Fundamentos

Tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a establecer un nuevo régimen penal aplicable a las personas adolescentes, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el CÓDIGO PENAL o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

La situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada.

En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social.

Desde la sanción de la mencionada ley, el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad.

Además, la legislación actual presenta una serie de problemas. El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente. Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de DIECISÉIS (16) años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones.

Es relevante destacar que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región, en cuanto al umbral de imputabilidad. La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas, lo que sugiere que nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado en este aspecto. Es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia, y garantizar así una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil.

En efecto, en la actualidad, la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE CUBA se encuentran en soledad en su posición, toda vez que son los únicos países de la región que han establecido los DIECISÉIS (16) años como la edad mínima de responsabilidad penal. Contrariamente, en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas, otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes. Por ejemplo, la REPÚBLICA DE CHILE, la REPÚBLICA DE COLOMBIA y la REPÚBLICA DEL PERÚ han fijado tal edad en CATORCE (14) años; la REPÚBLICA DE GUATEMALA, la REPÚBLICA DE NICARAGUA y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en TRECE (13); la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en DOCE (12) y GRANADA y la REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO, en SIETE (7) (puede verse la publicación sobre edades mínimas legales para la realización de los derechos de los adolescentes en el sitio de internet del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–: https://www.unicef.org/lac/media/2666/file/PDF).

La REPÚBLICA ARGENTINA es parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a través de los diversos mecanismos establecidos en el marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), y reconoce competencia a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y a la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha expresado respecto del concepto de seguridad ciudadana indicando que esta “…no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social” (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Por su parte, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha manifestado que la seguridad ciudadana es “…aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia…”.

En este contexto, la actual legislación enfrenta un segundo problema significativo: no se encuentra alineada con las disposiciones contenidas en la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, aprobada por la Ley N° 23.849, que cuenta con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, ni con la jurisprudencia predominante en la materia. Esta falta de adecuación plantea un desafío fundamental para alcanzar el objetivo de garantizar los derechos y asegurar la protección debida a los adolescentes en conflicto con la ley penal. La citada Convención establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la legislación debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales.

Esta iniciativa busca ajustar nuestro marco legal a los estándares internacionales, en cumplimiento de la medida de reparación dispuesta por la mencionada CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en razón del caso "Mendoza y otros Vs. Argentina". Asimismo, se ha tomado en consideración el precedente establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2005 en la causa "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Enrique Maldonado en la causa Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-" (Fallos:328:4343), en la que se resaltó la necesidad de mejorar el sistema judicial de responsabilidad penal juvenil para garantizar el pleno respeto de los principios del debido proceso y de los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados en el sistema de justicia penal.

La ley, según nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, es igual para todos. Lo que cambia en el caso de los menores es la aplicación del régimen penal, que debe adecuarse en sus condiciones de alojamiento y situación especial de desarrollo. Ni la CONSTITUCIÓN NACIONAL, ni la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ni las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), ni las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, ni las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), ni las leyes nacionales plantean algo diferente.

Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen además derechos especiales que derivan de su condición. Ello supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la justicia penal juvenil. Lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos.

El tercer problema crucial, estrechamente vinculado con los anteriores, radica en la necesidad imperante de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado con el fin de reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad. Esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes. La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública.

Además, la reducción de la criminalidad juvenil es fundamental para el desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación. Una alta incidencia de delitos cometidos por adolescentes puede tener un impacto negativo en diversos aspectos de la vida social y económica, e incidir negativamente en la calidad de vida de las personas que conforman la población de la Nación.

Conforme se desprende de los registros de causas y de la población juvenil alojada en dispositivos especializados de aprehensión, en nuestro país la tasa de los delitos cometidos por adolescentes aumenta año tras año. En este sentido, resulta muy útil observar las estadísticas y analizar las arrolladoras evidencias que estas arrojan.

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN nos permite observar los procedimientos penales iniciados en la Justicia Nacional de Menores. Los informes estadísticos de los primeros semestres de cada año demuestran que en los últimos CUATRO (4) existió el siguiente aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822) para 2021 -VEINTIDÓS POR CIENTO (22 %) de aumento con respecto del año anterior-; NOVECIENTOS SEIS (906) para 2022 -DIEZ POR CIENTO (10 %) de aumento aproximadamente con respecto al año anterior- y NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) para el mismo período de 2023 -NUEVE POR CIENTO (9 %) aproximadamente de aumento con respecto al año anterior-.

La mayoría de los delitos fueron cometidos por adolescentes que, al momento del hecho, tenían entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años -SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68 %) de los casos correspondientes al período 2021-2023, y TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %) por adolescentes de menos de DIECISÉIS (16) años- en tal período. En su gran mayoría, se trató de delitos contra la propiedad -OCHENTA Y CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (84,5 %) de los casos del período 2021-2023-. Los otros ilícitos cometidos se refieren a homicidios, delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública (información resultante de la consulta y del análisis de las estadísticas publicadas en el sitio de internet de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: https://www.csjn.gov.ar/bgd/estadisticas/estadisticas-especiales).

También el Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población realizado por la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente en la actualidad del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, permite observar tal aumento: en 2021 la población de adolescentes en dispositivos especializados de aprehensión era de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE (1929), en 2022 ascendió a DOS MIL CIENTO DIECISIETE (2117), mientras que en 2023 alcanzó a DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE (2407) -ver publicación en el sitio de internet: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/senafcampus/estadisticas-y- relevamientos-.

En ese sentido, el proyecto contempla las siguientes cuestiones: un ámbito de aplicación desde los TRECE (13) a los DIECIOCHO (18) años de edad; los principios rectores, derechos y garantías del régimen de responsabilidad penal juvenil en consonancia con la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas; las penas y medidas complementarias; las causales de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los órganos competentes del Estado; las características de los institutos especializados de detención y las medidas de salud; entre otras.

Finalmente, se destaca la voluntad de los legisladores en el dictado de un nuevo régimen, ya que durante los últimos años se han presentado, entre otros, los siguientes proyectos ante la Cámara de Diputados:

2467-D-2024 - presentado por los diputados María Eugenia Alianiello, Victoria Tolosa Paz, Mónica Litza, Diego Giuliano, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Ricardo Herrera, Nancy Sand, Jorge Antonio Romero, Andrea Freites, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Pablo Raúl Yedlin, Jorge Neri Araujo Hernández, Natalia Zabala Chacur, Ana María Ianni, Ernesto Ali, Sabrina Selva, Lorena Pokoik y Eduardo Valdez.

2423-D-2024 - presentado por los diputados Álvaro Martínez, María Fernanda Araujo, Julio Moreno Ovalle, José Peluc, Facundo Correa Llano, Alida Ferreyra y Gerardo Huesen.

0626-D-2024 - presentado por los diputados Cristian Ritondo, José Nuñez, Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Gabriel Felipe Chumpitaz, María Florencia De Sensi, Silvana Giudici, Martín Yeza, Sabrina Ajmechet, Patricia Vasquez, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro, María Sotolano, Sergio Capozzi y Emmanuel Bianchetti.

0804-D-2023 - presentado por el diputado Ricardo López Murphy.

6500-D-2022 - presentado por los diputados María Eugenia Alianiello, Estela Hernández, Mabel Luisa Caparros, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Anahí Costa, María Luisa Montoto, Ricardo Herrera, Daniel Arroyo, Susana Graciela Landriscini, Liliana Paponet y Varinia Marin.

5883-D-2022 - presentado por los diputados Cristian Ritondo, María Lujan Rey, María de las Mercedes Joury, Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, María Sotolano, Dina Rezinovsky, Federico Angelini, Pablo Torello, Gabriel Chumpitaz, Álvaro González, Soher El Sukaira, Gerardo Milman, Marilu Quiroz y Alberto Asseff.

4435-D-2021 - presentado por el diputado Luis Petri.

6494-D-2016 - presentado por la diputada Ana Carla Carrizo.

En consecuencia, es indudable que es necesaria una reforma legislativa para hacer frente a la realidad social compleja en la que vivimos.

Por lo expuesto, se somete a su consideración el proyecto de ley que se envía, cuya pronta sanción se solicita.