PROYECTO DE LEY DE FICHA LIMPIA PARA FUNCIONARIOS.
“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”
(S-0678/2025)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Ley de ficha limpia para funcionarios
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley 25.188, Ley de “Ética en
el ejercicio de la función pública”, por el siguiente:
“ARTICULO 13. — Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier
otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o
sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste,
siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia
funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o
control de tales concesiones, beneficios o actividades;
b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en
donde desempeñe sus funciones;
c) tener más del 50% (cincuenta por ciento) de su patrimonio, muebles,
inmuebles o títulos, en el exterior o invertidos en títulos representativos
del capital de empresas extranjeras;
d) haber blanqueado dinero en regímenes de perdón fiscal, regímenes
de regularización patrimonial o perdón de obligaciones tributarias
propias o sus parientes en hasta el segundo grado;
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e) tener fondos, participación en fondos o títulos de cualquier especie no
declarados ante la autoridad tributaria;
f) participar en directorios de empresas extranjeras;
g) ser proveedor, dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o
prestar servicios a empresas que tengan operaciones en las Islas
Malvinas o tengan permisos de operación otorgadas por el Reino Unidos
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona económica exclusiva
argentina;
h) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier
otra forma, prestar servicios a quien gestione o sea competidor de
empresas con participación estatal.”
Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley 25.188, Ley de “Ética en
el ejercicio de la función pública”, por el siguiente:
ARTICULO 14. — Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención
decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones
o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su
actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o
servicios, durante DIEZ (10) años inmediatamente posteriores a la última
adjudicación en la que hayan participado.
Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley 25.188, Ley de “Ética en
el ejercicio de la función pública”, por el siguiente:
ARTICULO 15. — Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas
en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus
causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario
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público, durante el año inmediatamente anterior o posterior,
respectivamente.
En el caso particular de funcionarios del Poder Judicial que al momento
de su designación se encuentre alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:
a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el
cargo;
b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones
particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales
estuvo vinculado en los últimos DIEZ (10) años o tenga participación
societaria.
Artículo 4°.- Incorpórase como Capítulo VIII de la Ley 25.188, Ley de
“Ética en el ejercicio de la función pública”, el siguiente:
“CAPITULO VIII - Comisión Nacional de Ética Pública
ARTICULO 23. — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la
Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano
independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del
cumplimiento de lo normado en la presente ley.
ARTICULO 24. — La Comisión estará integrada por once miembros,
ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no
podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años
en su función pudiendo ser reelegidos por un período.
Serán designados de la siguiente manera:
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a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;
c) Nueve ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de
ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus
miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta
del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la
Auditoría General de la Nación.
ARTICULO 25. — La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias
registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes
de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán
ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio
que las fundamente. La Comisión remitirá los antecedentes al organismo
competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar,
conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el
cargo, y su tratamiento en plazo perentorio;
b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de
aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en
su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad
correspondientes;
c) Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación,
según los criterios y principios generales del artículo 2º, los
antecedentes nacionales sobre la materia y el aporte de organismos
especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable
Congreso de la Nación a efectos de su aprobación mediante resolución
conjunta de ambas Cámaras;
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d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de
las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el artículo
5º y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;
e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11
de la presente ley y aplicar la sanción prevista en este último;
f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y
judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán
ser comunicadas por autoridad competente;
g) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la
interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;
h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120 días de entrada
en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente,
destinadas a garantizar la transparencia en el Régimen de
Contrataciones del Estado y a perfeccionar el Régimen de
Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales;
i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del
contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella;
j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado
nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los
informes necesarios para el desempeño de sus funciones;
k) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;
l) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su
labor, debiendo asegurar su difusión;
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m) Requerir, cuando lo considere pertinente, la presentación de las
correspondientes declaraciones juradas a los sujetos comprendidos en
el artículo 5º inciso v) de la presente ley.”
Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley 25.188, Ley de “Ética en
el ejercicio de la función pública”, el siguiente:
“ARTICULO 11. — La persona que acceda a una declaración jurada
mediante el procedimiento previsto en esta ley, no podrá utilizarla para:
a) Cualquier propósito ilegal;
b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de
comunicación y noticias para la difusión al público en general;
c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier
individuo; o
d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines
políticos, benéficos o de otra índole.
Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de
multa de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000.-) hasta diez mil
millones de pesos ($ 10.000.000.000). El órgano facultado para aplicar
esta sanción será exclusivamente la Comisión Nacional de Ética Pública
creada por esta ley. Las sanciones que se impongan por violaciones a
lo dispuesto en este artículo serán recurribles judicialmente ante los
juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que
garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la
comisión de la infracción prevista en este artículo.
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Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Moisés
- Expediente
- 678/25
- Cámara
- Senado de la Nación Argentina
- Presentado
- 7 de mayo de 2025
