PROYECTO DE LEY QUE DECLARA LA EMERGENCIA NACIONAL EN DISCAPACIDAD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.

Señora Presidente: Me dirijo a Usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un Proyecto de Ley que tiene por objeto garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la cobertura total de los tratamientos y prestaciones requeridas, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las demás leyes vigentes que rigen las políticas públicas en materia de discapacidad, entendiendo la multidimensionalidad de la problemática. La República Argentina ha asumido, desde hace años, un firme compromiso en materia de derechos humanos, ratificando instrumentos internacionales que imponen obligaciones concretas en favor de sectores históricamente postergados. Entre ellos, el colectivo de personas con discapacidad representa uno de los grupos más vulnerables cuya efectiva inclusión debe efectivizarse mediante políticas públicas permanentes y consistentes de conformidad con los compromisos asumidos a nivel internacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por nuestro país mediante la Ley N° 26.378, reviste jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley N° 27.044. En consecuencia, sus principios, obligaciones y garantías no son meras recomendaciones o aspiraciones de buena voluntad: constituyen mandatos jurídicamente vinculantes para todos los poderes del Estado argentino. VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL/final_de_pagina/“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA” Cabe recordar que dicho Instrumento Internacional impone a los Estados Partes la obligación de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad. Ello implica adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales destinadas a eliminar barreras estructurales, combatir la discriminación, y garantizar la accesibilidad integral, la participación activa en la vida social, económica, cultural y política, así como el acceso efectivo a servicios de salud, educación, trabajo, justicia, movilidad y protección social. De manera expresa, el artículo 28 de la Convención obliga a los Estados a garantizar un nivel de vida adecuado, acceso a programas de protección social y erradicación de la pobreza, y asistencia en los gastos relacionados con la discapacidad, incluyendo el entrenamiento, la rehabilitación, los servicios médicos y la asistencia necesaria. En este marco normativo de jerarquía superior, el respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad no constituye una política opcional, sujeta a prioridades fiscales o ideológicas circunstanciales, sino una obligación impostergable de cumplimiento inmediato y progresivo. En ese sentido, la inacción estatal, el desmantelamiento de estructuras de apoyo, o la regresividad de las políticas públicas en la materia implican una violación directa de compromisos internacionales y una afrenta a los principios constitucionales de igualdad, dignidad, no discriminación y solidaridad. En nuestro país, más de 4,5 millones de personas presentan al menos una dificultad o limitación permanente para realizar actividades de la vida diaria, según los datos oficiales del Censo Nacional 2022. Esta cifra representa más del 10% de la población argentina y pone de manifiesto la magnitud del colectivo de personas con discapacidad, cuya atención debe ser una prioridad impostergable para el Estado. VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL/final_de_pagina/“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA” Sin embargo, lejos de consolidar una política pública inclusiva, el actual gobierno nacional ha desplegado una serie de medidas que afectan gravemente los derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Entre ellas, se destaca la suspensión masiva y arbitraria de Pensiones No Contributivas por Invalidez, que ha dejado a miles de personas sin su principal fuente de subsistencia. Hoy existen más de 500.000 personas con trámite iniciado a la espera de que el gobierno evalúe su solicitud de pensión. Lejos de ampliar derechos, el Poder Ejecutivo ha citado a unas 300.000 personas que ya contaban con su pensión para someterse a auditorías que, si bien pueden ser necesarias, se realizan sin garantías, con criterios opacos y con la intención de reducir el universo de beneficiarios, considerando a las pensiones como un gasto a recortar y no como un derecho social fundamental. Esta situación no solo viola la Convención y los principios de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos, sino que también denota una mirada profundamente estigmatizante hacia las personas con discapacidad. El maltrato institucional, la falta de atención, la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad – trasladada de la Jefatura de Gabinete a una secretaría con funciones acotadas– y la ausencia de una estrategia nacional de inclusión configuran un panorama alarmante. A ello se suma el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral instituido por la Ley Nº 24.901. La falta de actualización de aranceles, el retraso en los pagos y la imposibilidad de sostener estructuras profesionales han provocado la interrupción de tratamientos esenciales, afectando tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y a los propios prestadores. El sistema está en crisis, y se requieren medidas urgentes para evitar su colapso. VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL/final_de_pagina/“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA” Otro dato alarmante es la situación de quienes trabajan en Talleres Protegidos u otras formas de empleo con apoyo. El hecho de que una persona con discapacidad perciba ingresos de apenas $28.000 mensuales revela la insuficiencia de las políticas actuales y la ausencia de una verdadera estrategia de autonomía económica e inclusión laboral. Lejos de promover el desarrollo de las personas con discapacidad, estas condiciones perpetúan su exclusión. En este contexto, el presente proyecto de ley propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de restablecer, fortalecer y garantizar los derechos de las personas con discapacidad frente a un escenario de grave retroceso. Entre las medidas contempladas, se establece el financiamiento adecuado para el funcionamiento integral de la Agencia Nacional de Discapacidad; el otorgamiento, aumento y actualización automática de las Pensiones No Contributivas por Invalidez; la compatibilidad de dichas pensiones con ingresos provenientes de otras actividades; la compensación económica de emergencia a los prestadores del sistema de prestaciones básicas; y la actualización mensual de los aranceles conforme al índice de inflación. Se prohíbe, además, la suspensión de pensiones sin resolución fundada, sin notificación fehaciente y sin garantía de defensa previa. Esta previsión tiene por objeto frenar el mecanismo discrecional que hoy afecta derechos fundamentales de miles de personas. La discapacidad debe dejar de ser considerada una "cuestión secundaria" en la agenda del Estado. Requiere un enfoque transversal, inclusivo y participativo, en el que las propias personas con discapacidad y sus organizaciones representativas tengan un rol central. En tal sentido, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional de VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL/final_de_pagina/“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA” actuar toda vez que resulta imprescindible e ineludible avanzar en una norma que, con jerarquía legal y efectos inmediatos, fije las condiciones necesarias para consolidar políticas públicas eficaces, sostenidas y federales, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. Por las razones expuestas, y convencida de que la construcción de una sociedad verdaderamente justa e igualitaria requiere garantizar condiciones reales de equidad, participación y autonomía para todas las personas, sin exclusiones ni postergaciones, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley. Anabel Fernández Sagasti VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL/final_de_pagina/