Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Sancionado
Promulgado
Firmantes (1)
Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señora Presidenta:
La presente iniciativa responde a la reedición de las normas y
procedimientos contenidos en la Ley 27.705 que, por pérdida de
vigencia, se recuperan en esta nueva regulación.
La citada, aprobada en el año 2023, estableció una moratoria
previsional, que permite adquirir o «comprar» períodos de aportes, para
alcanzar la cantidad de años de servicios exigibles para la obtención de
una prestación previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino,
regido por la Ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias.
La normativa determina dos posibilidades de acceso al Plan de pago:
1-Para aquellas personas que están en condiciones de jubilarse por
haber cumplido la edad requerida en el régimen jubilatorio legal, mujeres
con 60 años y hombres con 65 años de edad. Permitiendo la
regularización por la compra de años de servicio, desde que la persona
solicitante hubiera cumplido 18 años de edad hasta el 31/ 12/2008.
2- Para aquellos trabajadores en actividad, mujeres entre 50 y 59 años
y hombres entre 55 y 64 años de edad. La regularización se extiende
desde los 18 años de edad hasta el 31/3/2012. En este supuesto, la ley
contempla a los esos trabajadores en actividad, y les brinda la
posibilidad que vayan acumulando los aportes faltantes para que al
momento de alcanzar las edades jubilatorias puedan acreditar los
requisitos de servicios exigidos.
Esta ley no viene a subsidiar nada, por el contrario, es el beneficiario
quien mes a mes se encarga del pago de la cuota, y en cuanto su valor
en cualquiera de los dos casos, es equivalente al 29% de la base
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imponible mínima vigente de la remuneración establecida por el artículo
9° de la Ley 24.241.
En síntesis, la distinción de estos dos grupos es clara, se encarga de
necesidades diferentes, por un lado, las personas que ya cuentan con
la edad jubilatoria, pero carecen de años de aportes y, por otra parte,
prevé para el caso de aquellas personas que están próximas a jubilarse,
accedan al plan a fin puedan regularizar los períodos de aportes
faltantes, quedando en condiciones para jubilarse.
Es importante tener en cuenta, conforme a los datos de la Subsecretaría
de Seguridad Social, de las 315.166 nuevas jubilaciones otorgadas en
los primeros nueve meses de 2024 en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), el 74% incluyó moratoria y casi la mitad de las
pensiones dadas de alta también requirió de este plan.
En definitiva, estamos frente a una importante política pública de
inclusión.
Las moratorias en el sistema previsional Argentino emergen en
respuesta para garantizar el derecho a la seguridad social para quienes
no cuentan con la totalidad de los aportes para acceder a un beneficio
de jubilación.
Su génesis está en una problemática previsional histórica, producto de
prácticas laborales desfavorables e injustas, como normas de
flexibilización laboral, trabajo informal, altos índices de desocupación y
demás, lo que requirió de un instrumento destinado a amparar y
remediar la desprotección de este sector de la social, facilitando el
acceso a la jubilación, luego de toda una vida de trabajo, a las y los
adultos mayores.
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Esta moratoria previsional establecida en la ley 27.705, está próxima a
llegar a su fin, y el gobierno Nacional, bajo el “pretexto” de que el sistema
está “virtualmente quebrado”, anunció que no prorrogará su vigencia. El
impacto de esta medida será contundente-.
La eliminación de la moratoria provocará un grave perjuicio, no para los
jubilados que ya tienen la prestación otorgada, sino para los
trabajadores y trabajadoras que van a llegar a la edad jubilatoria sin
contar con los aportes suficientes y tendrán una vejez sin derechos.
Todo esto en un contexto de ajuste generalizado que afecta
especialmente a este sector, no se trata sólo del acceso al derecho
jubilatorio sino de la sumatoria de medidas que dejan cada vez más
vulnerables a las personas mayores. Este gobierno, no es capaz de
identificar la dificultad de los Estados para evitar que los empleadores
cumplan con su responsabilidad de realizar los aportes
correspondientes y asumir su propia responsabilidad sosteniendo este
mecanismo de igualación de derechos, para no dejar a la mayor parte
de la población en edad jubilatoria sin la posibilidad de acceder a este
derecho.
La jubilación mínima hoy, no llega a cubrir la canasta básica del jubilado,
más de 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de
pobreza, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad. Ante
ese escenario, gran parte de estos debe recibir ayuda de los hijos u otros
familiares. Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso, esta
cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.
A estos, se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal
para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación
mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que
perciben aún un ingreso menor, lo que agrava aún más su situación.
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La situación económica de los jubilados se ve reflejada en la
malnutrición que sufren muchos de ellos. Según el Centro de Economía
Política Argentina (CEPA) –y en base a datos oficiales– las jubilaciones
fueron las que más aportaron al superávit del Gobierno. “En los primeros
siete meses de 2024, de cada $100 ajustados, la mitad lo explican los
recortes en jubilaciones ($27,7) y obra pública ($22,6).
Actualmente, en la Argentina hay más de 5,7 millones de jubilados y
pensionados (90,5% más que en 2001) en el régimen nacional. El 64,1%
accedió al beneficio a través de una moratoria, y el 90,6% pertenece al
régimen general y cobraba en junio último un haber medio bruto de $
150 mil.
Por otro lado, el fin de la moratoria, afecta especialmente a las mujeres,
mientras que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de
este mecanismo, en el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de
cada 10. La economista Lucía Cirmi Obon, plantea que de las mujeres
entre 60 y 65 años, solamente el 6% cumple con los 30 años de aportes,
todo el resto va a tener que esperar varios años más para jubilarse
porque la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) es desde los
65 años. Pero, además, una vez que estén allí es el 80% de un haber
mínimo, así que, en la práctica es menos poder adquisitivo. A su vez,
gran parte de estas mujeres, además, cuidaron toda la vida. Según el
propio INDEC, solo en 2024, aportaron entre el 14 y el 20% del PBI, así
que es lógico que después se les retribuya provisionalmente.
Es ineludible la responsabilidad que pesa sobre el Estado de tomar las
medidas de protección adecuadas, aquellas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos, en concordancia con el mandato constitucional que yace
en el art. 75 inc. 23.
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Está claro que el sistema previsional necesita ser modernizada y
adaptado a las necesidades de esta sociedad moderna, pero no es el
abandono de la gente que trabajó toda su vida, no parece ser la solución
a este fenómeno.
A raíz de lo ya descrito, solicito el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Moisés. - Guillermo E. Andrada. - Jesús F. Rejal. –
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