Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Sancionado
Promulgado
Autores
Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
El objeto del presente proyecto de Ley es crear el Sistema Nacional de
Desarrollo Cultural (SINADEC), con el objeto de incentivar la
cooperación entre empresas, organizaciones no gubernamentales,
creadores y artistas para estimular la diversidad en la producción de
bienes y servicios culturales, y facilitar el acceso a los mismos. El mismo
ya fue presentado en esta Honorable Cámara con Número de
Expediente 2059/22.
La cultura expresa pensamientos y emociones que subyacen en la
esencia común que nos identifica como personas y además
compartimos una nacionalidad que nos dota de historia, presente y
futuro como comunidad.
El mayor desafío consiste en una gestión cultural que nos vincule
fortaleciendo los lazos de comunidad nacional, más allá de los roles que
a cada uno le toque desempeñar en nuestro país. Lo importante es que
todos tengamos un rol y seamos conscientes de nuestra pertenencia e
importancia en la tarea de procurar el bienestar general.
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En esa tarea la cultura tiene mucho para aportar desde varios aspectos:
por una parte es la actividad fuente y consecuencia del ejercicio de la
libertad, primera condición del bienestar; en segundo lugar es la vía de
comunicación social más dinámica y eficaz, a través de la cual es posible
promover un diálogo social sensible y respetuoso, segunda condición
indispensable para que emerjan todos los desequilibrios que tanto la
sociedad como el Estado deben enderezar; en tercer lugar, la cultura es
percibida fundamentalmente por sus manifestaciones artísticas y
patrimoniales, lo que brinda a la comunidad una fisonomía que la
identifica y distingue en el concierto de las naciones, dando a nuestro
país una imagen positiva.
Asimismo, es destacable la actividad económica que se produce en dos
niveles: por un lado, la que es propia de la producción cultural, la cual
crea empleos (en su mayoría calificados), que contribuye al crecimiento
del Producto Bruto Interno y aporta a la seguridad social y la
recaudación. Por otro lado, la actividad cultural provoca una reactivación
o fortalecimiento de otras industrias y comercios que no son propias de
la producción cultural, tales como el turismo, la gastronomía, el
transporte, el hotelería, la indumentaria y otras actividades que se
desarrollan con mayor vigor en una población que cuenta con una
actividad cultural pujante.
Este proyecto de Ley se ha elaborado aprovechando la experiencia
brindada través de más de diez años de vigencia del Régimen de
Promoción Cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituyendo una versión mejorada y adaptada a la realidad nacional.
Por ello posee un perfil federal que se advierte en las alícuotas
diferenciales de deducción del impuesto previstas en el artículo 20 del
presente y en la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo
Cultural, establecido en el Capítulo II, especialmente en lo referido a la
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participación de un Consejero Jurisdiccional por cada provincia y por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el órgano de evaluación y
selección de los proyectos.
Asimismo, se ha realizado un estudio comparativo con el desempeño de
los órganos de evaluación y selección de los diversos países de
Sudamérica y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha dado por
resultado que el modelo de conformación adoptado por la ciudad capital
de la República Argentina, que privilegia la participación de técnicos
para las distintas disciplinas artísticas, ha demostrado un rendimiento
mucho más racional en el resultado de las evaluaciones, por lo cual el
proyecto propiciado se ha basado en ese modelo, tal como puede
observarse en los artículos 5° y 8° del mismo.
La determinación de los potenciales beneficiarios merece un análisis
aparte:
1) En primer lugar, las personas jurídicas sin fines de lucro conforman el
grupo de mayor permeabilidad a los beneficios de esta Ley, lo
manifestado se debe a que conforman el tipo organizativo que mejor
representa a las comunidades culturales y artísticas que no logran
posicionar sus producciones en el mercado cultural; es importante
observar detenidamente esta situación, porque dichos actores culturales
constituyen el fermento, el semillero y la potencia social que genera las
expresiones culturales genuinas de nuestro país. Además, facilitan una
penetración social desde la cual tejer redes de comunicación.
2) Los entes públicos, especialmente para la restauración de edificios de
valor patrimonial y en forma secundaria para el desarrollo de actividades
cuya inmediatez habría impedido la previsión presupuestaria
correspondiente. Esta posibilidad se encuentra prevista en todos los
regímenes de este tipo relevados a nivel internacional.
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3) Excepcionalmente, se aceptarán proyectos de personas humanas
cuando se trate de bienes de valor patrimonial. La legislación tuitiva del
patrimonio establece restricciones al dominio de la propiedad en función
de un interés social, por lo que es justo que dicha restricción sea
retribuida con la posibilidad de que cualquier propietario pueda acudir a
la ayuda de este tipo de regímenes, dado que dicha restricción al
dominio necesariamente implica una depreciación del bien en el
mercado inmobiliario y una carga para el propietario en tanto es custodio
del bien. Los consorcios se encuentran enunciados en el mismo punto
que las personas humanas, tratándose estos del mismo caso.
4) Las cooperativas y las sociedades simples son los tipos asociativos
en los que se organiza el emprendedorismo cultural, un fenómeno con
vocación de ampliar el mercado cultural y que necesita estímulos en su
etapa inicial para lograr posicionarse y tornarse autosustentable, por eso
se hace mención de los límites que debe establecer la reglamentación,
puesto que solo tendría acceso al mecenazgo un emprendimiento
embrionario.
5) Existen disciplinas artísticas como la literatura, el teatro y la industria
audiovisual, de gran calidad en nuestro país, que, si bien son
estructuradas para acceder a un público, no siempre logran el éxito
previsto. El mecenazgo puede ayudar a obtener los fondos para su
realización. Debido al estudio de las experiencias de otros países,
hemos observado que paradójicamente se generan ciertas sombras
cuando la producción cultural con fines de lucro logra éxito, debido a que
podría decirse que el Estado no debió ayudar a lo que ya era rentable
(olvidando que en el pasado hubiese sido imposible predecir la
rentabilidad a ciencia cierta). Por esta razón el presente proyecto ha sido
diseñado en un formato a partir del cual una Organización del Sector
Civil (O.S.C.) cultural pueda asociarse a una productora o a una editorial,
para que en el caso de obtener ganancias extraordinarias con el
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producto cultural participe en las mismas, reinvirtiéndose este recurso
en nuevos objetivos culturales de la O.S.C. de que se trate. De este
modo se evitan situaciones que puedan despertar dudas respecto a la
transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Además, se
establece el límite máximo del 50% del costo de producción.
Otro aspecto importante de definir en un proyecto de Ley de estas
características, son las diversas alícuotas relacionadas con el Impuesto
a las Ganancias que entran en juego. Al respecto hay tres niveles a
determinar:
a) El primero es el monto total anual asignado al presente régimen,
mediante el cual los contribuyentes pueden efectuar aportes a cuenta
de su obligación tributaria. En la legislación comparada se advierte que
el tope presupuestario oscila entre el 0,53 % y el 2 %, dependiendo de
la mayor o menor tradición institucional que el sector cultural reconoce.
Es decir, a mayor tradición de gestión cultural pública e incidencia en el
presupuesto general, menor porcentual se les otorga a los sistemas de
mecenazgo. Por ello, se ha concluido en que un porcentaje del 0,50%
en un país que sostiene cierta tradición e incidencia del Estado en la
cultura, resulta razonable y admisible.
b) El segundo es el porcentaje máximo del aporte tributario que cada
contribuyente puede destinar al financiamiento de proyectos culturales
como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Se ha optado por
una alícuota que promedia las usadas en la legislación comparada de
Sudamérica, en búsqueda de un equilibrio, que a su vez es coincidente
con el promedio de las usadas en la Ley de la República Federativa Del
Brasil 5 %-.
c) El tercero es el o los porcentajes de deducción, en función al tipo de
proyecto con el que colaboró, es decir, la porción de lo aportado a un
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proyecto cultural que el contribuyente puede recuperar al momento de
liquidar su obligación impositiva. Se ha adoptado un modelo que
promueve la participación de las empresas, sin dejar de asegurar que la
misma sea siempre genuina en términos de aportes propios del
contribuyente, a fin de engrosar la inversión privada, evitar que todo el
esfuerzo sea trasladado a la recaudación e instrumentar un sistema que
prestigie a quienes se animen a dialogar y comprometerse con las
comunidades y artistas de nuestra cultura.
Es importante destacar que esta cláusula contenida en el artículo 20 del
presente proyecto, ha sido diseñada con un criterio federal, que tiende
a equilibrar el desbalance que se da entre la inversión pública en el
sector cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la que hasta
el momento ha sido posible en el resto del país.
Además, en un juego complementario con el artículo 17 del presente
proyecto, se faculta a la Autoridad de Aplicación a estimular los aportes
cuando se trata de proyectos cuya sensibilidad fundada en cuestiones
sociales o del cuidado del patrimonio, amerite la excepción. En otro
orden, el proyecto de Ley contiene una cláusula de incompatibilidad que
promueve la solidaridad y evita la evasión.
En síntesis, se entiende que este proyecto es estratégico para el
desarrollo cultural y, por consiguiente, para el desarrollo general de
nuestra Nación. Ha sido concebido desde las cláusulas que contiene,
como una estrategia para fomentar el involucramiento comunitario y
económico en la cultura, disminuir desequilibrios tanto regionales como
sociales, cuidar nuestro patrimonio cultural, fortalecer las
organizaciones de la sociedad civil y orientar la responsabilidad social
de los contribuyentes.
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Seguramente esta Ley no alcanzará a constituirse en la única y
excluyente vía de acceso a todos los grandes objetivos mencionados,
pero será un paso seguro hacia ese horizonte utópico que nos impulsa
a avanzar.
Por todo lo expuesto pongo a vuestra consideración el presente proyecto
de Ley, solicitando su pronta sanción.
Beatríz L. Avila
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