Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Promulgado
Autores
Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente al proyecto 2855-D-2022
presentado previamente en la Cámara de Diputados de la Nación por el
Diputado Francisco Sánchez, sobre el cual se revisaron cuestiones
particulares que resultaban convenientes regular para garantizar la
participación letrada, evitar la pérdida de oportunidades laborales, y
prevenir posibles conflictos patrimoniales y/o interjurisdiccionales.
1. Espíritu del proyecto.
El objeto del proyecto radica en generar leyes que faciliten la vida de los
ciudadanos. La simplificación de estructuras burocráticas permitirá
acortar los plazos en los que se puede obtener la partición de los bienes
del causante, sin necesidad de acudir a tribunales para poder iniciar el
trámite de una sucesión con acuerdo entre las partes.
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Esto, por otra parte, alivianará el flujo de casos que deben tramitar los
diversos Juzgados abocados al trámite de sucesiones, permitiendo
mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de sus servicios a la
ciudadanía.
Por otro lado, se protege la labor de los letrados patrocinantes,
enfatizando la obligatoriedad su participación, incluso para la firma del
acta de notoriedad. 2.
2. Viabilidad jurídica.
Tal como se ha señalado en el antecedente legislativo al presente
proyecto, resulta correspondiente notar que el Código Civil y Comercial
de la Nación marca un enclave jurídico entre el Derecho Civil y el
Derecho Constitucional.
En tal sentido, corresponde recordar que fue el pensador tucumano Juan
Bautista Alberdi, en su conflicto con Vélez Sarsfield, quien defendió
fervientemente que la codificación civil debía responder a los principios
establecidos por la constitución nacional, debiendo las leyes civiles ser
el instrumento por medios del cual las garantías constitucionales se
hagan efectivas1.
Al respecto, desde la Constitución del año 1853 se predican principios
de libertad de acción para los ciudadanos, que priman el desarrollo
privado de sus actividades por sobre la injerencia despótica o ineficiente
que podía tener el Estado en diversas esferas de actuación de la
población.
1 Juan Bautista Alberdi y la Independencia argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura. Dirección
de Diana Quattrochi-Woisson, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2012.
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En tal sentido, si consideramos a la legislación civil como una extensión
de las disposiciones constitucionales, cabe considerar que la propuesta
de soluciones que garanticen el libre desenvolvimiento de los
ciudadanos para la garantía de sus derechos, siempre y cuando se
respeten sus garantías individuales, tiene asidero tanto constitucional
como lógico dentro del ordenamiento jurídico nacional.
Haciendo referencia aún al orden constitucional, cabe observar incluso
que, más de un siglo después, con la asignación jerarquía constitucional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la garantía de
acceso a la justicia se presenta como un derecho innegable en el plano
constitucional y su misma existencia en tal jerarquía – dada
explícitamente por el art. 25 de dicha Convención – establece el deber
estatal de crear un recurso sencillo, rápido y efectivo para la protección
y garantía de los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, considerar que un proceso de acuerdo voluntario tras
el fallecimiento del causante, en el cual se respeten los derechos de los
sucesores, no pueda realizarse de manera privada, no solo constituye
un limitante ilógico de la libertad individual de los ciudadanos, sino
también una imposición burocrática desgastante tanto para el sucesor
como para la administración judicial. Esto obliga a la administración a
gestionar un gran número de sucesiones judiciales sin controversia
alguna entre las partes, consumiendo tiempo y recursos que podrían
destinarse a la resolución expedita de aquellas controversias sucesorias
que realmente requieran una decisión judicial para poner fin a un
conflicto real entre las partes.
Los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial
ponderan la función notarial, al afirmar que “la intervención de agentes
públicos (en general) y la de los escribanos en particular, ha sido
impuesta por la ley para acompañar al ciudadano en la ejecución de
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actos legislativamente seleccionados, con la finalidad de conferirles
legalidad, validez y eficacia”.
Pero más allá de destacar las características de seguridad,
conservación y solemnidad, entendidas como garantías de jerarquía
constitucional, se destaca que “la esencia de la función notarial no es la
de conferir fe pública, como habitualmente se afirma, sino que su
esencia es la de brindar protección a los ciudadanos a través de un
conjunto de operaciones jurídicas que son las que fundamentan su
eficacia erga omnes”2.
Esto proporciona un entendimiento de la función notarial que trasciende
el concepto tradicional de la fe pública. Permite comprender su rol en
ámbitos como el presente, donde la constatación razonada de los
antecedentes presentados ante su persona garantiza la creación de
instrumentos públicos que protegen los derechos de los ciudadanos y
facilitan su libre desarrollo, evitando así la iniciación de procesos
burocráticos o judiciales innecesarios.
En razón de lo expuesto, analizando la experiencia deficiente en el
trámite actual de las sucesiones no controvertidas, amerita recordar que
la Corte Suprema de Justicia destacó que la realidad viviente de que
cada época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país, o
descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda
oponérsele el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba
de distinta manera (Fallos 211:162 y 308:2268).
2 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Pto. IV) Libro primero: parte
general. Título IV. Hechos y actos jurídicos. Cap. 5 Actos jurídicos. 1ª edic. Pág. 620. Edit. Zavalía. Buenos
Aires, 2014
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Al respecto, no resulta argumento válido sostener que la tradición judicial
en el trámite de las sucesiones es inmutable, menos aún para aquellos
casos en los que su trámite resulta una carga onerosa y extenuante para
los ciudadanos que solo necesitan de un instrumento público que
materialice un acuerdo obtenido de manera legítima entre sucesores.
Nada se puede objetar acerca de la publicidad siquiera del
procedimiento judicial en contraposición al notarial, si el presente
proyecto prevé exigencias de publicidad mayores a las existentes en
diversas jurisdicciones – por la obligación de publicación en un diario de
amplia jurisdicción –, crea un registro único a nivel nacional, y obliga al
notario correspondiente a publicar su actuación en dicho registro y
comunicar asimismo su tarea al Colegio de Escribanos de su
jurisdicción.
Tampoco se puede argumentar que se imposibilite el acceso a la justicia
y la representación de las partes, en tanto se prevé la posibilidad de
inicio de la vía judicial ante cualquier circunstancia controversial,
permitiendo incluso que la participación de sucesores no reconocidos al
momento de la firma del acta sea reconocida en la misma o, sometida a
decisión judicial en caso de existir cualquier tipo de disidencia al
respecto entre las partes.
Respecto de la garantía de los derechos individuales de los sucesores,
la sucesión notarial requiere que el notario tome conocimiento de
diversas certificaciones que aseguren la correcta distribución de los
bienes.
Adicionalmente, se torna fundamental el contralor de los letrados
patrocinantes de cada una de las partes y la participación del Ministerio
Público en caso de que haya menores involucrados, quienes deberán
suscribir obligatoriamente el acta de notoriedad y la partición privada de
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herencia, garantizando así su participación y control sobre los
documentos suscriptos.
3. Antecedentes parlamentarios e internacionales.
Tal como fuera mencionado al inicio de la presente fundamentación, el
antecedente local más cercano se encuentra en el proyecto 2855-D-
2022 presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el
Diputado Francisco Sánchez. En el mismo se realiza igualmente un
recuento histórico, indicando que, a lo largo de los años, se han
presentado distintas iniciativas además del proyecto del Diputado
Leandro López Koenig (MC), (expediente 2907-D-2019) en las que se
pretendía implementar un proceso sucesorio extrajudicial, en el cual los
herederos podían optar por tramitar el expediente sucesorio ante un
escribano.
En el año 1994, el Ministerio de Justicia designó una comisión redactora
compuesta por los juristas Carlos J. Colombo, Julio C. Cueto Rúa, Raúl
A. Etcheverry y Héctor G. Umaschi, que elaboró un proyecto de Código
Procesal Civil, Comercial y Laboral, que el PEN remitió al Congreso en
el que se contemplaba en el Título II del Libro V, los procesos sucesorios
extrajudiciales, específicamente el artículo 751, disponía la posibilidad
de los herederos de optar por la tramitación de la sucesión como proceso
voluntario en sede notarial.
Otro proyecto del Poder Ejecutivo (expediente 445-PE-94; publicado en
el Boletín de Asuntos Tratados N° 108 que regulaba los Procesos
Voluntarios Extrajudiciales) estableció un procedimiento mediante el
cual las partes, voluntariamente, podían realizar distintos trámites ante
un escribano público, que oficiaba como funcionario ad-hoc de la justicia,
mientras que las partes que concurrían al trámite notarial debían hacerlo
con patrocinio letrado obligatorio.
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En consonancia con esos antecedentes el proyecto de modificación del
Código Procesal Civil y Comercial del senador Branda (expediente 232-
S-96, publicado en el Diario de Asuntos Entrados N°18) pretendió
incorporar al Libro VIII del citado Código, el capítulo VII de Procesos
voluntarios extrajudiciales.
Por último, el anteproyecto del Dr. Augusto Belluscio, integrante de la
comisión que creó el PEN en el año 1995 para elaborar un nuevo Código
Civil que fue presentado en 1999, consideró la posibilidad de incorporar
la prueba de la calidad de heredero mediante el acta de notoriedad.
Finalmente, la Comisión redactora, no incorporó el anteproyecto del Dr.
Belluscio en la redacción definitiva. Todos estos antecedentes fueron
destacados por el al proyecto 2855-D-2022 presentado previamente en
la Cámara de Diputados de la Nación por el Diputado Francisco
Sánchez, el cual, al igual que el resto de los proyectos señalados, no
pudo prosperar en su tratamiento parlamentario. Adicionalmente,
corresponde destacar que, en países como España, la sucesión notarial
y la escritura pública de separación –en caso de divorcios – se
encuentran contempladas por la legislación vigente desde el año 2015.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito se tenga a bien
considerar el presente proyecto y proseguir de manera pronta con el
tratamiento parlamentario establecido por la Constitución Nacional.
Beatriz L. Ávila. -
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