Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Fundamentos del proyecto
Sr. Presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo contribuir a efectivizar el deber del Estado de protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional, y por el ordenamiento jurídico en la materia.
La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios debe transformarse en una política de Estado de unidad nacional para el bienestar general, que trascienda a los distintos gobiernos.
La Constitución Nacional establece un marco jurídico equilibrado para una interacción justa entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, y de las relaciones de consumo, definidas por la Ley N° 24.240 como "el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario".
La Constitución Nacional, en el artículo 42, dispone que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios."
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Asimismo, la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos de jerarquía constitucional, establecen una protección especial de consumidores/as y usuarios en situación de vulnerabilidad.
El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional dispone que es competencia del Congreso de la Nación "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (...) ".
Las personas en situación vulnerabilidad, definidas en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, se encuentran alcanzadas por la protección especial de la Convención sobre los Derechos del Niño; de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, las cuales gozan de jerarquía constitucional en los términos del inciso 22 del Artículo 75 de la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional establece que las relaciones de consumo que involucran a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el acceso a la canasta básica alimentaria, a la canasta escolar, a medicamentos, al boleto escolar, y a la tarifa social para sus familias, merecen una protección especial en el marco de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, y de las Leyes N° 26.061, N° 26.206 Y N° 27.611.
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El artículo 3 de la Ley N° 26.061 establece el principio de interés
superior, disponiendo que "cuando exista conflicto entre los derechos e
intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros", y el artículo 5
establece el principio de responsabilidad gubernamental con prioridad
absoluta, disponiendo en el inciso 2, la prioridad de las niñas, niños y
adolescentes "en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus
derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas
jurídicas privadas opúblicas ".
En este marco constitucional, se propone la creación del Programa
Nacional de Fortalecimiento de Consumidores/as y Usuarios/as, con el
objeto de brindar información, capacitación, asesoramiento y fortalecimiento
a consumidores/as y usuarios/as, y a las asociaciones que los/as representan,
a los fines de contribuir a conocer, ejercer, proteger y defender sus derechos.
El presente proyecto propone instituir por ley la categoría de
consumidores/as hipervulnerables, ratificando en todos sus términos la
Resolución N° 129 de la Secretaría de Comercio Interior de fecha
27/05/2020, a los efectos de institucionalizar una protección y defensa más
efectiva, y una interacción más justa de la oferta y de la demanda de bienes
y servicios.
A los efectos de institucionalizar las relaciones interjurisdiccionales
sobre las distintas problemáticas nacionales, locales y/o regionales
relacionadas con la materia de protección y de defensa de consumidores/as
y usuarios, se propone instituir por ley el Consejo Federal del Consumo
(COFEDEC), ratificando en todos sus términos la Resolución N° 464-
E/20 17 de la Secretaría de Comercio, de fecha 15/06/2017
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A los efectos de contribuir en la desburocratización, digitalización y simplificación de las políticas públicas en la materia, se propone instituir por ley la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor, ratificando en todos sus términos la Resolución N° 274 de la Secretaría de Comercio Interior de fecha 26/03/2021.
Asimismo, se propone que el Programa Nacional de Fortalecimiento de Consumidores/as y Usuarios/as implemente, entre otras, las siguientes acciones prioritarias:
- Fortalecer las áreas gubernamentales de protección y defensa de consumidores/as y usuarios/as y a las asociaciones de consumidores/as y usuarios/as.
- Empoderar a la ciudadanía por medio de una aplicación (app) para dispositivos fijos y móviles como herramienta digital de participación ciudadana para la protección y la defensa de sus derechos.
- Capacitación obligatoria en la temática de derechos, protección y defensa de consumidores/as y usuarios/as, para todas las personas vinculadas al objeto del presente proyecto, que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
- Creación del Consejo Nacional de Fortalecimiento de Consumidores/as y Usuarios/as.
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organización de una Red de Asesores/as de Consumidores/as y Usuarios/as, integrada por técnicos y profesionales de la Administración Pública Nacional;
implementar, en coordinación con las autoridades competentes, un Sistema de Alertas a Consumidores/as y Usuarios/as;
promover e incentivar, en articulación con las autoridades educativas competentes, especializaciones y carreras de grado y posgrado vinculadas a la protección y a la defensa de los/as consumidores/as y usuarios/as.
contribuir en las políticas públicas de inclusión digital, uso seguro de internet, prevención y erradicación de ciberdelitos, entre otras iniciativas vinculadas al abordaje de problemáticas de consumidores/as y usuarios/as de las nuevas tecnologías.
Las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor señalan que se debe tener "en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores de todos los países, y particularmente de los países en desarrollo; reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación (...) Corresponde a los gobiernos formular, o mantener una política enérgica de protección del consumidor (...) ".
En las relaciones de consumo, la Constitución Nacional dispone un marco jurídico justo y equilibrado a favor del "trato digno y equitativo" de todas las personas, y establece una regla constitucional.
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irrenunciable: para "promover el bienestar general", y para "asegurar los beneficios de la libertad", las autoridades públicas tienen el deber de proteger y defender los derechos constitucionales de los/as consumidores/as y usuarios/as, con responsabilidad gubernamental con prioridad absoluta cuando se trate de los derechos de niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años de edad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Diputado Nacional"
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