PROYECTO DE LEY QUE INSTITUYE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL PARA LAS PROVINCIAS DEL NORTE GRANDE.
“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
(S-1948/2024)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE PROMOCION INDUSTRIAL PARA LAS
PROVINCIAS DEL NORTE GRANDE
TÍTULO I
Objetivos y definiciones
ARTÍCULO 1°: Institúyase el Régimen Especial de Promoción Industrial
en las provincias del Norte Grande, para el establecimiento de nuevas
actividades industriales y la expansión, reconversión y modernización de
las existentes.
ARTÍCULO 2°: La promoción industrial se realizará mediante la
utilización de los mecanismos establecidos en la presente ley, en
coordinación con las pautas y lineamientos que establezca la política de
desarrollo.
Son objetivos del régimen:
a) Promover la expansión y fortalecimiento de la industria nacional,
creando las condiciones para favorecer la inversión y la capitalización
del sector, elevar la tasa de crecimiento de su producción y la obtención
y mantenimiento de su competitividad.
b) El establecimiento de nuevas actividades industriales, la
expansión, reconversión y modernización de las existentes a través de
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una política de incentivos a la inversión, al desarrollo tecnológico, a la
internacionalización, a la promoción de la calidad, a la innovación y a la
mejora de la competitividad de los bienes y servicios de estas industrias.
c) Propiciar inversiones compatibles con el desarrollo social, la
diversificación económica y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
d) Propender a la integración de cadenas de valor, agregado de valor
y el desarrollo de las economías regionales.
e) Impulsar la formación de redes empresariales, ya sea mediante la
formación de clústeres o redes empresariales funcionales.
f) Acrecentar las capacidades y propiciar un mejor aprovechamiento
del potencial industrial, a través de la promoción de la digitalización y
transformación digital en las empresas, donde la adopción de
tecnologías 4.0 constituye el estadio más avanzado.
g) Apoyar la expansión y el fortalecimiento de la Micro, Pequeña y
Mediana empresa.
h) Incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo de mano de
obra local y estimular los procesos de capacitación de recursos
humanos propendiendo al crecimiento del capital social local.
i) Promover programas de desarrollo de proveedores locales con la
finalidad de favorecer la integración de las cadenas de valor.
j) Tender hacia una configuración espacial de la actividad económica
que mediante la aplicación de estímulos diferenciales revierta las
distorsiones y desequilibrios actuales de orden económico, social y
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poblacional, propendiendo a la integración económica del territorio
nacional y a la creación de espacios económicos capaces de disminuir
progresivamente la necesidad de incentivos para su sostenimiento y
desarrollo.
k) Lograr una adecuada complementación con los regímenes locales
de promoción y apoyar el desarrollo de áreas y parques industriales y la
instalación de empresas en los mismos.
l) Apoyar la instalación de industrias en las zonas de frontera para
asegurar el establecimiento y arraigo de la población.
m) Impulsar proyectos de inversión en sectores industriales que por
su envergadura e importancia en la composición del perfil industrial del
país adquieran el carácter de prioritarios.
n) Propender al desarrollo científico y tecnológico del país a través
del estímulo al desarrollo, adaptación e incorporación de tecnologías de
avanzada y al fortalecimiento de la capacidad local de generación de
tecnología, tanto en la industria existente como en la que se instale.
ARTÍCULO 3°: Determínase que la Región denominada Norte Grande,
se encuentra conformada por las provincias de Catamarca, Corrientes,
Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago
del Estero.
ARTICULO 4°: Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Proyectos prioritarios: aquellos que por su dimensión puedan
potencialmente repercutir de forma significativa en la estructura
económica de la región, satisfagan definiciones específicas de la política
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de desarrollo a nivel nacional y respondan a alguno de los criterios
enunciados a continuación:
1. Industrias intensivas en tecnología, basadas en la investigación
científica o tecnológica o en el uso intensivo de recursos humanos
calificados.
2. Industrias que directa o indirectamente tengan un impacto
favorable en el balance de divisas del país.
3. Industrias de lento retorno de capital que requieran condiciones
especiales para la creación de nuevas tecnologías o la apertura de
nuevos mercados.
b) Proyectos de industria 4.0: a aquellos que implementen mejoras
en los procesos industriales existentes mediante la incorporación de
nuevos sistemas, equipos, tecnologías 4.0 y utilización de datos
masivos, inteligencia artificial, dotándolos de conectividad y servicios
digitales necesarios para transformar tanto los procesos de elaboración
y las prestaciones de productos, como la gestión empresarial, las
relaciones cliente-proveedor y en un sentido amplio, los modelos de
negocios.
c) Red empresarial: a la que se define como un conjunto de
empresas independientes que se asocian de manera voluntaria y sin
perder su autonomía, para alcanzar un objetivo que no podrían lograr
actuando en forma individual. Estas redes empresariales pueden tener
un enfoque territorial o funcional.
d) Clúster: Es una red empresarial con enfoque territorial y que, por
lo tanto, constituye una aglomeración de un número significativo de
empresas en un área geográfica delimitada que tiene un claro perfil de
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especialización y en el cual el grado de división del trabajo y de
interacción entre las empresas es elevado.
e) Benchmarking: Es un proceso continuo que incluye la
identificación y el análisis de los procesos críticos internos con
necesidades de mejora; la recolección de datos, el cálculo de diferencias
y la selección de socios potenciales; la comparación y el análisis de
procesos (internos/externos) en base a una relación de colaboración,
que derive en el aprendizaje de los procesos más eficientes; la
elaboración de un plan de acción (en base al conocimiento aprendido);
la ejecución del plan y la implementación de cambios; y por último, la
verificación, maduración y continuidad de nuevas prácticas similares a
las utilizadas por las empresas líderes de cada sector.
ARTÍCULO 5°: Finalidad. Serán incluidos en el Régimen establecido en
la presente ley, los proyectos industriales que posean alguno de los
siguientes propósitos:
a) Inversión en activos fijos para manufactura de nuevos productos o
incremento de la capacidad productiva y competitividad de industrias ya
instaladas;
b) Creación y consolidación de clústeres industriales y redes
horizontales y/o verticales.
c) Creación de empresas industriales innovadoras y/o de carácter
prioritario.
d) Industria 4.0.
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TITULO II
Beneficiarios
ARTÍCULO 6°: Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios del Régimen
establecido en la presente ley, con las limitaciones que se indican en
este artículo:
a) Las personas jurídicas, privadas o públicas, constituidas o
habilitadas para operar en el país y que se encuentren radicadas o se
radiquen en alguna de las provincias contempladas en la presente ley.
b) Los inversores extranjeros conforme lo establecido en el t.o. de la
Ley 21.382, aprobado a través del Decreto 1853/1993 y que constituyan
domicilio en el país conforme la normativa vigente.
Cuando un inversor extranjero resulte beneficiario del presente
programa, sea en calidad de inversor o de empresa titular de un
proyecto, no podrá girar utilidades al exterior hasta tanto no acredite la
reinversión de utilidades adicionales a las comprometidas para la
ejecución del proyecto. Dicha reinversión no podrá ser menor al monto
efectivamente utilizado en concepto de alguno de los beneficios
establecidos en la presente ley.
En todos los casos de beneficiarios extranjeros será de aplicación lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 11.683, t.o. según Decreto
821/1998 y sus modificatorias.
ARTICULO 7°: No podrán ser beneficiarios:
a) Las personas jurídicas cuyos representantes o directores hubieren
sido condenados por cualquier tipo de delito económico contra la
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administración pública, con penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras que no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la
condena.
b) Las personas jurídicas que al tiempo de concederles los beneficios
registraren avales caídos ante la Secretaría de Hacienda o el organismo
que en el futuro la reemplace o incumplimiento de carácter fiscal o
previsional o que se encontrare firme una decisión judicial o
administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
cambiaria, impositiva, previsional o imponiendo a dicha persona el pago
de impuestos, derechos, multas o recargos y siempre que no se hubiere
hecho efectivo dicho pago.
c) Aquellas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de
sus obligaciones, que no fueran meramente formales respecto de
anteriores regímenes de promoción.
d) Las personas jurídicas que contaren con sanciones registradas en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL).
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o infracciones a que
se refieren los incisos precedentes, suspenderán el trámite
administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo
dispusiere la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
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TITULO III
Incentivos promocionales
Capítulo I
Proyectos sectoriales de inversión en activos fijos
ARTÍCULO 8°: Los inversionistas de los proyectos con carácter sectorial
podrán solicitar la provisión de bonos de crédito fiscal, nominativos y
transferibles por un primer y único endoso, por un monto de hasta el
CUARENTE POR CIENTO (40%) de la inversión estipulada en el
proyecto, imputables al pago de obligaciones en concepto de Impuesto
a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos
Internos, cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos podrán ser imputados a partir del momento en que se acredite
la efectivización de la inversión y hasta el tercer (3°) año calendario a
partir del correspondiente al de la fecha de inversión, no pudiendo en
ningún caso generar saldo a favor de los contribuyentes. Los montos a
computar serán actualizables mediante la aplicación del índice
establecido en el artículo 52. Los bonos no computados hasta el tercer
año caducarán automáticamente.
La titularidad de la inversión deberá permanecer en manos de los
beneficiarios o sus derechohabientes durante un plazo mínimo de tres
(3) años contados a partir de la puesta en marcha del proyecto. De no
verificarse este plazo, se dará por no cumplido el compromiso de
inversión y, por lo tanto, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 49.
ARTÍCULO 9°: Las empresas beneficiarias del presente programa
podrán acogerse a los siguientes beneficios:
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a) Una reducción de las contribuciones patronales vigentes con
destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
1. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241,
sus modificatorias y complementarias.
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias.
3. Fondo Nacional de Empleo, Ley N°24.013 y sus modificatorias.
4. Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.174 y sus
modificatorias
En caso que la beneficiaria acredite ser una MiPyME, en los términos
del artículo 2° de la Ley N° 24.467, sus normas modificatorias y
complementarias, la reducción será del SETENTA POR CIENTO (70%)
de la totalidad de los contribuciones patronales, por cada nuevo
trabajador que efectivamente produzca un incremento en la nómina de
personal respecto del mes inmediato anterior al otorgamiento de los
beneficios. Para los restantes beneficiarios la reducción será del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las contribuciones patronales.
El beneficio contemplado en el presente inciso resultará aplicable
respecto de las contribuciones patronales devengadas a partir del mes
siguiente a la puesta en marcha del respectivo proyecto.
b) Anualmente, podrán solicitar bonos de crédito fiscal no
reintegrables, imputables al pago de las obligaciones originadas en los
proyectos promovidos, emergentes del Impuesto a las Ganancias,
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos Internos, cuya
recaudación se encuentre a cargo de la Administración de Ingresos
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Públicos (AFIP) y que hayan sido originados en los proyectos
promovidos.
Estos bonos serán nominativos e intransferibles y serán preimputados
por ejercicio comercial, limitando su utilización para el pago de
obligaciones tributarias devengadas en cada uno de los ejercicios, no
pudiendo generar saldos a favor del contribuyente. El valor de los bonos
será actualizado conforme el procedimiento indicado en el artículo
anterior. Los bonos no utilizados para el pago de obligaciones tributarias
devengadas en el ejercicio para el que fueron preimputados caducarán
automáticamente.
c) Exención del monto de los derechos de importación
correspondientes a bienes de capital y sus partes y repuestos
destinados al proyecto y no producidos en el país.
d) Asistencia tecnológica aplicada a la actividad respectiva.
ARTÍCULO 10°: Los estímulos promocionales a las empresas
beneficiarias tendrán una duración máxima de OCHO (08) ejercicios
comerciales, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto. No
obstante ello, a partir del tercer año, para poder gozar de los beneficios
que correspondieren a los ejercicios subsiguientes, la autoridad de
concesión y control deberá expedir constancia de cumplimiento de los
compromisos asumidos en los períodos anteriores.
ARTÍCULO 11°: El monto de los bonos de crédito fiscal adjudicados a
las empresas titulares de los proyectos, se determinará como porcentaje
del valor agregado previsto en los mismos durante el plazo de vigencia
establecido en el artículo anterior o de la ponderación de uno o más de
sus componentes, con especial atención de la nómina salarial, conforme
se establezca en la reglamentación.
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ARTÍCULO 12°: La reglamentación deberá fijar tasas máximas de
incentivos a utilizar, así como los criterios o prioridades sectoriales a las
que deberá ajustarse la promoción en las distintas provincias. A los fines
de la determinación de las tasas máximas, deberá tenerse en cuenta la
necesidad de estímulos diferenciales en función de lo enunciado en el
artículo 2°, en particular en el inciso j) de la presente ley.
En materia de sectorización, deberá priorizarse la concreción del pleno
empleo productivo y la industrialización de los recursos naturales y
productos primarios en origen, así como la integración con actividades
industriales existentes.
Capítulo II
Proyectos prioritarios y de Industria 4.0
ARTÍCULO 13: Los inversionistas de estos proyectos podrán solicitar la
provisión de bonos de crédito fiscal nominativos y transferibles por un
primer y único endoso, por un monto de hasta el TREINTA POR CIENTO
(30%) de la inversión estipulada en el proyecto, a los que serán
aplicables las regulaciones y limitaciones previstas en el artículo 8° de
la presente ley.
ARTÍCULO 14: Las empresas titulares de estos proyectos podrán ser
beneficiarias de los estímulos previstos en el artículo 9° de la presente
ley.
ARTÍCULO 15: Los estímulos promocionales a las empresas
beneficiarias tendrán una duración máxima de DIEZ (10) ejercicios
comerciales a partir de la puesta en marcha del proyecto. No obstante,
para el goce de los beneficios a partir del segundo bienio comercial, se
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deberá contar con las constancias de cumplimiento de compromisos a
las que se refiere el artículo 10º.
ARTÍCULO 16: La cuantía de los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere el artículo 14 se calculará como porcentaje de la suma de los
siguientes conceptos:
a. La inversión fija en equipo y maquinaria nacional o importado; en
este último caso solo cuando dicho equipamiento no se produjera en el
país o cuando su abastecimiento local no cumpla con las condiciones
de calidad.
b. Gastos de investigación y desarrollo de tecnología aplicada que se
ajusten a los objetivos de la presente ley.
Este porcentaje no podrá ser superior al que determine la
reglamentación ni la cuantía de los bonos resultantes podrá superar el
monto de los tributos correspondientes al proyecto, contra los cuales los
bonos son imputables.
La reglamentación establecerá las pautas de preimputación por ejercicio
a efectos de la distribución de la cuantía de los bonos. Dicha
preimputación podrá cubrir el monto de los impuestos devengados con
anterioridad al ejercicio comercial en el que se verifique la puesta en
marcha del proyecto y deberá fijar pautas decrecientes a partir de ésta
última.
ARTICULO 17: Para aquellos proyectos que incorporen tecnología 4.0
la Autoridad de Aplicación junto con los organismos pertinentes de cada
jurisdicción instrumentará los mecanismos necesarios para la
apropiación, por parte de las empresas titulares de los proyectos, de los
recursos disponibles a través de las distintas líneas de acción
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implementadas en el marco del Plan de Desarrollo Productivo Argentina
4.0, con especial énfasis en los relacionados con la capacitación de las
empresas.
ARTICULO 18: Los proyectos acogidos a este régimen deberán
sujetarse a los programas de integración de insumos y partes de
producción nacional que se establezcan en la reglamentación.
Capítulo III
Fomento de Clústeres y redes empresariales
ARTÍCULO 19: Apoyo a la Identificación de Problemas y Formulación de
Estrategias Comunes. - La Autoridad de Aplicación, de forma conjunta
con las autoridades jurisdiccionales, deberá crear espacios de diálogo y
reflexión que involucren a los principales actores socio-económicos de
los clústeres existentes o de los distintos conjuntos de empresas. Estos
espacios deberán servir para reflexionar, identificar problemas y
oportunidades, formular estrategias y propiciar alianzas para solucionar
problemas.
ARTÍCULO 20: Deberán suscribirse convenios de participación público-
privada para la realización de procesos de benchmarking con el alcance
que se defina en función de la política de desarrollo nacional y regional,
a fin de lograr una ventaja competitiva sostenible de las distintas redes
empresariales y/o clústeres.
ARTÍCULO 21: Incentivos para la articulación horizontal. Establécese
el Programa Proyecto Asociativo de Fomento (PROFO) cuyo objetivo
general es promover la asociatividad empresarial, priorizando el apoyo
a las PyMES, con el fin de incorporar nuevas tecnologías en los
procesos productivos y modernizar las técnicas de gestión y de
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comercialización. Este programa se llevará a cabo a través de
facilitadores de redes, agentes intermediarios que, entre otras funciones:
• Promueven la idea de aprovechar mejor la especialización y la
acción conjunta, a través del diálogo entre empresarios, la divulgación
de experiencias exitosas y el apoyo a la formación de grupos
interesados en cooperar.
• Identifiquen proyectos viables y propician la formación de
propuestas para ser presentadas ante los distintos organismos de
financiamiento o de cooperación técnica.
• Faciliten el acceso a las instituciones de fomento y fuentes
externas de conocimiento tales como, consultores y empresas líderes a
nivel internacional.
El presente Programa de facilitación deberá coordinarse con las demás
instituciones y mecanismos de fomento existentes a fin de
homogeneizar criterios y bajar costos de transacción.
La reglamentación determinará entre otras cuestiones, los requisitos
para formar parte de la población objetivo, el tamaño mínimo de los
grupos por proyecto, el porcentaje máximo del aporte a realizar por parte
del Estado nacional, las distintas etapas del proyecto y los plazos
máximos de cada una de ellas.
ARTÍCULO 22: Fortalecimiento de las cadenas productivas. – Instrúyase
al Poder Ejecutivo a implementar un Programa de Desarrollo de
Proveedores con el objeto de desarrollar nuevas competencias y
compatibilizar distintas culturas empresariales, a fin de alcanzar
dinámicas de aprendizaje tecnológico que mejoren el desempeño
competitivo de los clústeres nuevos o existentes. Dentro de los
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lineamientos principales de este programa, entre otras cuestiones,
deberá contemplarse la participación de los principales clientes, dentro
de las distintas cadenas productivas, en la selección de las PyMES con
potencial y en el diseño de los instrumentos de asistencia técnica.
ARTÍCULO 23: Fomento de la innovación. - La autoridad de aplicación
de manera conjunta con el Consejo de Promoción Industrial del Norte
Grande implementará las medidas necesarias a fin de crear sistemas
locales de innovación, para ello tomarán en cuenta los siguientes
ámbitos:
• Fomentar la adopción de programas modernos de gestión
empresarial y tecnológica en las empresas, tales como programas de
control estadístico de procesos y de mejoramiento continuo.
• Fomentar la transferencia de conocimientos entre empresas. Para
ello, deberán identificarse a los agentes de innovación (industrias
líderes, universidades, etc.) e incentivar el flujo de información
tecnológica.
• Fortalecer las instituciones de ciencia y tecnología e instituciones
de apoyo técnico (tales como el INTI, el INTA, etc.) para incrementar la
competitividad de los diferentes clústeres o redes empresariales.
• Estrechar las relaciones entre el sector privado y las instituciones
de ciencia y tecnología para compatibilizar las metas y los valores de
dichas instituciones con las del sector privado.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes
ARTICULO 24: La reglamentación establecerá las clases de garantías
que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal en los casos de
otorgamiento de Bonos de Crédito Fiscal.
ARTÍCULO 25: Cuando razones de fuerza mayor justificaran
modificaciones en la preimputación de los Bonos de Crédito Fiscal, las
mismas sólo podrán ser dispuestas por la autoridad de aplicación, previa
intervención de la autoridad local si ésta hubiere concedido el beneficio,
excepción hecha de lo dispuesto en el artículo 27, segundo párrafo. En
ningún caso su aplicación podrá extenderse más allá de los tributos
correspondientes al último ejercicio comercial comprendido en el
proyecto.
ARTICULO 26: Las modificaciones de cualquier índole que intentaran
introducirse a los proyectos a los que se hubieran acordado beneficios
promocionales contemplados en los capítulos I y II del presente título
deberán ser resueltas por la autoridad que concedió tales beneficios,
salvo que se tratare de alguno de los supuestos previstos en el artículo
siguiente.
ARTICULO 27: Toda modificación que implique una ampliación de los
plazos de puesta en marcha del mismo, deberá ser resuelta por decreto
del Poder Ejecutivo nacional. No obstante, la autoridad de aplicación y
la autoridad local habilitada para la concesión de los beneficios
promocionales, según correspondiere, quedan facultados para acordar
una primera prórroga de la puesta en marcha de los proyectos
aprobados por ellos por un plazo que no exceda de la mitad del
concedido originalmente. En tales casos quedan asimismo facultados
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para modificar la preimputación de los Bonos de Crédito Fiscal
correspondientes al proyecto en función de la prórroga concedida. A
estos fines deberán dejar constancia, en los bonos emitidos, de la
modificación de la preimputación dispuesta, en la forma y condiciones
que establezca la reglamentación.
A los fines del tratamiento de toda modificación que implique una
variación en el costo fiscal del proyecto en términos reales, deberá
computarse la inversión real total del proyecto con sus modificaciones,
a efectos de determinar la autoridad de concesión (ver) que corresponda
conforme lo dispuesto en el artículo 39 de la presente. Su aprobación
deberá ajustarse a los requisitos formales y sustanciales que prevé esta
ley para la aprobación de proyectos y el otorgamiento de beneficios.
ARTÍCULO 28: Los regímenes de incentivos previstos en este título para
un proyecto o inversión no son acumulables entre sí ni con los beneficios
de otros regímenes de promoción de carácter nacional, generales o
especiales, incluso aquéllos vinculados a la deuda externa, vigentes o
futuros, que pudieran alcanzar a tales proyectos o inversiones, excepto
con respecto a las normas de promoción de exportaciones y las
disposiciones establecidas en el Capítulo III de la presente ley.
ARTÍCULO 29: Los montos de bonos del crédito fiscal acordados según
la presente ley no constituirán materia imponible a los fines de la
determinación de obligaciones tributarias de orden nacional, ni serán
deducibles para la fijación del valor impositivo de los respectivos bienes.
ARTÍCULO 30: Los proyectos para los que se soliciten los beneficios de
los capítulos I y II del presente título deberán prever instalaciones en las
que el total del equipamiento sea nuevo, sin uso. La autoridad de
aplicación podrá autorizar, en casos de excepción, la utilización de
equipos usados cuando se trate de equipos importados que, entrando al
país por primera vez, constituyan un avance tecnológico significativo.
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ARTICULO 31: Los proyectos que soliciten el acogimiento a los
beneficios previstos en los capítulos I y II del presente título, deberán
acreditar como mínimo un aporte genuino de capital propio de un treinta
por ciento (30 %) sobre la inversión total. A tales efectos:
a) Se considerará capital propio al dinero libremente disponible o bienes
muebles o inmuebles afectados al proyecto, libres de todo gravamen o
pasivo.
b) No se computará como capital propio:
1. El capital que provenga de la utilización de beneficios promocionales;
2. Los fondos autogenerados por la beneficiaria del proyecto.
El aporte genuino de capital propio a que se refiere el presente artículo
deberá integrarse con anterioridad a la puesta en marcha del proyecto,
salvo casos de excepción debidamente autorizados por la autoridad de
aplicación, la que en tales casos deberá fijar los plazos especiales a los
que quedare sujeta dicha integración.
ARTÍCULO 32: Los actos administrativos que concedan beneficios
previstos en los capítulos I y II del presente título que transgredan los
requisitos establecidos por esta ley y sus normas reglamentarias, serán
considerados nulos de nulidad absoluta y no generarán derechos
adquiridos para sus beneficiarios.
La reglamentación establecerá los procedimientos a seguir en tales
casos.
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ARTÍCULO 33: Anualmente el Poder Ejecutivo, previo dictamen del
Consejo Federal de Promoción Industrial del Norte Grande, incluirá en
el respectivo proyecto de ley de presupuesto:
1. Los cupos fiscales globales anuales correspondientes a los
regímenes de promoción previstos en los capítulos I a III del presente
título.
2. La asignación por jurisdicción de los cupos fiscales globales anuales
correspondientes a los regímenes de los capítulos I a III.
La propuesta del Poder Ejecutivo nacional estará sujeta al requisito de
que en ningún caso:
a) En los dos primeros ejercicios presupuestarios en los que resulte de
aplicación el presente artículo, la relación entre la suma de los cupos
fiscales globales a que alude el precedente inciso 1, neta de las
afectaciones a proyectos aprobados con anterioridad, y el PBI
proyectado para el ejercicio presupuestario, sea inferior al tres por mil
(3%º);
b) El monto del cupo fiscal global anual correspondiente al régimen del
capítulo II exceda el treinta por ciento (30%) de la suma de los cupos a
que alude el inciso 1 del presente artículo.
Los cupos fiscales constituirán los límites máximos dentro de los cuales
y mediante la afectación a los mismos prevista en el artículo 43, se
podrán acordar los beneficios promocionales de los capítulos I a III del
presente título.
Los cupos anuales que en definitiva se aprueben serán prorrogados
automáticamente hasta tanto se fijen los cupos fiscales para el ejercicio
económico siguiente.
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TÍTULO IV
Autoridad de aplicación y procedimientos promocionales
ARTÍCULO 34: Autoridad de Aplicación. - El Poder Ejecutivo
determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Tendrá amplias facultades para supervisar el cumplimiento de los
compromisos asumidos con motivo de los beneficios promocionales
acordados, así como la correcta asignación de los mismos. Queda
reservada a su exclusiva competencia interpretar las disposiciones de
esta ley y la de los decretos que en su consecuencia se dicten, en
materias en las que no existiera pronunciamiento del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 35: Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande. -
Créase el Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande, integrado
por los representantes de cada una de las jurisdicciones que adhieran a
la presente Ley. Será presidido por la Secretaría de Industria y
Desarrollo Productivo o el organismo que en el futuro la reemplace. Se
invitará a participar a tres representantes de la Confederación General
del Trabajo (C.G.T.) de la República Argentina y tres por las entidades
de tercer grado de jurisdicción nacional representativas del
empresariado industrial.
La misión de este consejo es de naturaleza consultiva, salvo en los
casos de las funciones asignadas en el artículo 36, inciso c) y e) y en
aquellos que determine el Poder Ejecutivo
ARTÍCULO 36: Son funciones del Consejo expedirse sobre:
a) La sectorización de la promoción regional, así como la fijación de
las tasas máximas de incentivo a acordar dentro del presente programa.
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b) Los cupos anuales a los que se hace referencia en el artículo 33,
así como su asignación.
c) Las oposiciones que se formulen en virtud del artículo 43 de la
presente ley y los pedidos de revisión a los que se hace referencia en el
artículo 48.
d) Medidas de carácter general en materia crediticia, arancelaria o de
cualquier otro tipo que sean adoptadas en el marco de la política de
promoción industrial.
e) Cualquier otra materia de orden general que a juicio del Consejo
sea pertinente y afecte a la promoción industrial en la región.
ARTÍCULO 37: Dentro de los treinta (30) días corridos de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo convocará a las
jurisdicciones que hayan adherido al presente programa a constituir el
Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande. El Consejo
designará sus autoridades, dictará su reglamentación y fijará su asiento.
El Consejo Federal de Promoción Industrial del Norte Grande formulará
su propio presupuesto y sus gastos serán sufragados por los adherentes
en la proporción que determine dicho consejo.
ARTÍCULO 38: Los organismos nacionales y las jurisdicciones
adheridas al programa, están obligados a evacuar las consultas y
requerimientos que a los fines del cumplimiento de sus funciones
formule el Consejo.
ARTÍCULO 39: La reglamentación de la presente ley establecerá las
condiciones para determinar cuándo, según montos y/o características,
los beneficios promocionales del Título IV deberán ser acordados por la
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jurisdicción en la que se radique el proyecto industrial o por la Autoridad
de Aplicación.
ARTÍCULO 40: En los casos en los que corresponda a la jurisdicción la
aprobación, los organismos pertinentes de las respectivas jurisdicciones
tendrán las funciones de evaluación, aprobación y posterior control de
los respectivos proyectos.
Cuando fuera la Autoridad de Aplicación la que aprobara los incentivos
promocionales deberá existir un dictamen favorable de la jurisdicción
donde se localizará el proyecto previo al dictado del acto administrativo
de concesión del beneficio, requisito que se estimará cumplido si
transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la
fecha en la que se hubiera sometido el proyecto, no hubiera formulado
observaciones.
Cuando se trate de proyectos que se localicen en zonas de seguridad o
cuando su beneficiario fuera un inversor extranjero o una empresa local
de capital extranjero, resultará requisito indispensable a los fines de la
validez de los actos administrativos de concesión, previo a su dictado,
un dictamen favorable del Ministerio de Defensa o de la autoridad de
aplicación de la Ley N° 21.382 y sus modificatorias o las normas que la
sustituyan o complementen, según fuera el caso. Este requisito se
estimará cumplido si transcurrido el plazo de sesenta (60) días corridos
a partir de la fecha en la que se les sometan los proyectos, no se
formulen observaciones.
ARTÍCULO 41: La reglamentación preverá la normativa de
procedimiento para el otorgamiento de los beneficios promocionales. A
tales fines:
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a) Podrá establecer sistemas especiales de evaluación de las
presentaciones así como de la caducidad de las que no fueran
debidamente impulsadas.
b) Deberá prever ante similitud de propuestas la automática
preferencia por las efectuadas por empresas de capital nacional.
c) Deberá enunciar las obligaciones mínimas que deberá contener el
acto administrativo de concesión de beneficios, tales como personal
ocupado, monto de inversiones e integraciones.
d) En el caso de los proyectos prioritarios deberá establecer como
procedimiento de selección de los posibles beneficiarios el del concurso
público nacional o internacional.
ARTÍCULO 42: La reglamentación podrá establecer aranceles en
relación al monto de inversión prevista en cada proyecto destinados a
solventar los gastos que originen el estudio, evaluación, verificación y
fiscalización de los respectivos proyectos, en las condiciones y bajo el
régimen que la misma fije. Tales aranceles deberán ser de magnitud
razonable y no exceder el SEIS POR MIL (6%º) de la inversión.
ARTÍCULO 43: El otorgamiento de los beneficios previstos por los
regímenes del Título III estará condicionado en todos los casos por el
requisito de preservar condiciones equitativas de concurrencia en los
mercados en los que el proyecto prevea participar, de modo de no
afectar indebidamente a la industria ya instalada o en proceso de
instalación.
La autoridad habilitada para conceder los beneficios promocionales,
previo el acto administrativo por el que se acuerden los mismos, deberá
acreditar el cumplimiento de requisitos de publicidad que garanticen la
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posibilidad de oposición por parte de eventuales terceros afectados, así
como de cualquier otro requisito que a los fines señalados el Poder
Ejecutivo estime conveniente establecer. Idéntico procedimiento deberá
seguirse en los casos de modificaciones sustanciales al proyecto.
Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos posteriores a su
publicación, quienes consideren que un proyecto afecta indebidamente
a la industria instalada o en proceso de instalación, podrán presentar
una oposición fundada ante la autoridad de concesión de los beneficios,
la cual dará traslado de la misma al presentante del proyecto. Si este
último lo modificara, dando satisfacción a las críticas del oponente, el
proyecto modificado proseguirá su curso administrativo. En caso de
insistencia en el proyecto original, la autoridad de concesión elevará las
actuaciones al Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande, que,
a estos efectos, se constituirá en tribunal arbitral y deberá expedir un
laudo dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la
recepción de las actuaciones, el que agotará la vía administrativa.
ARTÍCULO 44: El otorgamiento de los beneficios promocionales del
Título III en todos los casos queda condicionado a la existencia, en el
ejercicio presupuestario de su concesión, de cupo fiscal disponible.
A tales efectos será requisito imprescindible para cada otorgamiento, la
previa imputación al cupo pertinente del respectivo costo fiscal por parte
de la Secretaría de Hacienda o el organismo que en el futuro lo
reemplace, la que contará para hacerlo con un plazo de TREINTA (30)
días corridos, vencido el cual, de no existir manifestaciones en contrario
por parte de la misma, se dará por satisfecha la precitada condición.
ARTICULO 45: A los fines indicados en el artículo anterior la Secretaría
de Hacienda computará como costo fiscal para los beneficios acordados
por los capítulos I y II del Título III, el que resulte de promediar el monto
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de los bonos de crédito fiscal acordados, por el número de años de
vigencia del proyecto beneficiado, contados a partir de la puesta en
marcha.
ARTÍCULO 46: La autoridad de aplicación deberá implementar un
sistema informativo de proyectos acogidos al régimen establecido en la
presente ley que permita conocer los proyectos aprobados y el
desarrollo y estado actual de cada uno de ellos, así como el impacto
fiscal que individualmente concreten.
A estos efectos las jurisdicciones con capacidad de concesión de
beneficios y el control de ejecución deberán suministrarle en los plazos
y condiciones que la reglamentación determine:
a) Información en relación con los proyectos aprobados.
b) Copias de los certificados de cumplimiento a los que se alude en
los artículos 10º y 15
c) Información relativo a los incumplimientos detectados.
d) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación
considere necesaria.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá requerir la cooperación de
organismos nacionales, provinciales o municipales a efectos de recabar
información complementaria para dicho sistema y efectuar sus tareas de
control y evaluación del funcionamiento de los distintos regímenes que
comprende la presente ley.
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TÍTULO V
Infracciones y sanciones
ARTÌCULO 47: La autoridad de aplicación y en su caso las autoridades
locales que tengan delegado el control de ejecución de los proyectos
beneficiados con los incentivos del Título III de la presente ley, tendrán
amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de los
compromisos emergentes de los respectivos proyectos así como de las
obligaciones que deriven de los correspondientes regímenes
promocionales y podrán imponer, en las condiciones que establezca la
reglamentación, las sanciones previstas en la presente ley.
ARTÍCULO 48: Si la autoridad de aplicación comprobara la incorrecta
asignación de beneficios o el indebido otorgamiento de los certificados
de cumplimiento a que aluden los artículos 10º y 15, por parte de alguna
autoridad local en ejercicio de facultades delegadas, podrá imponer, en
las condiciones que establezca la reglamentación, las sanciones que
hubieran sido omitidas por parte de ésta. Sin perjuicio de ello, de
corresponder la caducidad de las medidas promocionales o si se
determinara la nulidad del acto de concesión, la autoridad local
involucrada quedará automáticamente suspendida en sus facultades de
aprobación de nuevos proyectos hasta tanto pueda acreditar el cobro,
por parte de los pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones
tributarias canceladas con los bonos de crédito fiscal indebidamente
usufructuados, así como de las actualizaciones y accesorios que
pudieran corresponder.
Previo a la aplicación de las sanciones previstas en el párrafo anterior,
la autoridad de aplicación deberá ponerlas en conocimiento de la
jurisdicción involucrada, la que contará con un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de su notificación para solicitar la revisión de
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las mismas ante el Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande,
el que deberá resolver sobre el particular. Los pedidos de revisión serán
resueltos en sesión plenaria de dicho consejo, a cuyo efecto el quórum
se formará con la mayoría simple de sus miembros. la decisión
respectiva se adoptará por una mayoría de por los menos los dos tercios
de los miembros presentes, y será definitiva en sede administrativa,
siendo apelable ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la
jurisdicción donde tenga asiento el Consejo de Promoción Industrial del
Norte Grande, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la
decisión, debiendo fundarse en el mismo escrito de interposición del
recurso, oportunidad en la que también deberá ofrecerse la prueba de
que intente valerse.
Si dentro de los quince (15) días hábiles de interpuesto el pedido de
revisión, el Consejo de Promoción Industrial del Norte Grande no lo
resolviere en las condiciones requeridas en el párrafo precedente,
cualquiera fuese el motivo, la autoridad de aplicación quedará habilitada
para imponer las sanciones, sin perjuicio del recurso previsto en el
párrafo anterior in fine, en las condiciones en él establecidas.
Cuando la caducidad de las medidas promocionales o la nulidad del acto
de concesión tuviese origen en actos emanados de una autoridad
nacional, el Tesoro Nacional deberá ingresar a la coparticipación
tributaria los montos de Bonos de Crédito Fiscal indebidamente
usufructuados, hasta tanto pueda acreditar el cobro, por parte de los
pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones tributarias
canceladas con dichos bonos, así como de las actualizaciones y
accesorios que pudieran corresponder.
ARTICULO 49: El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo
dispuesto por esta ley, de los regímenes que en su consecuencia se
dicten y de las obligaciones emergentes del acto que otorgue los
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beneficios de carácter promocional, dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) En caso de incumplimientos meramente formales y reiterados, multas
de hasta el uno por ciento (1 %) del monto actualizado del proyecto o la
inversión.
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el inciso anterior:
1. Caducidad total o parcial de los beneficios promocionales otorgados,
en la forma que disponga la reglamentación;
2. Multas a graduar hasta el cien por ciento (100 %) del monto
actualizado del proyecto o la inversión;
3. Pago de todo o parte de las obligaciones tributarias canceladas con
los bonos de crédito fiscal con más su actualización y accesorios, según
lo establezca el decreto reglamentario general.
Todas las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la autoridad que
tenga a su cargo el control de su ejecución, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 38. La ejecución de las medidas del acápite 3 del inciso b)
del presente artículo será llevada a cabo por los organismos encargados
de la percepción de los tributos cancelados con los Bonos de Crédito
Fiscal.
En todos los casos se graduarán las sanciones teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento, pudiendo
aplicarse total o parcialmente las sanciones previstas en el presente
artículo.
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Probado sea que el incumplimiento se produjo por hechos u omisiones
del Estado nacional, provincial o municipal, o por razones de fuerza
mayor según lo tipifique la reglamentación, se procederá a revisar,
mediante un procedimiento sumario, las obligaciones impuestas a los
beneficiarios.
En el caso de sanciones económicas, el organismo competente
procederá a emitir el correspondiente documento de deuda para su
cobro por vía judicial, mediante el proceso de ejecución fiscal, una vez
que haya quedado firme la decisión que la impone.
Los incumplimientos por parte de las empresas titulares de los proyectos
promovidos no generarán para los inversionistas de los mismos las
sanciones previstas en los incs. a) y b) acápite 2 del presente artículo,
ni la obligación del ingreso de los tributos que la empresa titular hubiera
cancelado con Bonos de Crédito Fiscal.
Los incumplimientos de los inversionistas no generarán sanción alguna
para la empresa titular del proyecto.
ARTÍCULO 50: Las sanciones establecidas por la presente ley serán
impuestas conforme al procedimiento que determinará la
reglamentación y podrán apelarse dentro de los diez (10) días hábiles
de la notificación de las mismas por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Federal con competencia en lo Contencioso
Administrativo correspondiente a la jurisdicción en que se aplique la
sanción, o interponer previamente los recursos administrativos que
procedan.
Elegida la vía judicial, no podrán interponerse los recursos que autoriza
la ley 19.549 y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 51: Prescribirán a los diez (10) años las acciones para exigir
el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley y sus
distintos regímenes, o aplicar las sanciones derivadas de su
incumplimiento. El término se contará a partir del momento en que el
cumplimiento debió hacerse efectivo. La suspensión e interrupción de la
prescripción se regirá por las disposiciones de la ley 11.683.
TÍTULO VI
Disposiciones generales
ARTICULO 52: Las actualizaciones previstas por esta ley se efectuarán
sobre la base de las variaciones del nivel general del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) nacional publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) conforme las pautas que establezca la
reglamentación.
ARTICULO 53: El derecho de las jurisdicciones a acordar beneficios
promocionales y a ejercer facultades delegadas, según lo prevé esta ley,
queda supeditado a la previa adhesión expresa a sus términos por parte
de cada una de ellas. El término "jurisdicción" se entenderá referido a
los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 54: La imputación de bonos de crédito fiscal previstos en
esta ley como medio de pago de impuestos coparticipables no integra el
producido de la recaudación a que se refiere el primer párrafo del artículo
2º de la ley 23.548.
ARTÍCULO 55: Establécese hasta el 31 de diciembre del año 2030 el
plazo para acogerse a los beneficios del régimen promocional
establecido en la presente ley.
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ARTICULO 56: La presente ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 57: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio N. Leavy
- Expediente
- 1948/24
- Cámara
- Senado de la Nación Argentina
- Presentado
- 3 de octubre de 2024
