Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
La Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) publicó el día 10
de abril, la resolución 13/2024 que deroga la resolución 34/2020 de la
IGJ, que buscaba fortalecer el acceso de las mujeres a los cargos
directivos en las sociedades anónimas, las asociaciones civiles en
proceso de constitución, las asociaciones simples que solicitaron su
registro voluntario, las fundaciones con un consejo de administración de
integración temporaria y electiva y las sociedades estatales. Esta
medida del actual gobierno apela a la garantía del mérito y la idoneidad,
dando muestras nuevamente de su desconocimiento en materia de
igualdad de oportunidades.
La resolución 34/2020 no buscaba darles ventajas a las mujeres, sino
permitir que las más idóneas, formadas y experimentadas tengan la
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oportunidad de acceder a puestos jerárquicos en igualdad de
condiciones que los varones. El reconocimiento por parte del Estado
Nacional de la Igualdad no resulta suficiente si no es acompañado por
medidas de acción positiva que generen las condiciones necesarias
para la igualdad real de oportunidades y trato, tal cual lo establece
nuestra constitución nacional en su artículo 75, inciso 23.
No es la resolución 34/2020 de la IGJ la primera de este tipo, la argentina
ya cuenta por ejemplo, con la ley n° 24.012 de cupo femenino, que luego
de su aplicación pudo observarse que no había sido una medida
suficiente para lograr el acceso de las mujeres a los cargos legislativos
ya que el 30% que esta ley garantizaba, se había convertido en un techo
más que en un piso, dando cuenta de los niveles de resistencia de la
estructura patriarcal. Por esta razón en el año 2017 se sanciona la Ley
Nº 27.412 de paridad, que amplía la base de este acceso.
Según el INDEC, en su elaboración del dossier conmemorativo del 8M
a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sólo el
3.9 de las mujeres que trabajan acceden a cargos jerárquicos, mientras
que en el caso de los varones, accede el 7.9, casi el doble. ¿Por qué las
mujeres necesitamos normas que nos allanen el camino hacia los cargos
jerárquicos? porque es justamente el orden social lo que nos coloca
obstáculos para hacerlo por nuestra propia cuenta, no es la falta de
mérito, son las condiciones desiguales en las que se organiza nuestra
sociedad. Por ejemplo, que las mujeres sigan asumiendo la mayor parte
del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es el principal
obstáculo para su participación laboral plena y su posibilidad de crecer
laboralmente. Mientras que 5 de cada 10 varones realizan tareas de
cuidado, más de 8 de cada 10 mujeres lo hace. No es casual que en las
edades centrales (30-64 años), mientras que 8 de cada 10 varones
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participa en el mercado laboral, solo 5 de cada 10 mujeres lo hacen, ya
que corresponde a las edades de mayor uso del tiempo en tareas de
cuidado y tareas domésticas. La edad de mayor crecimiento laboral de
las personas se corresponde con el pico de fertilidad de las mujeres, lo
que se convierte para nosotras en un obstáculo más en el acceso a una
carrera laboral exitosa.
Normativas con rango constitucional instan a la Argentina a tomar este
tipo de medidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer suscripta por la República Argentina y
ratificada mediante Ley N° 23.179, las leyes N° 27.412, 26.485, 27.499,
19.550, 22.315 -y su reglamentación por Decreto N° 1493/82-, 22.316 y
26.994, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ambos firmados el 19 de diciembre de 1966 y aprobados por la
República Argentina por Ley N° 23.313 del año 1986; y, realzados, por
la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (conocida internacionalmente por sus siglas en inglés
como CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17
de julio de 1980 y ratificada mediante Ley N° 23.179 del año 1985.
Tal como lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no
resulta suficiente transmitir el contenido normativo sino, esencialmente,
proporcionar las herramientas que permitan visualizar las desigualdades
estructurales de las mujeres, de modo de generar una práctica
transformadora. Que, en lo relacionado a las personas jurídicas de su
incumbencia, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha trabajado con
el fin de que los directorios de las sociedades que operan en el Mercado
de Valores, incorporen un directorio que respete la diversidad de
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géneros. En este sentido, se aprobó el “Código de Gobierno Societario”
de fecha 14 de junio de 2019 que establece como principio que el
directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de
la compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones
por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. Que, en
particular, la Resolución General Nº 797/2019 de la CNV indica que: “El
directorio deberá activamente propiciar la conformación de un directorio
diverso, teniendo en consideración la diversidad de género, origen
geográfico, edad, perfil étnico y experiencia profesional … En cuanto a
la diversidad de género, resulta de especial relevancia que la compañía
no solo considere la composición del Directorio sino la equidad en la
remuneración de sus miembros y también la posibilidad de que mujeres
tengan acceso a puestos de liderazgo en el Directorio, tales como la
Presidencia del órgano o algunos de sus comités. La transparencia y
divulgación en materia de diversidad en el directorio es un elemento
importante para los inversores y muestra la profesionalización del
órgano...”.
No media disposición legal infraconstitucional alguna en contrario de la
cual resulte una diferente interpretación acerca de la paridad de género
en determinadas entidades de bien público, como las asociaciones
civiles y, en su caso, el Consejo de Administración de las fundaciones,
toda vez que las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación
deben ser aplicadas e interpretadas conforme a los Tratados sobre
Derechos Humanos, tal como se ha indicado. Que, sobre el trascedente
tópico que se viene discurriendo y la actuación en tal sentido de los
poderes públicos, la ya aludida Convención para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recoge el
principio de debida diligencia estatal, que resulta fundamental para
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garantizar el goce efectivo de los derechos, y, por ella, los Estados
partes se han comprometido a seguir por todos los medios apropiados
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y a
adoptar, en consecuencia, diversas medidas conducentes a ello, entre
ellas -sin carácter taxativo- las destinadas a establecer por conducto de
los tribunales y otras instituciones públicas la protección de la mujer
contra todo acto de discriminación; las apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas y asegurar el pleno desarrollo y adelanto de
la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre; las necesarias para garantizar a las mujeres
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en
organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de
la vida pública y política del país; y, en definitiva, adoptar les
disposiciones necesarias para eliminar la discriminación contra las
mujeres en otras esferas de la vida económica y social, a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad, los mismos derechos entre ellas y los
hombres (artículos 2°, 3°, 7° y 13, CEDAW). Que, con formulación
efectuada en su artículo 1°, la relacionada Convención (CEDAW) no
efectúa distinción en orden a las esferas en las que debe verificarse ese
pleno e igualitario goce de los derechos a que se refiere, por lo que la
interpretación favorable a dar la mayor plenitud posible a los Derechos
Humanos lleva a concluir que se encuentran implicadas en sus alcances
las órbitas privadas y públicas como ámbitos de consagración efectiva
de aquellos. Que, desde su jerarquía “para-constitucional”, tal
Convención recoge como compromiso de los Estados utilizar todos los
medios apropiados y prever también la intervención de instituciones
públicas diversas de los tribunales de justicia con medidas adecuadas y
necesarias al efecto de eliminar la discriminación contra la mujer
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practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, y
garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a participar en organizaciones y asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país y
para eliminar la discriminación contra las mujeres en otras esferas de la
vida económica y social y en todos los aspectos de la vida cultural.
Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
María C. Moisés
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