Fundamentos

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y lo hace sin alterar ninguno de los beneficios, requisitos ni garantías del régimen.

El RIGI fue creado por la Ley 27.742 vigente desde el 8 de julio de 2024, su artículo 168 fijó un plazo de adhesión de dos años y habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogarlo, por única vez, hasta por un año más. El Poder Ejecutivo ejerció esa facultad mediante el Decreto 105/2026, que extendió el plazo hasta el 8 de julio de 2027. En sus considerandos, el Decreto sostuvo que la continuidad de la atracción de inversiones de largo plazo exige tiempo adicional para la estructuración, evaluación y decisión de proyectos de gran escala. Ese mismo decreto precisó la reglamentación del régimen (Decreto 749/2024) y amplió su alcance a nuevos desarrollos de hidrocarburos costa adentro y a otras actividades. La facultad delegada en el artículo 168 era de ejercicio único y ya fue utilizada. Por lo tanto, la extensión posterior del plazo de adhesión solo puede disponerla el Congreso de la Nación, en ejercicio de las atribuciones del artículo 75, incisos 18 y 32, de la Constitución Nacional, que le encomiendan proveer lo conducente a la prosperidad del país, incluida la promoción de nuevas industrias y la atracción de capitales, y dictar las leyes necesarias para ello.

Los proyectos que busca atraer el RIGI tienen ciclos de maduración largos. Un inversor para realizar todas las etapas necesarias para la presentación de un proyecto, tiene que saber que el régimen seguirá disponible cuando esté en condiciones de adherir. A su vez, el Decreto 105/2026 incorporó sectores y actividades cuya incorporación es posterior a la sanción de la ley, en particular los nuevos desarrollos hidrocarburíferos, lo que se conoce como upstream, por pedido expreso del gobernador Rolando Figueroa, quien se lo propuso al Ministro de Economía Caputo en diciembre de 2025, y el gobierno nacional accedió a esta solicitud en febrero de este año, con la publicación del decreto mencionado. Esos proyectos cuentan con menos tiempo, desde su incorporación al régimen, para llegar a la solicitud de adhesión antes del 8 de julio de 2027.

El proyecto que aquí presentamos modifica únicamente el plazo para solicitar la adhesión. No crea beneficios nuevos, no amplía las actividades alcanzadas ni reduce los montos mínimos de inversión, y mantiene las condiciones y obligaciones de la Ley 27.742 y de su reglamentación. Los incentivos siguen supeditados a la efectiva ejecución de las inversiones comprometidas por cada Vehículo de Proyecto Único.

Ciertamente, la Provincia del Neuquén es el principal destino de los proyectos de inversión adheridos al RIGI, impulsado, como sabemos, por Vaca Muerta. Entre los proyectos adheridos se destaca el de Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Se aprobó con una inversión de US$ 12.240 millones, prevé perforar 620 pozos y exportar el 92% de la producción. Que una empresa pública provincial sea socia es relevante, porque parte de la renta queda directamente en manos de la provincia.

Otro caso es el de Tecpetrol y GyP. Su proyecto por US$ 6.432 millones se formalizó mediante la Resolución 1771/2026, con adhesión fijada el 9 de septiembre de 2026. A esto se suman las obras de evacuación, indispensables para que el crecimiento de la producción no se frene por falta de infraestructura. Entre los primeros proyectos aprobados figura el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), con US$ 2.486 millones. También entra la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con US$ 550 millones en Neuquén.

La novedad más reciente son los dos proyectos de TGS para tratar los líquidos del gas natural. El primero se ubicará en Tratayén e implica infraestructura para separar esos líquidos. El ministro Caputo estimó que ambos proyectos, con más de US$ 3.200 millones de inversión, generarán 19.000 empleos durante la construcción y US$ 1.100 millones anuales en exportaciones desde 2030.

Dichas inversiones repercuten de una manera determinante en el desarrollo de Vaca Muerta y, por supuesto impactan positivamente toda la provincia. El primer canal son los recursos públicos. En septiembre la provincia recaudó casi $746.400 millones, su mejor mes del año, y las regalías y el canon extraordinario aportaron el 56,2% del total. Estos fondos permiten realizar obra pública que multiplica las posibilidades de desarrollo. Rutas, escuelas, hospitales y servicios son la contracara concreta de esa renta. A su vez, el crecimiento de Vaca Muerta fue acompañado por más empleo formal y masa salarial. Cada proyecto de esta escala demanda años de construcción, servicios petroleros, transporte, hotelería y comercio. Y todo ello redunda en beneficio de las neuquinas y los neuquinos.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.