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Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Sra. Presidenta:
Es de notorio conocimiento y de amplio consenso, así como se encuentra normado en la
normativa vigente y mencionada en este proyecto, que la educación pública debe ser una
prioridad para garantizar el desarrollo de nuestra sociedad. Como tal, y entendiendo a la
educación como un bien público, social e indispensable, entendemos que es responsabilidad
del Estado garantizar el derecho a la misma.
El garantizar dicho derecho, por lo tanto, no se acota en mantener un libre ingreso, sino
que la permanencia en todos los niveles educativos, y sobre todo los obligatorios, dependen
de un conjunto de variables más complejas y que requieren atención. La obligatoriedad del
nivel inicial, primario y secundario establecida por la Ley de Educación Nacional 26.206
implica, además de la posibilidad de formar a cada niño, niña y adolescente, la
escolarización de un conjunto de personas con condiciones materiales y características
sociales diversas. Como se ha expresado en diversas oportunidades, y sobre todo durante
los años de pandemia y post crisis sanitaria, la desigualdad social no debe reproducirse
como desigualdad educativa. El Estado debe actuar desde una perspectiva de justicia
educativa, garantizando la inclusión y calidad de los procesos de aprendizaje. Así lo
manifiesta también la Constitución de nuestra Ciudad, al establecer que la Ciudad “asegura
la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y
egreso del sistema educativo” así como “asegura políticas sociales complementarias que
posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos” (Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 1996, art. 23). Esto significa, entre otras cuestiones, posibilitar
el acceso a recursos pedagógicos mínimos y necesarios para las actividades escolares.
Es de público conocimiento, también, la crítica situación económica en la que se
encuentra nuestro país, del que forma parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
detrimento en el poder adquisitivo de los salarios, así como el salto exponencial en los
índices de precios al consumidor en productos de consumo básico para las familias porteñas
en años precedentes, impactan en el acceso a bienes necesarios para la educación. Solo
como referencia, el Índice de Precios al Consumidor en CABA (IPCBA) para el año 2025
publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la CABA (IDECBA) mostró un
aumento interanual del 31,8%. Algunos rubros fundamentales para las familias, a su vez,
incluso están por encima de dichos índices: transporte (+34,8%), vivienda y servicios
(+34,1%). A esto se suma que, según el mismo organismo, el 27,1% de los niños, niñas y
adolescentes porteños viven en hogares bajo la línea de pobreza.
Los recursos que el presente proyecto de Ley considera a ser entregados como Canasta
Básica escolar, se evidencia que consisten en elementos mínimos e imprescindibles para
iniciar cualquier ciclo lectivo, y que incluso permiten solo el comienzo de este. A su vez, si
todos y todas los niños y adolescentes deben acudir a las escuelas, todos y todas de forma
universal requieren tener la posibilidad de contar con dichos artículos escolares. Se
entiende que por este motivo se envían a las escuelas distintos recursos, tales como libros
de texto y netbooks, pero que muchas veces estos no son suficientes, sobre todo por lo
esencial de los materiales que buscan garantizarse en este proyecto de norma.
Este tipo de programas existen y se implementan en diversas ciudades y localidades de
la Argentina, como son los casos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Chubut, por
mencionar solo algunos ejemplos. Consideramos necesario que la ciudad capital de nuestro
país implemente este tipo de políticas continuando con una tradición de educación pública
de nivel.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
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