Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad proponer una herramienta
destinada a convertir la ayuda y asistencia social desplegada por el
Estado Nacional mediante numerosos planes sociales en empleos
genuinos, que aporten remuneraciones adecuadas y signifiquen el
acceso a los derechos laborales.
Por ello es que lo denominamos Programa Nacional de Nuevas
Oportunidades de Empleo y proponemos destinarlo a todas aquellas
personas que resultan beneficiarias de uno o más planes sociales.
Además de dicho Programa, proponemos, para su instrumentación en
toda la República Argentina, una herramienta que ha sido aplicada con
notable éxito en la Provincia de Mendoza, que busca crear un “enlace” -
tal como es el nombre del Programa- entre las personas desempleadas
y las personas o empresas empleadoras para un trabajo formal
mediante la formación y capacitación laboral.
Dicho Programa busca mejorar las condiciones de su empleabilidad
mediante un proceso de aprendizaje práctico, desarrollado en ambientes
laborales concretos.
Las estadísticas muestran picos de crisis económicas que incrementan
dramáticamente la pobreza. A pesar de la superación transitoria de
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estas crisis, el porcentaje de sectores carenciados siempre registra un
aumento con respecto a los niveles anteriores, transformándose cada
vez más en un rasgo crónico, que se acrecienta preocupantemente.
Si nos atenemos solamente a las estadísticas de pobreza y a los
resultados de las pruebas de logros de aprendizaje, se observa que el
declive es cada vez mayor, y que esta política asistencialista no ha
hecho más que agravar el problema. Observemos los últimos cálculos
informados por el INDEC sobre el segundo semestre del año 2023: el
41,7% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza y el
11,9% por debajo de la línea de indigencia. Según el informe publicado
por el Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA), para enero
del año 2024, el 57,4% de los argentinos estuvo por debajo de la línea
de pobreza.
Por otra parte, la información relativa al primer trimestre del corriente
año presentada por el INDEC y que forma parte de la EPH permite
transpolar los valores específicamente medidos, para llegar a conocer
la realidad del total del país. Sabemos así que la tasa de desocupación
en Argentina fue del 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que implica
que había aproximadamente 1,7 millones de personas desocupadas.
Por otro lado, de las personas que sí tienen empleo, tan solo el 47,3%
realiza aportes jubilatorios.
En la página de ANSES figuran más de 20 planes sociales diferentes,
muchos de los cuales pueden ser solicitados y otorgados a la misma
persona. En 2023 el gasto en asistencia a sectores vulnerables sumó el
equivalente de 2,5% del PBI, unos USD 12.500 millones por año, a
través de 12 millones de acreditaciones bancaria por mes.
Con anterioridad a esta etapa de destrucción y reconversión del aparato
productivo, los beneficios sociales estaban vinculados al trabajo formal,
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como son las asignaciones familiares. A su vez, el trabajo articulado a
la educación y la capacitación eran los instrumentos de movilidad social
que garantizaban bienestar para las futuras generaciones.
Revertir esta situación no será tarea sencilla, pero es urgente iniciar este
proceso. Varias son las políticas que es necesario implementar (apoyo
a industrias estratégicas, impulso a la economía social, incentivación del
emprendedurismo, desarrollo de la economía verde, etc.) pero una de
las principales es la reconversión de planes sociales en trabajo genuino,
para lo cual se necesita del aporte del gobierno y las empresas.
Intentando lograr este objetivo, la primera parte del presente proyecto
presenta una versión modificada del programa “Enlazados”
instrumentado por la Provincia de Mendoza, que articula con el
empresariado local para lograr la inclusión de personal, principalmente
de aquel sector de la ciudadanía que ya había sido capacitado en el
programa “Enlace”.
Este programa prevé un aporte del Estado a los empresarios que
contratan a nuevo personal; pero en el presente proyecto, atendiendo a
que, a diferencia de Mendoza, la Nación es la encargada de pagar los
planes sociales, se entiende que puede tomarse a ese mismo pago que
ya se realiza en concepto de asistencia social, como el aporte que el
Estado hace a la relación laboral, a la persona trabajadora y a la
empresa o persona física que contrate a una persona, cuando la
persona contratada es beneficiaria de algún plan social.
Ante la recurrente situación de empobrecimiento de la población que se
ha generado en nuestro país con el paso de los años, el Estado Nacional
atraviesa grandes dificultades a la hora de intentar cumplir con los
requerimientos sociales que la ciudadanía necesita, en función de la
cantidad de ingresos limitados que el Presupuesto nacional posee.
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Como varios pensadores de distintas ciencias declaran, entre ellos el
economista español Daniel Lacalle, entrevistado en un medio de
comunicación mendocino de alcance nacional, el principal problema
económico-financiero de nuestro país es que gastamos más que lo que
se recauda por las diversas vías que tiene el Poder Ejecutivo Nacional
por lo cual, según esta visión, es imperioso reducir los egresos y/o
incrementar los ingresos del Estado, intentando que en el proceso no se
perjudique a la población.
Se advierte un sistema que mantiene a millones de argentinos y
argentinas recibiendo ingresos del Estado Nacional, sin lograr
desarrollarse integralmente como personas. Es que el sistema no
provee la posibilidad de superación a través de un trabajo propio, n
existe acceso al mundo laboral sin riesgo cierto de perder su sustento
cotidiano.
Con esta norma legal, se involucra a aquellas personas empleadoras
que tengan complicaciones a la hora de contratar personal: ya sea
porque el personal que necesitan está cobrando algún plan que lo
imposibilita de trabajar legalmente, o porque el costo laboral de contratar
a alguna persona le hace imposible avanzar en su emprendimiento. En
cualquiera de los casos, el proyecto le disminuye a el/la empleador/a el
costo laboral por cada persona que contrata, hasta por el término de un
año.
Por otro lado, habilita a las personas que cobren algún plan social a
buscar empleo legalmente, y a cobrar por ese trabajo un adicional de
dinero que deberá ser como menos igual al monto que actualmente
cobran en concepto de planes sociales, duplicando en ese caso sus
ingresos cotidianos.
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De este modo, se pretende incrementar los ingresos de las personas
trabajadoras, a la vez que se incrementan también los ingresos del
Estado, en este caso desde dos fuentes: por un lado, en forma directa a
través de las cargas sociales pagadas por la persona empleadora, y por
otro, a través de la mayor carga impositiva que pagará la persona
trabajadora al reactivar su propio consumo, por poseer al menos el doble
de dinero disponible para cubrir sus necesidades. Luego de un año, y si
la relación laboral continúa, el Estado además ahorrará el monto que
actualmente eroga en concepto de planes sociales a la persona
contratada, que se encontrará en ese caso integrada en un cien por
ciento al sistema laboral argentino.
No es intención del presente proyecto estigmatizar ni afectar en sus
ingresos a aquellas personas que actualmente deben sobrevivir
cobrando planes sociales. Pero lo que sí se busca, es que las mismas
puedan ingresar al mundo laboral, a la vez que liberan al Estado
Nacional de la carga que hoy posee en relación a esas personas.
Además, favorece a aquellas empresas o personas que contraten a
nuevo personal, reduciéndoles los costos laborales sin que ello implique
una disminución de ingresos para el Estado.
En la misma lógica y con las mismas finalidades, la segunda parte del
proyecto pretende contribuir a la capacitación de las personas
beneficiarias de planes sociales para la mejora de su empleabilidad. Se
busca reemplazar paulatinamente los planes sociales, recuperando la
cultura del trabajo.
Por ello proyectamos a nivel nacional el programa “Enlace”, que ha
generado una gran capacitación de un sector importante de la
ciudadanía en la Provincia de Mendoza, y que ha permitido, en los
últimos tiempos de la pandemia y en la post pandemia, que buena parte
de esas personas capacitadas sean incluidas en el mercado laboral.
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El programa “Enlace”, a instancia nacional, se podrá realizar,
fundamentalmente, en aquellas provincias que adhieran
voluntariamente al mismo. Por ello invitamos a todas las Provincias
Argentinas a adherir a la presente ley.
Estamos convencidos que a través de la herramienta que proponemos
podremos mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas que
se encuentran en condiciones de desempleo y que son beneficiarias de
uno o más planes sociales. Se promoverá la inserción laboral genuina y
la adquisición de experiencia, mientras el Estado Nacional junto a las
Provincias relevan los perfiles laborales demandados por los sectores
productivos y de servicios a los efectos de adaptar la oferta formativa y,
de esta manera, construyen el ENLACE entre las personas
desempleadas y beneficiarias de planes sociales con empleos genuinos
dentro del sector privado, con remuneraciones adecuadas y acceso a
los derechos laborales.
Fundamentalmente, entendemos que mediante la instrumentación de
los Programas incluidos en el proyecto que presentamos, la República
Argentina iniciará un sendero hacia la reconversión de la ayuda y la
asistencia social en empleos genuinos, que aporten remuneraciones
adecuadas y signifiquen el acceso a los derechos laborales.
Por las razones expuestas, y las que se agregarán al momento de su
tratamiento, solicito a mis pares que acompañen al presente proyecto de
ley.
Mariana Juri.- Stella M. Olalla.- Rodolfo A. Suarez.- Mercedes G.
Valenzuela
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