ANULENSE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 493/2025 Y Nº 494/2025, POR LOS CUALES SE PROPICIA LA PRIVATIZACION DE LA EMPRESA AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. Y SE MODIFICO EL MARCO REGULATORIO DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES.

: El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2010. No puede considerarse una mercancía ni quedar en manos del mercado capitalista. La provisión de este servicio vital debe ser garantizada 100% por el Estado Nacional bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y usuarios. Por eso, este proyecto de ley propone la anulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 493 y 494 del año 2025, firmados por el presidente ultraderechista Javier Milei, que habilitan la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la venta del 90% de sus acciones, y la modificación del marco normativo para autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago, entre otros ataques. Estas medidas implican una regresión brutal de derechos a favor de las ganancias empresariales y en perjuicio de millones de familias del pueblo trabajador. Además, se enmarcan en la nefasta Ley Bases de Milei, votada con el aval de los bloques patronales cómplices, que pretende privatizar no sólo el agua sino también otras empresas estratégicas. La historia de AySA muestra con claridad los resultados nefastos del modelo privatizador. AySA fue fundada originalmente como Obras Sanitarias de la Nación en 1912. Durante la Revolución Libertadora de 1955 y más tarde durante la dictadura genocida de 1976, fue vaciada, desfinanciada y abandonada con el fin de rematarla y privatizarla. Finalmente, en 1993, bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, OSN fue disuelta y se entregó la concesión del servicio a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez. En 1999 se abrió una investigación judicial sobre la privatización de AySA, determinando que se había vendida a menos de una quinta parte de su valor real. Confirmándose posteriormente que incumplió sus compromisos, no invirtió, no hizo las obras, paralizó la expansión de la red de agua potable, provocó contaminaciones, además de despedir personal. Esa privatización significó un saqueo brutal: las tarifas aumentaron y se deterioró la calidad del servicio. La presencia de arsénico y agrotóxicos en el agua en varias zonas del conurbano, los cortes reiterados y la falta de expansión de las redes, entre otros motivos, obligaron a rescindir el contrato en 2006. A pesar de haber sido desplazada, la empresa Suez presentó una demanda ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) por 1.700 millones de dólares, aduciendo violación de contrato. En 2015, el tribunal falló parcialmente a favor de la multinacional, imponiendo a la Argentina el pago de una indemnización que rondaría los 220 millones de dólares./final_de_pagina/En ese año, tras múltiples esfuerzos por encontrar otro operador privado y frente al retiro de Suez, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo obligado a anunciar la “estatización” del servicio. Sin embargo, no se trató de una empresa estatal tradicional, sino de la creación de AySA como Sociedad Anónima con mayoría accionaria estatal, lo que permitía eventuales reprivatizaciones futuras. A su vez, se nombró al frente de la nueva empresa a Carlos Ben, quien había sido coordinador de la privatización de OSN en 1993 y luego integró el directorio de Aguas Argentinas. Y nunca se puso en manos de sus trabajadores, sino de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias presidido por su actual secretario general y Secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri. El mismo que dijo días atrás, preguntado sobre la privatización anunciada por el gobierno, que “al tema de la privatización de AySA lo venimos discutiendo internamente con las autoridades de la empresa”. Es por eso que la propuesta de una AySA estatal debe ser gestionada y controlada por los trabajadores de la misma, no por estos dirigentes. Con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, comenzaron los fuertes aumentos tarifarios, que alcanzaron picos de más del 1000 %. En 2023, bajo la presidencia del ultraderechista Milei, esta situación se agravó: las tarifas subieron más de un 500%, se habilitaron cortes por falta de pago, se impulsaron despidos de personal y se firmaron los decretos que buscan volver a privatizar AySA. Como si fuera poco, la empresa estatal israelí Mekorot, responsable de aplicar una política sistemática de apartheid hídrico contra el pueblo palestino, negándole el acceso al agua, trabajando en estrecha colaboración con el ejército israelí en la confiscación de las tuberías de riego de los agricultores palestinos y en la destrucción de sus fuentes de abastecimiento, ha manifestado que está interesada en quedarse con AySA y admitido a través de su Coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, que hoy se encuentra asesorando a AySA. Así como no tiene que haber injerencia de empresas privadas y/o de otros países en AySA, mucho menos se puede permitir que lo sea Mekorot, que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en abril de 2022 una delegación de ministros, gobernadores y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por el ex Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, viajaron a Israel para celebrar acuerdos de “cooperación” con Mekorot en varias provincias. Decimos fuera Mekorot de Argentina, disponiendo por añadidura que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con la empresa Mekorot en todo el territorio nacional. Hoy AySA presta servicios en CABA y en Zona Sur, Norte y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos que AySA se transforme en una empresa estatal que suministre el servicio en todo el territorio nacional y termine con los negociados que existen en las provincias con empresas privadas. Atento a ello es que se deben rescindir las concesiones y/o privatizaciones en cada provincia que las haya, dando lugar a su provincialización bajo control de sus trabajadores y técnicos, pasando a funcionar de manera integrada con AySA nacional. Empresa que será financiada con los fondos que se van a los pagos de la usurera deuda externa y al FMI, y con un impuesto especial a las multinacionales, grandes empresarios y bancos, en especial a las empresas que vienen contaminando el agua impunemente./final_de_pagina/Hoy más de 7 millones de personas en Argentina no acceden al agua potable de forma adecuada, y casi 20 millones no tienen redes de saneamiento, según el Censo 2022. En este contexto de emergencia social y crisis económica, avanzar hacia la privatización es criminal. El agua es vida, no puede ser una mercancía. Cuando el agua es tratada como mercancía, afecta también a cuencas, acuíferos y los ciclos naturales del agua. Este proyecto del Frente de Izquierda Unidad se inscribe en la lucha por una Argentina donde se reestaticen todas las empresas privatizadas y sean puestas a funcionar bajo gestión, administración y control de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. Como parte de otras medidas de fondo que inauguren un plan económico alternativo, obrero y popular, al servicio de dar respuesta a las urgentes necesidades populares. El agua no se vende, se defiende. Juan Carlos Giordano Mercedes de Mendieta Christian Castillo Alejandro Vilca Vilma Ripoll/final_de_pagina/