro Giammattei, llevaron al país a registrar descensos pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la fiscalía general. Al mismo tiempo, varias figuras prominentes de la lucha contra la corrupción, entre ellos fiscales y jueces, se vieron obligados a huir del país por la presión institucional y las amenazas a su seguridad. Al igual que en 2021, Perú se ubicó en la cuarta posición del Índice. El país mantuvo su clasificación relativamente alta, ya que la Justicia siguió mostrando independencia, incluso después de investigar a varios presidentes en los últimos años, incluido el actual, Pedro Castillo, quien luego fue destituido de su cargo y detenido por una supuesta conspiración delictiva relacionada con sobornos para la obtención de contratos de obras públicas; siendo reemplazado por su vicepresidente, Dina Boluarte. Argentina, por su parte, redujo su rendimiento un 2%, continuando así su trayectoria descendente en los últimos tres años, situando al país en el puesto 12 de la región en esa variable. Según el informe, los avances en la lucha contra la corrupción son muy paulatinos. Recordemos que la ex presidente y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Venezuela y Bolivia, por su parte, se mantienen como los países con peores índices. Respecto al país bolivariano, el informe sostiene que la independencia judicial se vio seriamente afectada con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, maniobra que utilizó el dict "1983/2023-40 Años de Democracia" cooperación interestatal a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con dicho ejercicio. También, ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), con el fin de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. A nivel nacional se creó la Oficina Anticorrupción (en adelante, OA) que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se enmarquen en las anteriores convenciones internacionales, actuando en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. A pesar de ello, la OA desde su creación se ha convertido en fuente de escándalo para la sociedad y la política argentina. La misma, renunció a ser querellante en las causas "Los Sauces" y "Hotesur", en donde fueron sobreseídos (hoy, en revisión en la Cámara Federal de Casación Penal) la Vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia por lavado de activos, expresando lo siguiente: "El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por "1983/2023-40 Años de Democracia" Popularmente se dice "roba, pero hace". Sin embargo, aquellos que son corruptos, lejos de trabajar para el pueblo, lo hacen en beneficio de sus propias finanzas privadas a costa del pueblo. Las penas que castigan los delitos contra la administración pública son mínimas en comparación con el bien jurídico afectado. Por lo tanto, una de las posibles soluciones sería que el Parlamento reevalúe el verdadero valor de un correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Este concepto ya no es frío, sino que se ha visto envuelto en un innegable abuso por parte de los gobernantes, y en muchos casos ha cobrado la vida de muchos conciudadanos, como por ejemplo, la tragedia de Once ocurrida en Argentina. Conciencia, endurecimiento de penas y actuación eficaz de la justicia. Relacionado con el principio republicano de división de poderes, el órgano judicial, encargado de administrar justicia, debe ser purgado de actos corruptos, ya que los jueces serán los encargados de llevar adelante las causas y aplicar las sanciones. Debemos apuntar a tener jueces honestos e independientes, y un Ministerio Público Fiscal con la valentía de sentar en el banquillo de los acusados al Poder, tal como ocurrió en Argentina en la causa "Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/inf. arts. 173 y 210 del Código Penal", donde el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la ex Presidente, y actual Vicepresidente de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por todo ello, es imperativo reconocer a la corrupción como una herramienta sistemática que viola los derechos humanos fundamentales de la persona, ya que en virtud de ella se niega al sujeto la base de su fundamentación: la dignidad. La dign "1983/2023-40 Años de Democracia" Dicho esto, la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres, por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. En síntesis, avalar la corrupción es atentar contra los derechos humanos. Es por todo lo manifestado que solicitamos a los miembros de esta Honorable Cámara que nos acompañen con su voto. Firmantes: Dip. Álvaro Martínez