Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señora Presidente,
La Ley General del Ambiente N° 25.675 introdujo como uno de los
instrumentos de Política y Gestión Ambiental a la Evaluación de Impacto
Ambiental (E.I.A.), estableciendo que toda obra o actividad que, en el
territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno
de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de E.I.A. previo a
su ejecución.
Si bien la mencionada norma dispone la obligatoriedad de la realización
en forma previa de un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental (conforme artículos 11, 12 y 13), la misma no prevé un
procedimiento administrativo reglado que establezca las distintas etapas
o requisitos que la Evaluación debe cumplimentar previo a la ejecución
de la obra o actividad.
En este sentido, la propia LGA prevé que los requerimientos del estudio
de impacto ambiental, que forma parte del procedimiento de E.I.A.,
serán regulados por una ley particular, que a la fecha no se ha
sancionado. Ante la ausencia de la misma, el presente proyecto de ley
tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos sobre el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.).
Esta iniciativa tiene como antecedente un proyecto de mi autoría
presentado en el año 2018 (S-2362/18) y luego reproducido en el año
2020 (S-150/20) y 2022 (S-467/22), con modificaciones sustanciales en
lo que respecta a temas trabajados ampliamente en la Comisión de/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Ambiente y Desarrollo Sustentable y los aportes oportunamente
efectuados por distintas organizaciones, especialmente por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) respecto a la
Evaluación Ambiental Estratégica y Participación Ciudadana. De ahí que
el presente recoge tales antecedentes.
En este sentido, la presente propuesta propicia las distintas etapas que
deberá cumplir el procedimiento jurídico-administrativo previo a la
realización de la obra o actividad a realizarse. La Evaluación de Impacto
Ambiental se constituye como un instrumento de política y gestión
ambiental, es decir, una herramienta preventiva fundamental para la
protección del ambiente y la calidad de vida de la población.
Es dable destacar que resulta necesario que el objeto del presente
proyecto sea regulado de manera uniforme en todo el territorio nacional,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional, cuyo párrafo tercero atribuye a la Nación el dictado de las
normas que establezcan los presupuestos mínimos, conservando las
autoridades locales la competencia para complementarlas.
De esta manera, se logra dar un tratamiento uniforme al establecer un
piso mínimo inderogable de protección ambiental, salvando las
divergencias que existen en materia regulatoria en las distintas
provincias del país, en atención al carácter heterogéneo que los marcos
regulatorios provinciales presentan entre sí.
Conforme la Resolución N° 92/04 del COFEMA, se entiende por
presupuesto mínimo “(...) al umbral básico de protección ambiental que
corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el
territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se
encuentre”1.
En este sentido, puede mencionarse que este tipo de normas regulan la
protección mínima ambiental del recurso y no el de su gestión, uso o
aprovechamiento, cuya facultad es privativa de las provincias y, por lo
tanto, resulta una competencia no delegada en el Gobierno Federal.
Las provincias -titulares del dominio originario de los recursos en
consonancia con el artículo 124 in fine-, son las que ejercen el poder de
policía en materia ambiental y las responsables de la aprobación de los
distintos proyectos y actividades a desarrollarse en sus territorios,
siendo a su vez las que verifican el cumplimiento de las normas y
realizan las tareas de control e inspección y aplican sanciones, tal como
se menciona en el documento elaborado por F.A.R.N.2 .
En consecuencia, los estados provinciales mantienen sus competencias
y funciones propias, tanto en materia de poder de policía no delegado,
como en la facultad de establecer normas complementarias de
protección para sus territorios (conforme arts. 41, 121 y 124 C.N.). En
tal sentido, las jurisdicciones locales podrán dictar las normas
complementarias que enfaticen el nivel mínimo de protección,
incrementando las exigencias mínimas establecidas en la legislación
nacional, teniendo en cuenta las problemáticas ambientales propias o la
singular situación local que cada jurisdicción presenta. Por lo tanto, el
artículo 41 de la Constitución Nacional introducido en la reforma
1 Consejo Federal de Medio Ambiente, Resolución N° 92/2004 “Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental”.
2 Requisitos mínimos para una ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental, elaborado
por FARN y enviado a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable con fecha 21/06/18/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
constitucional de 1994 se edifica bajo un federalismo de “Concertación”3
que propone facultades concurrentes a la hora de regular todo lo
vinculado al ambiente.
En cuanto a los antecedentes legislativos en materia ambiental,
corresponde destacar el Pacto Federal Ambiental celebrado previo a la
reforma constitucional de 1994. En el mismo se manifiesta la voluntad
del Estado argentino y las provincias a “(…) promover políticas de
desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional
estableciendo Acuerdos Marco entre los Estados Federados y entre
éstos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación
del ambiente teniendo como referencia los postulados del “Programa 21”
aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD' 92)”4 .
Como se advierte, las previsiones de tal Pacto implicaron un anticipo de
la voluntad de las jurisdicciones de trabajar en forma conjunta en la
protección ambiental, principio que fue receptado de manera expresa en
la reforma de 1994.
Asimismo, en el plano internacional se destacan la Declaración de
Estocolmo 1972, sobre Medio Humano; la Conferencia de Río 1992
sobre Ambiente y Desarrollo en las cuales se adoptó la “Agenda 21”, la
Convención Marco sobre Cambio Climático, y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se
estableció como Principio N° 17: “Deberá emprenderse una evaluación
del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de
3 Daniel Alberto Sabsay, “El nuevo artículo 41 de la constitución nacional y la distribución de competencias
Nación-provincias”, La Ley, Doctrina Judicial, Año III/Nº28, Buenos Aires, 1997.
4 Pacto Federal Ambiental de 1993, disponible en
http://www.derecho.uba.ar/academica/derechoabierto/archivos/Pacto-Federal-Ambiental.pdf/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a
la decisión de una autoridad nacional competente”.
En lo que respecta a la normativa estrictamente sobre la E.I.A., puede
mencionarse que en la región, países tales como Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros la han
receptado. En tal sentido, la República Argentina se presenta como el
único país latinoamericano que aún no contiene una ley de Evaluación
de Impacto Ambiental.
A nivel local distintas provincias han regulado la Evaluación de Impacto
Ambiental. Así, por ejemplo pueden mencionarse las Leyes Nros. 5.961
de la Provincia de Mendoza; 10.208 de la Provincia de Córdoba; 3.266
de la Provincia de Río Negro; 4.032 de la Provincia de Chubut; 1.060 de
la Provincia de Formosa; 6.571 de la Provincia de San Juan; 55 de la
Provincia de Tierra del Fuego; 11.717 de la Provincia de Santa Fe; 7.070
de la Provincia de Salta; 11.459, 11.720 y 11.723 de la Provincia de
Buenos Aires; 3.437 de Santa Cruz, 5.067 de la Provincia de Corrientes,
3965 y 5562 de la Provincia de Chaco y la ley N°123 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras.
Cabe aclarar, que en salvaguarda del ambiente, la naturaleza y la salud
de la población, el proyecto propuesto se encuentra en estricto apego a
los principios de precaución y prevención que forman parte de nuestra
legislación interna (conforme al artículo 4° de la Ley N° 25.675).
Asimismo, ambos principios cuentan con un fuerte desarrollo en el
ámbito internacional.
El principio precautorio fue adoptado en la mencionada Declaración de
Río sobre Ambiente y Desarrollo y receptado, de manera casi idéntica,
por nuestro ordenamiento interno. El mismo dispone que la
incertidumbre científica absoluta no constituye óbice para la
postergación de medidas que eviten la degradación ambiental./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Por su parte, el principio de prevención se enfoca en atender las causas
y las fuentes de los problemas ambientales en forma prioritaria e
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir.
Ambos principios se constituyen como la piedra angular del derecho
ambiental. La política de gestión de riesgo apunta a evitar que se
produzcan daños al ambiente, ya que una vez que el daño ambiental
ocurre, los mismos resultan difícilmente reparables.
Corresponde destacar la doctrina elaborada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en particular en el precedente “Salas Dino”, en el
cual se sostiene: “El principio precautorio produce una obligación de
prevención extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por
lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer
el efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se
manifiestan. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos
opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y
obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una
decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios. La
aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el
desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón
no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya
que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el
contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo, de manera que puedan
disfrutarlo las generaciones futuras”5.
Asimismo, esta iniciativa sigue las sugerencias planteadas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
presentado luego ante el Subgrupo de Trabajo N° 6 "Medio Ambiente"
del Mercosur, el cual establece dentro de los instrumentos de política
5 In re, “Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta y otro”./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
ambiental a la evaluación de impacto ambiental (artículo 11 inc. 3
apartado e).
Con respecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el
mismo constituye un proceso jurídico-administrativo, interdisciplinario,
que busca identificar los efectos que las obras o actividades pueden
generar sobre el ambiente, la diversidad biológica y la calidad de vida
de las personas, con el fin de evitar, minimizar, restaurar o
compensarlos.
Dicho procedimiento posee una función preventiva y de racionalidad
precautoria que se inserta en los cambios que propone el paradigma
ambiental al actuar previo a que se genere el daño ambiental. Se procura
de tal modo una solución ex ante (evitar el daño), en vez de un remedio
ex post facto (la reparación).
La Evaluación de Impacto Ambiental, como instituto de gestión
ambiental, es el que mejor plasma el principio preventivo, ya que prevé
que la E.I.A. se realice de manera integral. En tal sentido, el objetivo de
este instrumento de política y gestión ambiental es evitar que una obra
o actividad que puede resultar atractiva desde un punto de vista
económico, produzca en el futuro mediato o inmediato un impacto
negativo en el ambiente.
Asimismo, el proyecto recepta e incorpora un instrumento de gestión
ambiental muy importante como es la Evaluación Ambiental Estratégica
(E.A.E.), el cual aún se encuentra con un marco normativo incipiente en
nuestro país. La misma es entendida a nivel general como una
evaluación sistemática, intergubernamental y participativa que permite
promover la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas
de la Agenda 2030 de desarrollo sustentable en los procesos de/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
planificación gubernamental (políticas, planes y programas), brindando
diferentes alternativas en la fase de toma de decisiones6.
Para entender la importancia de ambos instrumentos, la E.I.A. se enfoca
en los impactos ambientales y sociales de proyectos concretos, en tanto
la E.A.E. brinda no solo un enfoque preventivo para los impactos
adversos y residuales, sino también alternativas y opciones posibles de
desarrollo anteriores al ciclo de vida del proyecto.
Un antecedente normativo que contempla la E.A.E., que incluye
asimismo a las actividades privadas, es el artículo 7º de la Ley N°
26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial, que prevé la sujeción de todas las actividades
proyectadas en glaciares y el ambiente periglacial (no prohibidas) a un
procedimiento de E.I.A. y E.A.E., según corresponda conforme a su
escala de intervención. Asimismo, algunas jurisdicciones locales la han
incorporado a su ordenamiento jurídico, aunque con enfoques y
alcances diferentes.
En 2019 se reguló dicho procedimiento a través de la Resolución
SGAyDS Nº 434/19, por lo tanto, la presente iniciativa se presenta como
una oportunidad para seguir avanzando en materia ambiental con una
previsión específica y uniforme en materia de E.A.E.
En tal sentido, en concordancia con la mencionada ley de glaciares que
requiere la EAE cuando corresponda, la iniciativa en cuestión prevé
dicha evaluación estratégica para las obras o actividades enumeradas
en el anexo I del proyecto cuando presenten características o
circunstancias de complejidad ambiental y otras circunstancias de
escala, y se la define como un procedimiento técnico administrativo, de
6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-para-la-elaboracion-de-una-evaluacion-
ambientalestrategica-2019.pdf./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
carácter integral y preventivo, que considera los aspectos ambientales,
sociales, económicos, culturales y urbanísticos a fin de conseguir un
elevado nivel de protección ambiental y promover un desarrollo
sostenible.
Ahora bien, con respecto al E.I.A. que es eje central de la iniciativa y a
modo de garantizar la fiabilidad del Estudio de Impacto Ambiental, el
presente proyecto prevé que dicho Estudio debe ser realizado por
personas humanas o jurídicas, que se encuentren debidamente
habilitadas en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de idoneidad
científica, técnica y profesional, los cuales serán fijados por la autoridad
de aplicación correspondiente.
Asimismo, a fin de reforzar la legitimación sobre las decisiones de las
autoridades públicas en relación a la aprobación o el rechazo de
proyectos que puedan incidir en el ambiente y la calidad de vida de sus
habitantes, se propicia la participación ciudadana como una de las
etapas de la E.I.A., en un todo acorde a las previsiones de la Ley General
del Ambiente y el reciente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como
“Acuerdo de Escazú” (aprobado por Ley del Congreso N° 27.566).
Esta participación ciudadana comprende el proceso mediante el cual se
integra al ciudadano -en forma individual o colectiva- en la toma de
decisiones, planificación y evaluación de resultados que puedan afectar
algún ámbito de la esfera pública, sea en lo político, económico, social
o ambiental. Es una herramienta clave para la gestión del ambiente, ya
que incorpora a los ciudadanos en los procesos de toma de decisión./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires7
como la Corte Suprema de Justicia de la Nación8 han remarcado la
importancia y la obligación que tiene el Estado en garantizar una efectiva
participación ciudadana en las decisiones ambientales bajo pena de
nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental.
Corresponde destacar que el acceso a la información pública ambiental
ya se encuentra garantizado por la Ley N° 25.831. En este sentido,
tomando los principios y alcances enumerados en dicha normativa, el
estudio de impacto ambiental se constituye como un instrumento de
carácter público que debe ser puesto a disposición y consideración de
la sociedad a fin que las personas cuenten con información veraz,
adecuada, oportuna y completa en forma previa a la realización de la
consulta o audiencia pública. Asimismo, a modo de facilitar la
comprensión y la participación ciudadana, se requiere la necesidad de
que el estudio de impacto ambiental cuente con un documento de
síntesis y divulgación del mismo.
Es dable destacar que la jurisprudencia en materia ambiental se ha
manifestado sobre los supuestos en los cuales se cuestiona la falta de
información al respecto de los potenciales efectos ambientales de la
realización de una medida determinada. En este sentido, corresponde
destacar los precedentes jurisprudenciales “Kattan” y “Schroeder”,
precedentes que se erigen como leading cases en la materia. En ambos
se destaca que la falta de estudio de impacto ambiental previo impedía
conocer las consecuencias que las acciones en cuestión podían producir
sobre el ambiente. En ambos supuestos el tipo de control que se ejerce
sobre los actos impugnados es de carácter preventivo ante la falta de
7 "Rodoni, Juan Pablo y otros contra Municipalidad de Bahía Blanca. Amparo. Recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley", Sentencia del 03/03/2010.
8 “Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica LLC Suc. Argentina y su propietaria Yamana Gold Inc. y Otros s/ Acción de
amparo”, Sentencia del 02/03/2016./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
información adecuada, la cual impide conocer los efectos de la ejecución
de la medida o la viabilidad de una obra.
En idéntico sentido se manifiesta el Principio N° 10 de la ya mencionada
Declaración de Río, el cual tiene como finalidad el fortalecimiento de los
derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la
justicia en materia ambiental. El mismo establece: “El mejor modo de
tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinente”.
Por último, resaltamos dos incorporaciones importantes en relación al
proyecto del año 2022 (Exp. S-467/22), a saber: la inclusión de la
Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa (artículo 9º, último
párrafo) y las modificaciones pertinentes en el Anexo I respecto a las
obras y actividades que deben someterse a E.I.A. (vgr. Generación de
Energía Eléctrica en todos sus tipos; Construcción de Presas, Diques,
Puentes y Túneles; Pesca de Arrastre, Cotos de Caza; Tratamiento de
Aguas Residuales).
Con respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, en el
ya mencionado fallo “Salas, Dino”, de 2009, la Corte Suprema
expresaba: “en el presente caso se ha demostrado claramente que se
otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha
efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las
autorizaciones. La tala y desmonte de aproximadamente un millón de
hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”.
Y dispone para su cumplimiento: “el estudio referido deberá ser
realizado por la provincia de Salta, en forma conjunta con la Secretaria
de Ambiente de la Nación, la que deberá resguardar el respeto de los
presupuestos mínimos en la materia. Dicho estudio deberá concretarse
en el análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte
señalados, sobre el clima, el paisaje y el ambiente en general”.
También en el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Pcia.
de Catamarca (marzo 2024) “Guitian, Román c/PEN y otros s/acción de
amparo ambiental” (autos Corte Nº 054/2022) en el voto del Dr. Figueroa
Vicario puntualiza que “desde el punto de vista técnico el concepto de
impacto acumulativo es totalmente válido… que los impactos
acumulativos son frecuentemente el resultado de impactos sucesivos,
incrementales y/o combinados de múltiples emprendimientos, su
prevención y gestión debiera ser compartida por distintos
emprendimientos involucrados en la medida de sus respectivos campos
de acción”.
En el voto del Dr. Cáceres, manifiesta que “se han efectuado
determinadas actividades o proyectos sin haberse efectuado ningún
estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones dadas,
con lo que se ha omitido el proceso de evaluación de impacto ambiental
adecuado e integral…El informe de impacto ambiental acumulativo
considera la suma de los impactos de varios proyectos en una
determinada área geográfica”.
Continua, “…en el caso y por lo visto, los efectos acumulativos en el
ambiente pueden ser significativos y abarcar diversos aspectos, tales
como la cantidad y calidad del agua, ya que la minería a menudo utiliza
grandes cantidades de agua y emplea productos químicos tóxicos que/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
pueden contaminar cuerpos de agua cercanos, afectando la calidad del
agua y amenazando la vida acuática y estos contaminantes pueden
acumularse con el tiempo. Asimismo, la erosión del suelo, la alteración
en el paisaje, las emisiones atmosféricas ya que la actividad minera
puede generar emisiones de polvo y gases contribuyendo a la
contaminación del aire; dichos contaminantes también pueden
acumularse en la atmósfera y afectar la calidad del aire. A su vez, el
impacto en la biodiversidad, ya que la pérdida de hábitats debido a la
minería puede resultar en la disminución de la biodiversidad. Por otro
lado, la exposición a sustancias químicas tóxicas utilizadas en la minería
pueden tener efectos acumulativos en la salud de los residentes
cercanos a zonas mineras”.
Resulta dable destacar que nuestro país ha adherido a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que busca
promover el crecimiento económico junto con la inclusión social y la
protección ambiental. En tal sentido el presente proyecto se encuentra
en apego al Objetivos Nros. 13 (Acción por el Clima), 11 (Ciudades y
Comunidades Sostenibles) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).
Teniendo en cuenta que es competencia del Congreso Nacional, de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional,
establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental que
procuren la preservación del ambiente y su defensa, y en aras de contar
con normas cuya finalidad respondan a lograr un desarrollo económico
progresivo, socialmente responsable y ambientalmente sostenible es
que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente Proyecto de Ley.
Lucila Crexell/final_de_pagina/
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