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Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Sra. Presidenta:
La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos de la Argentina con más
población migrante. Según la Encuesta Anual de Hogares (2021) -de la Dirección General
de Estadísticas y Censos- se estima que de 3 millones de habitantes de nuestro distrito, más
del 12% son migrantes. Según el Registro de Electoras/es Extranjeras/es Residentes,
actualizado al 25 de abril del corriente1 , la cantidad de personas migrantes registradas para
votar en la Ciudad es de 485.923, de las cuales 264.080 pertenecen al género femenino,
221.842 al masculino y 1 al género no binario.
La comunidad migrante y refugiada que reside en la Ciudad de Buenos
Aires trabaja y aporta a diario para su construcción y desarrollo. En ese sentido, se
observan diversas situaciones de discriminación, racismo y xenofobia hacia la comunidad
Migrante y Refugiada por parte de distintas instituciones de la Ciudad producto de, en
muchas ocasiones, la reproducción de estereotipos acerca de esta población a través del
tiempo. Sólo para poner un ejemplo, según un informe del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) del año 2014 sobre “la situación de las
personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires”, en el caso de la población
joven, son quienes relatan haber experimentado como primer tipo de discriminación por
nacionalidad o ser migrantes, tanto en los ámbitos educativos, centros de salud, transporte,
ámbitos laborales y la vía pública.
A nivel nacional, la Ley de Migraciones N° 25,871 del 2003, sancionada en
el gobierno de Néstor Kirchner, reconoce la migración como un derecho humano e iguala
los derechos de las personas migrantes con las nacionales. En la Ciudad, se establece en su
Constitución que “Los extranjeros residentes gozan del derecho a sufragar” en los términos
que establece la ley.
Este proyecto de ley pretende sensibilizar sobre el trato que sufre
cotidianamente la comunidad migrante y refugiada en las distintas instituciones y Poderes
que forman parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ámbitos tales
como el judicial, educativo y sanitario podemos percibir de manera constante el maltrato, la
discriminación, la xenofobia, el racismo y la violencia institucional que a diario sufre cada
persona migrante. En ese sentido, se observa con preocupación la poca empatía que
demuestran los servidores públicos por el solo hecho de tener un distinto color de piel, el
habla y el origen de la comunidad migrante y refugiada.
Para ejemplificar la necesidad de aplicar la perspectiva migrante en la Ciudad,
durante el año 2021 se realizó la primera elección en el distrito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la plena aplicación del Código Electoral de la Ciudad, sancionado bajo
Ley N° 6.031. Entre las novedades del Código, se cuenta el empadronamiento automático
de las personas migrantes, una conquista histórica de ampliación de derechos políticos.
Sin embargo, las dos jornadas electorales (la de las Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias –PASO- y las Elecciones Generales) demostraron que el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) no
cumplimentó de forma efectiva con las responsabilidades que el Código Electoral le asigna
en materia de confección del Registro de Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros
Residentes, ni tampoco en la asignación de lugares de votación cercanos al domicilio.
Por su parte, la Ley 4409/12 ha establecido el 10 de enero como el “Día de las
Mujeres Migrantes” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo
de poner en agenda pública, visibilizar y concientizar sobre los crímenes de odio, la
discriminación, la violencia y la xenofobia que son especialmente susceptibles de
experimentar las mujeres migrantes.
Por otro lado, también corresponde mencionar el caso de las Oficinas de
Atención al Migrante. Según el artículo 4 de la ley N° 6.047, deben disponerse “Espacios
de Atención al Migrante en los Espacios Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los que tendrán como finalidad, brindar asistencia y acceso al Sistema Integral de
Información y Atención al Migrante”. Sin embargo, transcurridos 5 años desde su sanción,
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Pág.3/4/final_de_pagina/esta ley no se cumple en ninguno de sus aspectos. Lo mismo ocurre con la ley N° 3.574,
que crea los foros para la integración plena de los migrantes.
Desde el Gobierno de la Ciudad, se aborda este temática en la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en donde se trabaja en torno a la palabra
“Colectividades" para referirse a migrantes, lo que invisibiliza que las problemáticas
migrantes son distintas en cada colectividad. La Legislatura de la Ciudad debe comprender
esta heterogeneidad étnica y cultural teniendo en consideración, como antecedentes
normativos en materia de lucha contra la discriminación, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Ley N° 23,592 de Actos
Discriminatorios y la Ley local N° 5.261 contra la Discriminación. Así mismo tener
presente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) adoptada en diciembre de 1979 por Resolución 34/180 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La Argentina la aprobó mediante ley 23.179 de junio de
1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), ubicada en el
vértice de la pirámide jurídica.
Por todo lo expuesto, y para lograr una sociedad más justa e igualitaria es que
solicitamos se apruebe el presente proyecto de ley.
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