DECLARAR DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE LAS LEYES 27742 Y 27743 , DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS Y MEDIDAS FISCALES, PALIATIVAS Y RELEVANTES, RESPECTIVAMENTE.

Señor Presidente: La detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, portando más de 200.000 dólares, criptomonedas, pesos argentinos y paraguayos, en uno de al menos cinco viajes/final_de_pagina/realizados en los últimos meses, vuelve a poner en evidencia la existencia de uno de los mecanismos de corrupciónquedenunciamos desde elFrentedeIzquierdaya desdelos inicios del tratamiento de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal. En particular, para que estas leyes fueran aprobadas fueron claves los votos tanto de Kueider, Senador por Entre Ríos (donde había llegado por la boleta del entonces Frente de Todos, encabezada en su fórmula presidencial por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner), como los votos de la Senadora por Neuquén Lucila Crexell (del Movimiento Popular Neuquino) y el Senador por Corrientes Carlos Espínola (electo en las listas del peronismo). Recordemos que la votación terminó empatada en 36 votos habilitando el recordado desempate por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, como presidenta de la Cámara alta, en favor de las mencionadas leyes.Estostres senadoresvenían previamentevotando conla oposición. El nuevo escándalo desatado con la detención del senador entrerriano nos lleva a insistir en nuestro planteo de entonces: estas leyes deben ser declaradas de inmediato de nulidad absoluta, debidoa quesutratamiento haestadoviciadodeorigenysistemáticamente, tanto por losnumerososactosque rodearonsudebateen comisionesyen elrecinto, comopor las numerosas denuncias de coimas, cohechos, sobornos y pagos irregulares, con eventual asignación de recursos públicos y/o contratos con el Estado, que pueden haber interferido o viciado voluntades durante el tratamiento y en pos de la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes. Al respecto, no está de más recordar, como lo hicimos en el dictamen y las observaciones oportunamente presentadas por los diputados del Frente deIzquierda,que con las prácticas de lo más rancio de la casta política, y en un salto procedimental para la institucionalización de la “rosca parlamentaria”, a espaldasdelas amplias mayoríassobrelas que recaen sus nefastas consecuencias, estas dos leyes, la Ley Bases y el Paquete Fiscal, se trataron en medio de denuncias por la repartija de favores personales a cambio de votos de senadores de la Nación. Estas leyes se trataron también luego de brutales e ilegales represiones orientadas a respaldar su votación con una mayor criminalización de la protesta social, como se vio el 12 de junio, en momentos de su tratamiento en la Cámara alta, conel saldo de 35 personas detenidas “al voleo” y másde 200heridosyhospitalizadosenel marco de lamovilizaciónalCongreso enrechazo aestasleyes./final_de_pagina/La represión y la corrupción fueron las herramientas de las que se valió el gobierno, junto a la oposición colaboracionista, para hacer pasar estas mega leyes que condensan un retroceso de más deunsigloen materiadederechoslaboralesydemocráticos. Es decirqueel texto de estas leyes fue construido bajo obscenas irregularidades que refuerzan en todo la denuncia que venimos haciendo desde el Frente de Izquierda desde su origen. Ahora insistimos: estas leyes deben ser derogadas y declaradas de inmediato de nulidad absoluta, por cuanto su tratamiento ha estado viciado de origenysistemáticamente,por losnumerosos actos que rodean su aprobación y que demuestran que elintercambiode favoresa cambiode votos no aparenta ser una mera suposición, sino que puede constatarse con información pública, distinto incluso de casos como el de la llamada “Ley Banelco”, donde esos hechos sólopudieronconocerse yconfirmarseluego dela apariciónde un“arrepentido”. A las declaraciones de senadores, gobernadores y funcionarios que demuestran que los textos aprobados responden a intereses espurios, se suman los oportunos nombramientos y publicaciones en el Boletín Oficial que muestran que desde el propio Poder Ejecutivo se habría promovido el intercambiodevotos porfavores, loque deconfirmarserepresentaríaun claro casode corrupción. Como señalamos oportunamente, “ningún diputado nacional puede pasar por alto los votos de la senadora Lucila Crexcell de Neuquén, que votófavorableala LeydeBasesen el marco de su nombramiento como Embajadora permanente de la UNESCO (Organizaciónde las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con sede en París, o el del senador entrerriano Edgardo Kueider, que de acuerdo a declaraciones del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio también “habilitó” su votoacambiode laemisiónde undecreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri y la canciller DianaMondino,publicadouna horadespuésde suvotaciónafavordel Senadoenel BoletínOficial,bajoelNº 523/24”. Este decreto dispone que los integrantes de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) sean designados por el Poder Ejecutivo “apropuesta de la provincia de Entre Ríos”, y no comohastaahora,consus autoridadesdesignadaspor la Secretaría de Energía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe destacar que esta Comisión constituye un organismo binacional, en conjunto con Uruguay, que se ocupa de la gestión de la Central Hidroeléctrica entre Salto Grande y Concordia: una obra estratégica/final_de_pagina/para la región y clave ante la desregulación del mercado eléctrico, ya que (como sostuvo en los medios el gobernador entrerriano) tener el dominio sobre las designaciones “cobraráuna valíamás importante aún”con lasancióndeestas leyes. En el mismo sentido, circularon numerosas versiones que vincularon el voto del senador Carlos Espínola con la posibilidad de que el gobierno otorgue a la provincia de Corrientes el control de la represa hidroeléctrica Yacyretá, sin que las mismas sean desmentidaspor ningunaautoridad. EstaCentralHidroeléctricaquees lamás grandedel país, seguida justamente por la mencionada central de Salto Grande, se encuentra también en un territorio de jurisdicción binacional, compartido entre Argentina y Paraguay. Como concluyen algunos medios, “desde hace un tiempo el gobierno provincial correntino reclama participación en esta otra obra estratégica, y a la administración Milei además del votoenel Senado le es útil transferir responsabilidades a los gobiernos provinciales en su proyecto de achicar alamínima escalael EstadoNacional”. En otro nivel, también tomaron trascendencia pública las ausencias durante la votación de estas leyes de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano que, como informan diversos medios de comunicación, facilitaron al presidente obtener las facultades delegadas y otros artículos de la votaciónenparticular.Como ejemplo citamos al diario Clarín, que sostuvo (sin que tampocohaya sidodesmentido): “Laambición de Santa Cruz, representada también por el gobernador Vidal, era el aumento en las regalías de la explotaciónmineralocual consiguieron enlamañanadel juevesdurantela discusiónen particulardelpaquetefiscal”. Sin estos votos, el empate que luego permitió que el oficialismoapruebela ley,nose hubiera producido. Todo esto, sumado a los nuevos hechos y denuncias que trascendieron con la detención del senador entrerriano Kueider, nos lleva a reafirmar que el tratamiento y la aprobación de estas leyes continúan sumando graves vicios de procedimiento que nulifican intrínsecamente su tratamientoyaprobación. Nulidadesinsalvables,quevandesde suingreso en Diputados a sólo 3 Comisiones (cuando hubiera correspondido al menos 31) a negociaciones espurias en departamentos y hoteles y todo tipo demaniobras, queenmuchos/final_de_pagina/casos quedaron incluso expuestas ante las cámaras de televisión, y que dan cuenta de la imposibilidadjurídica dela delas leyesaprobadas. Lo que corresponde en cambio es denunciar las prácticas corruptas que sostienen la sanciónde estasleyesyquitar todoapoyopolítico alas mismas,acompañandoactivamente el reclamo de las decenas de miles de personas que, aún a pesar de brutales operativos represivos, salieron a las calles en todos estos meses en reclamo del rechazo de las mismas, desafiando losintentosdelgobiernodeimponer unverdaderorégimen autoritario. Es por ello que en este proyecto proponemos declarar la inmediata nulidad de las leyes N°27.742 y N° Ley 27743, respectivamente, puesto que versan sobre textos construidos bajo obscenas irregularidades, orientadas a hacer pasar reformas reaccionarias como las que finalmente se aprobaron, con represión en las calles, delegando entre otras cosas facultades al presidente Javier Milei ybuscandoconsagraruna suertededictadura civil para implementar arbitrariamente la privatización de empresas del Estado; el ataque al empleo público y a la estabilidad laboral; el saqueo, el avance del extractivismoyla entrega de bienes comunes naturales, entre tantas otras disposiciones que se desprenden de estas mega-leyes y que deben leerse como parte de un ataque regresivo, antiobrero y antipopular, que atenta contra garantías constitucionales, convenios internacionales y otros derechos conquistados, como denunciamos minuciosamente en cada oportunidad desde nuestras bancas, con dictámenes y observaciones del Frente de Izquierda desde el comienzo de su debate,en eneropasado,yacompañandoactivamente lamovilizaciónenlas calles. Por los motivos expuestos y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos laaprobacióndelpresenteproyecto deley./final_de_pagina/