Trámite parlamentario· Proyecto de Ley - Congreso Nacional
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Fundamentos
Fundamentos del proyecto
Señor Presidente:
El presente proyecto de Ley tiene por objeto transferir de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada mediante el artículo 19 de la Ley Nº 26.522 de la órbita de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la Digitalización; a la Defensoría del Pueblo de la Nación con sus estructuras funcionales, presupuesto, patrimonio, infraestructura, medios materiales y recursos humanos.
Conforme el artículo 86 de la Constitución Nacional, "El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas".
En ese espíritu, el artículo 14 de la ley 24.284 establece que el Defensor del Pueblo de la Nación, tiene competencia para "iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos".
Asimismo, el artículo 18 de la citada Ley determina que "Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u.
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Por su parte, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende en lo que hace al "derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones", según su artículo 2. Y, en particular y conforme al artículo 19 de la Ley 26.522, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene entre sus funciones: "a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial".
La normativa citada demuestra que ambos organismos entienden en la defensa de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes; mientras que la Defensoría del Público se enfoca en derechos humanos específicos como el acceso a la información y la libertad de prensa y expresión.
Por lo tanto, y en virtud del vínculo en la materia que guardan ambos organismos, la transferencia de la Defensoría del Público a la Defensoría del Pueblo de la Nación y su existencia como Defensoría adjunta del Público redundará en un mejor cumplimiento de sus propósitos. Además de sustentarse en argumentos vinculados a economía de recursos, sinergias de gestión y unificación de procedimientos administrativos; la presente transferencia es una oportunidad para fomentar una perspectiva amplia y moderna de los derechos humanos. Esto se logra fortaleciendo la Defensoría del Pueblo de la Nación al dotarla de una adjuntía con competencias específicas. Así, la ley 24.284.
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se limita a disponer de los Adjuntos lo siguiente: a) que "auxiliarán" al Defensor del
Pueblo "en su tarea", b) que lo podrán reemplazar en caso de cese, etc. y c) que tienen
a su cargo las facultades previstas en el artículo 24 ("[s]olicitar expedientes, informes,
documentos, antecedentes" de los distintos organismos contemplados en la ley, y
"[r]ealizar inspecciones, verificaciones y, en general, determinar la producción de toda
otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.").
Pues bien, y en un todo de acuerdo con antecedentes1, el Defensor del Pueblo debe
contar a su lado con auténticos aliados para el cumplimiento de sus funciones, y para
ello es necesario dotar a los mismos de mayores atribuciones que las enumeradas en el
párrafo anterior. Esto también resulta fundamental en virtud de prolongada ausencia de
designación del Defensor, que se extiende hasta la fecha.
Por esa razón, es que se está dotando al Defensor Adjunto del Público con funciones y
competencias específicas que le fuera asignadas por el art. 19 de la Ley 26.522, tal como
dispone el artículo 4 del proyecto que incorpora el Capítulo IV al Título I de la ley 24.284.
Ahora bien, en cuanto a los restantes puntos del proyecto, se destaca que, a los fines de
la congruencia, se uniforman los requisitos para la designación del Defensor Adjunto del
Público y los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Nación previstos en el art. 13 de
la ley 24.284. La excepción sobre este punto recae en los incs a) y b) por ser requisitos
ajenos a las funciones propias de la defensoría adjunta del público.
Este Proyecto, y en un todo de acuerdo con antecedentes legislativos2, no considera
aplicable las inmunidades previstas por el artículo
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legislación vigente para los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ello
porque que solo la norma constitucional puede establecer inmunidades: "...debe
descartarse que el legislador pueda conferir la inmunidad de arresto a autoridades
distintas a las establecidas en la Constitución Nacional ..." (CSJN 119/2017/CS1).
En cuanto a los recursos presupuestarios cabe destacar que, sin perjuicio de lo que
pueda preverse en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, la Defensoría
del Público cuenta con fondos de afectación específica según lo dispuesto por el inciso
e) del art. 97 de la Ley 26.522 que otorga un 5% de los fondos recaudados por la AFIP
por el "gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la
comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto", abonados por "los titulares de los servicios de
comunicación audiovisual" (artículo 94 de la citada Ley). En virtud de la transferencia que
dispone este proyecto, corresponde modificar el inc e) del art. 97 de la citada Ley.
Por último, y a efectos operativos del presente proyecto, se prevé el mecanismo de
transferencia correspondiente con las debidas garantías para los recursos involucrados.
En virtud de todo el argumento expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente Proyecto de Ley.
FIRMANTES:
Karina Banfi
COFIRMANTES:
Soledad Carrizo
"2024 Año del Treinta Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional Argentina"
Carla Carrizo
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