Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo, darle fuerza de ley al
“Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de
Riesgo por Violencia por Motivos de Género” (ACOMPAÑAR), puesto
en funcionamiento mediante el decreto 734/2020.
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En este sentido, nuestro pais se comprometió a elaborar, por todos los
medios apropiados, una política encaminada a eliminar la discriminación
contra la mujer, mediante el otorgamiento del rango constitucional a la
“Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la mujer”, en 1994.
Asimismo, en el año 1996, se aprobó la “Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”
conocida como “Convención de Belem Do Pará”, mediante la Ley
Nacional 24.632, comprometiendo al estado nacional a actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer
Por último, en materia de legislacion argentina, la Ley Nacional N°
26.485 de Proteccion Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpensonales”, sancionada en 2009, establece como
objetivo promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre
mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida
Este marco normativo que tiene nuestro país, genera como principal
responsabilidad la generación de una política pública efectiva que
permita el abordaje integral de la lucha contra la violencia por motivos
de género.
Es en este sentido, que pretendiendo contribuir al desarrollo de estas
políticas públicas, destacamos el Programa Acompañar, creado
mediante el Decreto 734/2020, focalizado principalmente en brindar una
compensación económica que promueva la independencia económica
de las mujeres y personas LGBTI+, para disminuir la condición de
vulnerabilidad y desigualdad económica que se da en situaciones de
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violencia por motivos de género y que. sumado a la feminización de la
pobreza, dificulta la salida de este tipo de contextos.
Es necesario realizar, desde el Estado Nacional, un trabajo de
fortalecimiento de las autonomías que fueron tan vulnerabilizadas,
brindando acompañamiento psicosocial, promoviendo herramientas
para la igualdad y el abordaje integral de las violencias.
Según una nota publicada en el Diario , la periodista Mariana
Carbajal expresó que entre enero y abril del 2024 “hubo 117.905
solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es
decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban
en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron
en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago
correspondiente” y continuó afirmando que desde que se fundó el
programa hasta diciembre de 2023 “hubo 352.385 destinatarias del
programa Acompañar: fue la política más importante en términos
presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros
y Diversidad”.
Según el informe estadístico 2023 del Sistema Integrado de casos de
violencia por motivos de género, del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad, “más de la mitad de las personas asistidas (53,9%)
manifestó ser destinataria de un programa o asignación estatal. El
95,7% declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus
gastos. Por otro lado, este informe también da cuenta de que “el 78,2%
de las personas en situación de violencia asistidas tiene al menos un
hijx. El 38,5% refirió tener niñxs de 6 a 14 años a cargo, mientras que el
35,2% manifestó tener bajo su cuidado a niñxs menores de 6 años. El
3,2% se encuentra cursando un embarazo o bien lo atravesó
recientemente”.
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Entendiendo la importancia de estos números es que proponemos la
presentación de este proyecto de ley, aumentando la prestación
económica al valor de dos (2) salarios mínimos vitales y móviles,
teniendo en cuenta que no solo implica la manutención alimentaria, sino
también, la atención de todas las necesidades básicas, tales como la
posibilidad de acceder a un vivienda, comprendiendo que según el
informe antes comentado “se observa que en más del 40% de los casos
la persona en situación de violencia reside en una vivienda cedida o
prestada”.
Por otro lado, también proponemos la posibilidad de prórroga de los
meses de beneficio por seis meses más, con la conformidad de la
autoridad de aplicación del presente proyecto de ley, entendiendo la
temporalidad necesaria para crear condiciones suficientes para lograr el
principio de autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+.
Resulta fundamental seguir contribuyendo a la creación y fortalecimiento
de las herramientas que permitan que todas las mujeres y personas
LGBTI+ puedan vivir en una sociedad libre de violencias por motivos de
género, logrando una igualdad plena para garantizar el buen vivir de
todos y todas quienes somos parte de nuestro país.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
María E. Duré. - María F. López. - Alicia M. A. Kirchner. - Lucia B.
Corpacci. María I. Pilatti Vergara. - María C. Giménez Navarro. - Candida
C. López. María T. M. González. - Silvia Sapag. - Jesús F. Rejal. – Oscar
I. Parrilli. - Marcelo N. Lewandowski. -
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