DEROGUESE EL DECRETO 383/2025 QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA.

Un nuevo Decreto con la firma el Presidente de la Nación Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich avasalla los derechos y la democracia en la Argentina. Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial el 17 de junio de 2025, aprueba un Estatuto de la Policía Federal Argentina, en nombre de la “eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra la criminalidad organizada”, el cual se encuentra como anexo del decreto y redefine competencias y funciones dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, más allá de sus fundamentos formales, este decreto implica un grave avasallamiento de principios básicos del Estado de Derecho y del sistema republicano de gobierno. Esta norma otorga discrecionalidad operativa a fuerzas de seguridad federales, fuera del control judicial y legislativo, bajo el pretexto de combatir la "criminalidad organizada", concepto que el gobierno ha utilizado en reiteradas ocasiones para criminalizar la protesta social y las voces disidentes. En su afán de concentrar mayores atribuciones en la figura de la Ministra Patricia Bullrich y en el Ministerio de Seguridad, el nuevo Estatuto aprobado por el Decreto 383/2025 otorga a la Policía Federal funciones ampliadas en materia de prevención del delito, incluso respecto de aquellos ilícitos que son competencia exclusiva de los jueces federales. Según lo establecido en los artículos 3° y 5° del Estatuto, la Policía Federal podrá intervenir, sin orden judicial previa, en tareas de investigación, análisis e inteligencia criminal, actuando bajo directrices políticas del Ministerio de Seguridad y autodefiniéndose como “auxiliar de la Justicia”. Esta disposición supone una peligrosa ampliación del rol policial, en desmedro del control judicial y en contravención con las garantías constitucionales. El Artículo 5, inciso 3° del Estatuto otorga a la Policía Federal Argentina la potestad de desarrollar acciones de inteligencia criminal, habilitándola explícitamente a realizar tareas de inteligencia interior sin orden judicial. Esta disposición no solo contraviene la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) sino la propia Constitución Nacional. Como en una dictadura. Por su parte, el Artículo 6 del Estatuto permite la detención de personas por un plazo de hasta 10 horas en base a sospechas meramente subjetivas, lo cual vulnera el principio de legalidad y el derecho a la libertad personal consagrado en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, habilita a la Policía Federal a efectuar requisas personales sin orden judicial, en casos de “presunción” durante manifestaciones o movilizaciones públicas, lo que configura una violación directa al Artículo 19 de la Constitución, que protege la privacidad, la autonomía personal y prohíbe injerencias arbitrarias./final_de_pagina/Habilita a Policía Federal Argentina a: • Efectuar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior. • Tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En otras palabras, habilita el ciberpatrullaje mediante vigilancia de redes mediante monitoreo ideológico. • Registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir. Por estos motivos el presente Proyecto de Ley tiene por objeto declarar la invalidez y nulidad del Decreto 383/2025, por exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, violar principios constitucionales y representar un peligro para la vigencia efectiva de los derechos humanos y las libertades en la República Argentina. Fuimos testigos de cómo, durante su mandato, el expresidente Mauricio Macri fue procesado por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Aquella causa no solo reveló prácticas incompatibles con un Estado democrático, sino que también provocó un escándalo internacional y una grave vulneración de derechos fundamentales. Actualmente estamos ante un Gobierno que ordena a las Fuerzas de Seguridad a atacar a jubilados, docentes, periodistas, menores y a detenciones arbitrarias. Las medidas antidemocráticas siempre encuentran relato ante Gobiernos de derecha, que cercenan la libertad de opinión, de expresión e intentan proscribir al Peronismo. Incluso el pasado sábado 14 de junio, en la intersección de Rondeau y Almirante Brown, en la ciudad de Paraná, la policía provincial —bajo las órdenes del gobernador Rogelio Frigerio y del Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia— se desplegó un operativo desproporcionado contra cinco militantes peronistas que expresaban públicamente su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Los militantes fueron esposados, retenidos durante más de seis horas, y rastreados mediante cámaras de vigilancia. El despliegue incluyó cinco patrulleros y más de veinte agentes, lo cual evidencia una respuesta represiva desmedida que responde a una estrategia deliberada de amedrentamiento y disciplinamiento social, con un claro carácter persecutorio e intimidatorio hacia quienes disienten del gobierno. A horas de la masiva movilización que acompañará a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py, este decreto tiene la intención de intimidad al Pueblo Argentino que quiere expresarse ante la injusta condena a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y permite entrar en nuestras redes, averiguar nuestros datos y revisar nuestras pertenencias,/final_de_pagina/siendo todos sospechosos para el Ministerio de Seguridad. Es evidente que las Fuerzas de seguridad, en manos de Patricia Bullrich, busca disciplinar las movilizaciones y criminalizar la protesta social, imponiéndose incluso por encima del Poder Judicial. Con estas medidas, continúan allanando el camino hacia una Dictadura. El Presidente Javier Milei es el responsable de este autoritarismo, no podemos permitir que la historia se repita. Por la defensa del Estado de Derecho, solicito a las y los diputados y diputadas que acompañen este proyecto de Ley. - BLANCA OSUNA HUGO YASKY CAROLINA YUTROVIC DANIEL GOLLÁN ANDREA FREITES JUAN MARINO ROXANA MONZÓN JORGE ARAUJO HERNÁNDEZ HILDA AGUIRRE LORENA POKOIK MARTÍN SORIA ANA MARÍA IANNI GUSTAVO GONZÁLEZ CAROLINA GAILLARD VARINIA LIS MARIN/final_de_pagina/