REPRODUCE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.522 -CONCURSOS Y QUIEBRAS-, EN LO RELATIVO AL INSTITUTO DEL ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (REF. S. 59/22).

Señora Presidente: I. A través del presente proyecto de ley se propone una modificación en la Ley Nº 25.422 regulatoria del régimen de Concursos y Quiebras, en lo relativo al instituto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial contemplado en el Capítulo VII del Título II de ese ordenamiento. El mismo es la reproducción del proyecto S-362/16, que fuera girado únicamente a la Comisión de Legislación General. Vencido el plazo parlamentario para su tratamiento y sin obtener dictamen o aprobación por parte de la Cámara, es que insisto con la presente iniciativa./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” La reforma que se plantea está referida a diversas cuestiones sobre las cuales resulta necesario introducir los ajustes que se proponen, a fin de dotar de mayor seriedad al instituto en cuestión, en particular, en su aplicación práctica. Se trata en otros términos de evitar con las modificaciones que se proponen, que el acuerdo preventivo extrajudicial sea utilizado con fines defraudatorios hacia los acreedores u otros que no sean específicamente tendientes a sanear el pasivo de una empresa. A los fines indicados se proponen las modificaciones que se detallan y explican en los puntos siguientes. Se destaca que para el presente proyecto se ha tenido como antecedente uno anterior presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el que tramitara bajo el expediente 5257-D-2006 (Trámite Parlamentario nro. 127). II.1.- La primera modificación que contempla el proyecto está vinculada con el artículo 72 de la Ley Nº 24.522, en lo relativo al carácter de la intervención de un contador público nacional respecto de los puntos que se requieren para el pedido de homologación en esa norma. La disposición actualmente vigente establece que el deudor que solicita esa homologación, debe acompañar junto con el acuerdo los documentos que en ella se detallan, debidamente certificados por contador público. La reforma que se plantea parte de considerar que todos los documentos a que se refieren los incisos de esa norma no se satisfacen debidamente en su verosimilitud con una simple certificación contable. En efecto, el artículo 72 de la Ley Nº 24.522 prevé la tarea que debe realizar el contador público en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” consiste en una certificación. Ello contrasta con lo solicitado en el artículo 11 del mismo ordenamiento para la presentación del concurso preventivo, donde se pide al contador la elaboración de un dictamen. Viene al caso distinguir ambos conceptos, esto es certificación y dictamen. Si bien la palabra dictamen se dejó de utilizar a partir de que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal adoptara las normas contenidas en la Resolución Técnica Nº 7, pasando ésta expresión a equivaler a la de informe en la nueva terminología, a los fines que aquí interesan pueden ser entendidos en forma equivalente. La mencionada Resolución Técnica Nº 7 y la Nº 37 actualmente vigentes también expresan que: "la certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador público al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica". Ello en sentido similar a lo que antes había establecido la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada en Avellaneda en 1969. Una certificación es una manifestación o simple aseveración del Contador Público, que consiste solo en informar sobre determinados hechos y circunstancias constatados generalmente con registros contables y documentación respaldatoria sin emitir un juicio profesional. En consecuencia, las tareas se limitan a cotejar la información con los elementos citados, sin efectuar ningún otro procedimiento de auditoría. En el informe de auditoría sobre estados contables el profesional dictamina opinando o absteniéndose de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, indicando el alcance de su trabajo y si pudo cumplir y en que forma con los procedimientos normados profesionalmente./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” En la auditoría se trabaja con significatividad, no con exactitud. Se efectúan pruebas en forma selectiva para validar el trabajo, lo que puede implicar la posibilidad de no detectar documentación respaldatoria ilegítima, la dificultad de comprobar la omisión del registro de operaciones no documentadas. Sin embargo, cualquier auditor independiente aplicando su criterio profesional y los procedimientos establecidos en las normas de auditoría vigentes, detectaría los errores y o irregularidades que distorsionen en forma significativa la información contenida en los balances auditados. Si consideramos los documentos requeridos en el artículo 72 de la Ley Nº 24.522 al Contador Público, se observa que el inciso 1º en el que requiere que el Contador Público "certifique" "Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación". No cabe duda que para poder dar cumplimiento a lo requerido el Contador Público deberá efectuar un examen sobre los estados contables especiales elaborados por el ente, aplicando para ello procedimientos que exceden a los propios de las certificaciones. No existe modo de satisfacerse sobre las normas de valuación que fueron aplicadas, sin que se practique una determinada revisión contable. Por su parte, el inciso 2º contempla la certificación en base a la contabilidad del deudor, de un "listado" de acreedores, con mención de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados y/o responsables. Con relación a ello, se debe resaltar que el mero hecho de “mencionar” a los acreedores sin realizar un juicio de valoración, con una simple certificación contable, por los efectos que la homologación del instituto implica importa consolidar definitivamente la cantidad y calidad de acreedores de causa o título anterior a la presentación./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” Con la norma actual la responsabilidad del profesional certificante en esta tarea sólo se limita a expresar que lo que informa es lo que el deudor le ha expresado acerca de la existencia de los créditos y lo ha comprobado con los registros que el mismo deudor posee. Si bien la certificación contable podría acercar algo de transparencia a la información que acompañe el deudor con el acuerdo a los fines de la homologación, no es menos cierto el hecho que dicha certificación podría resultar inexacta y llevar a equívocos o engaños, ya que si el deudor ha introducido deudas ficticias pero tiene documentación suficiente y las registraciones contables en orden, ello no surgiría en un trabajo donde solo se debe verificar la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros. La causa de las acreencias no será valorada por el certificante, quedando entonces el control de admisibilidad a cargo del juez que entiende en el pedido de homologación (a falta de sindicatura que intervenga en ese trámite), que no tendrá con una mera certificación herramientas suficientes a los fines de evitar por intermedio de una acción fraudulenta, la violación del principio de salvaguarda de la integridad patrimonial del acreedor. En razón de los efectos jurídicos que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor que solicita su homologación no puede limitarse a “enunciar” los acreedores, sino que debe acreditarse, además de las conformidades, los elementos necesarios para analizar la causa de la obligación. Y será un informe de auditoría la mejor herramienta técnica para dar cumplimiento a esa finalidad, lo cual constituirá un obstáculo a acciones dolosas en perjuicio de los acreedores o frente al concilium fraudis. En el inciso 3) por su parte, se pide que el Contador Público certifique una lista de juicios y procesos administrativos en trámite o con condena incumplida. Esta tarea no podrá realizarse con un cierto grado de/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” precisión ya que se deberá solicitar informe de los abogados del presentante, cuyas conclusiones se hallen volcadas al libro de inventarios. Este informe debería comprender, por lo menos, la consulta de los tribunales y oficinas públicas pertenecientes a aquellas jurisdicciones en las que la firma posee establecimientos, mantiene personal o realiza operaciones. El inciso 5), referido a "El monto del capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor", también puede presentar complicaciones. En la contabilidad del deudor podrían llegar a aparecer como pasivo esta clase de deudas eventuales, en tal caso se estima que ellas deben excluirse del cómputo para determinar las mayorías, vgr. la "previsión para despidos". Teniendo en cuenta lo expuesto, se colige que la tarea profesional a desarrollar para dar debido cumplimiento a lo requerido y finalidades propias del artículo 72 de la Ley Nº 24.522, si bien no tiene una complejidad extrema tampoco puede ser la simple "certificación" que plantea el texto legal. En reemplazo de ese mecanismo, se propone en el proyecto que se trata la producción de un informe de auditoría a producir por un contador público nacional, instrumento éste que permitirá soslayar los riesgos enunciados, dando así mayor seriedad al instituto en cuestión, disponiendo con ello el tribunal de un instrumento idóneo y fundado por el cual podrá decidir con más holgura y contenido el acto homologatorio del acuerdo presentado. Asimismo, queda abierto el ámbito penal para el caso de delitos producto de acciones típicas, que puedan relacionarse con la disvaliosa intención de lograr la homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial en fraude a la ley, resultantes del informe que produzca el contador interviniente./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” II.2.- Por otro lado, se propone una modificación en lo relativo al efecto suspensivo que produce la petición de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial, según lo que prevé el actual artículo 72 último párrafo de la Ley Nº 25.422. Conforme esa norma, ordenada la publicación de los edictos del artículo 74 quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor. Esa suspensión en los términos que está contemplada, puede constituir un mecanismo que desnaturaliza el instituto que se trata, que puede ser utilizado por el deudor como instrumento para la suspensión de los procesos que tiene en perjuicio de sus acreedores, a través de propuestas de acuerdo que en definitiva no resulten homologados. Por lo demás y especialmente frente a ese supuesto, se advierte que una suspensión sine die conlleva una afectación excesiva para los derechos de los acreedores, especialmente frente a supuestos en lo que se dilate la tramitación del expediente de la solicitud de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial. Teniendo en cuenta tales supuestos se propone limitar el alcance de la suspensión de las acciones de contenido patrimonial que prevé el actual artículo 72 de la Ley Nº 24.522. La norma proyectada limita tal suspensión a un plazo de noventa días, dentro del cual el deudor debería obtener la homologación. Caso contrario queda sin efecto dicha suspensión, y los acreedores podrán continuar sus acciones individuales sin perjuicio de la sustanciación del trámite del proceso del acuerdo preventivo extrajudicial. Como medida adicional en resguardo del deudor, se contempla también la posibilidad de solicitar al juez en que tramita el pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial, la suspensión de las subastas decretadas en procesos de ejecución en trámite contra el deudor, ello también por un plazo limitado de hasta noventa días y en/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” términos similares a lo previsto por el artículo 24 de la Ley Nº 24.522 para el caso de las ejecuciones de garantías reales dentro del trámite de un concurso preventivo. Las modificaciones propuestas intentan encontrar en lo vinculado a la suspensión aludida, un punto intermedio entre los derechos del deudor y de sus acreedores, que a la vez otorgue mayor seriedad al instituto que se trata, como efectivo instrumento para la obtención de un acuerdo preventivo y no otra finalidad. II.3.- Otro aspecto en el que se propone una modificación, es el relativo a la publicidad del pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial. Como se señalaba en el citado proyecto que se ha tenido como antecedente del presente, cabe sostener que la publicidad que contempla el actual artículo 74 de la Ley Nº 24.522 resulta insuficiente como mecanismo para garantizar que todos los acreedores conozcan del acuerdo propuesto, en particular a los que no fueron contactados por el deudor. Ello determina en la práctica que muchos acreedores se enteren de la situación luego de la homologación, ocurriendo con la actual normativa que podrían ver perjudicados sus créditos en cuantía y plazos sin haber podido realizar planteo alguno. Es así que sin perjuicio de la publicación por edictos, la cual constituye un mecanismo que debe mantenerse, se propone incluir adicionalmente una notificación personal en el marco del expediente, dirigida a los acreedores denunciados por el deudor que no hayan suscripto el acuerdo. Tal notificación no genera perjuicio alguno al deudor, y por el contrario constituye una garantía para los acreedores que, a través de esa vía podrán en su caso plantear las oposiciones que fueren pertinentes./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” Consecuentemente con ello, se propone también que esa notificación sea condición de la aplicabilidad de los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial respecto de los acreedores, cuestión que resulta objeto de tratamiento en el nuevo artículo 76 motivo también de modificación en este proyecto. II.4.- En sintonía con los cambios indicados, se modifica también el artículo 75 de la Ley Nº 24.522. Se recepta aquí en lo sustancial, el texto propuesto en el proyecto que tramitara en el expediente 5257-D-2006 (Trámite Parlamentario nro. 127), cuyo contenido se considera adecuado a los fines propuestos, sin perjuicio de algunos ajustes de redacción. La modificación de esa disposición involucra tres aspectos fundamentales. Por un lado, la referencia expresa a la posibilidad de plantear la impugnación por parte de los acreedores a los cuales el deudor deberá notificar según lo previsto por el artículo 75. Asimismo, se amplía a veinte días el plazo para plantear tal impugnación, ello respecto del plazo que contempla la norma vigente que es de diez días, en función de considerar que resulta adecuado atento la cuestión que se trata, prever un plazo más amplio para la formulación y planteo de eventuales oposiciones. Se amplían también los supuestos en los cuales puede fundarse tal oposición, agregando a los actualmente previstos (que son las omisiones o exageraciones en el activo o pasivo e inexistencia de la mayoría exigida) los siguientes: i) incorporaciones fraudulentas o simuladas en el activo o pasivo, ii) existencia de fraude; y iii) incumplimiento de los requisitos legales. Finalmente, se suprime la referencia “solamente” que contempla la norma actual, lo cual otorga al juzgador una mayor capacidad de análisis de los supuestos previstos,/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” siempre en función de preservar la legalidad y equidad en la homologación de los acuerdos que se trata. En orden a esto último, se incorpora la posibilidad que el juez que debe entender en esa homologación, pueda disponer las medidas que considere necesarias para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, se establece que el juez no homologará acuerdos abusivos o en fraude a la ley, ello a tono con decisiones judiciales que se han dictado que han receptado lo consignado en la norma propuesta. II.5.- Se modifica además el artículo 76 de la Ley Nº 24.522, vinculado a los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial. Con relación a ello, se mantiene la norma actualmente vigente que establece que el acuerdo preventivo extrajudicial homologado produce los mismos efectos que un acuerdo obtenido en el marco de un proceso de concurso preventivo, como así también la aplicación de las normas de las Secciones III, IV y V del Capítulo V del Título II de la Ley Nº 24.522. Esto supone conservar la configuración que le otorgara al acuerdo preventivo extrajudicial la reforma introducida por la Ley Nº 25.589. Se introduce como agregado la referencia también a la disposición del artículo 55 (además del 56 a que se alude actualmente), a fin de evitar que se entienda cualquier exclusión a su respecto. Sin perjuicio de ello, se incorpora un cambio que resulta de los párrafos segundo y tercero que se agregan. A través de ese cambio se contempla que los acreedores que no hayan suscripto el acuerdo, a cuyo respecto el deudor hubiere omitido su denuncia y notificación en el expediente, no quedarán comprendidos en sus efectos./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” Nuevamente se trata de alcanzar la finalidad tuitiva hacia esos acreedores que el deudor puede procurar perjudicar, guardando coherencia con la modificación relativa a la notificación personal de aquéllos en el marco del expediente en que tramita el pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial. La falta de esa notificación determinará que el acuerdo no le sea aplicable a los acreedores omitidos, los cuales conservarán sus acciones individuales salvo que a posteriori expresen su voluntad de adherir al acuerdo homologado. Se recepta aquí también la modificación propuesta en el proyecto que tramitara en el expediente 5257-D-2006 (Trámite Parlamentario nro. 127), ello con adecuaciones no sólo de redacción sino también en el alcance de la norma, que como se ya señaló mantiene expresamente la aplicación de las normas de las Secciones III, IV y V del Capítulo V del Título II de la ley 24.522 al acuerdo que se trata. II.6.- Finalmente, el proyecto propuesto incorpora como artículo 76 bis, una disposición que contiene una sanción para los supuestos en que resulte rechazado o sea desistido por el deudor el pedido de homologación del acuerdo. Para esos casos se establece que no se admitirán nuevos pedidos de homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial dentro del plazo de un año, como así tampoco una petición de concurso preventivo, esto último si existen pedidos de quiebra pendientes. Efectivamente se trata de una penalidad, prevista nuevamente con la finalidad de otorgar la mayor seriedad al instituto en cuestión,/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” procurando con ello además que no sea utilizado con fines distintos a aquellos que motivaron su regulación. La sanción propuesta puede además ser asimilada a lo que se establece para el concurso preventivo en el artículo 31 in fine de la Ley Nº 24.522. En el caso del acuerdo preventivo extrajudicial no se contempla ningún supuesto de inadmisibilidad para la deducción de uno nuevo en caso que fuere rechazado o desistido, lo cual permitiría a un deudor promover un nuevo pedido o un concurso preventivo en ese supuesto, otorgándosele un mecanismo que podría ser usado sólo para dilatar el pago de sus créditos. Por ello, se propone contemplar la mencionada sanción, que contribuirá también a limitar la utilización del instrumento que se trata con fines espúreos. III.- Conforme las consideraciones y finalidades expuestas, se concluye que la adecuación normativa proyectada constituye un perfeccionamiento del instituto involucrado. Como ya se ha señalado, tales modificaciones procuran otorgar mayor seriedad al acuerdo preventivo extrajudicial, introduciendo para ello previsiones que tienen en cuenta la situación tanto del deudor como también de los acreedores, buscando un equilibrio entre los derechos que aparecen involucrados y limitando posibles abusos que pueden producirse con esa figura. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley. Lucila Crexell/final_de_pagina/