Fundamentos del proyecto
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene dos objetivos. En primer lugar,
actualizar las multas que dispone la ley 26.045 del Registro Nacional de
Precursores Químicos, estableciendo un mecanismo de cálculo de las
mismas que se mantenga actualizado, sin necesidad de nuevas
reformas a la ley y de esta manera dotar al Estado de una herramienta
más para desalentar el incumiplimiento a la normativa vigente, que tiene
por fin último frenar el avance del narcotráfico en nuestro país.
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En particular, está dirigido a hacerle frente a una amenaza latente que
es que nuestro país se convierta en una ruta relevante de ciertas
sustancias químicas que se utilizan para la producción de drogas o para
su consumo de manera ilícita, como sucedió con la efedrina y podría
ocurrir con el fentanilo, con el serio riesgo de convertirnos en la puerta
de ingreso de esta sustancia para que de aquí se envíe a países como
los Estados Unidos, México o Canadá.
La ley 26.045 del Registro Nacional de Precursores Químicos fue
sancionada en el año 2005 y dispone en el artículo 14 las sanciones que
aplicará el Ministerio de Seguridad (todas las competencias de la
SEDRONAR respecto del control del narcotráfico fueron transferidas a
la Secretaría de Seguridad de dicho Ministerio), que son apercibimiento;
apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga; multa
de diez mil pesos ($10.000) a un millón de pesos ($1.000.000);
suspensión de la inscripción en el Registro Nacional de quince (15) días
a un (1) año y cancelación definitiva de la inscripción en el Registro
Nacional.
Como podemos apreciar, las multas quedaron totalmente
desactualizadas y hoy en día no significan un castigo para quienes no
cumplen con las normas. Es por eso que propongo modificar el inciso c
del artículo 14 para establecer un mecanismo de determinación del
mínimo y el máximo de las multas a aplicar que se mantenga actualizado
y que las mismas sean acordes a la falta cometida.
En el contexto en el que vivimos en nuestro país, donde la inflación
acumulada en el primer semestre de 2024 fue de un 79,8%, necesitamos
un indicador que se actualice de forma automática, es por ello que
propongo tomar el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, para determinar
que el mínimo de la multa sea establecido en un valor equivalente a diez
veces este valor y el máximo de la multa hasta mil veces este valor. Hoy
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con un SMVM establecido en $268.056,50 (para el mes de septiembre
de 2024), estos montos ascenderían a $2.680.565 el mínimo hasta
$268.056.500 el máximo.
Nuestro país ya ha sufrido una grave crisis a raíz de la falta de control y
seguimiento adecuado de precursores químicos utilizados para la
producción de diferentes sustancias como medicamentos, insumos para
el agro, etc. Todos recordamos la triste secuencia de la efedrina, que
terminó de destapar un negocio millonario y que fue noticia por el triple
crimen de General Rodríguez en el año 2008. En aquel momento se
aprovechó el vacío legal existente respecto de la importación y
exportación de precursores químicos, junto con las características de
nuestro mercado local por ser muy pequeño y el tener una ruta segura
por origen. Esta situación no ha mejorado con el tiempo.
Más recientemente, en el año 2019, tuvimos otro episodio de alarma,
con el escándalo de Goldpharma, en donde Argentina era utilizada como
base de triangulación con destino final en los Estados Unidos, país que
padece hace años una grave crisis sanitaria en relación al consumo de
opiáceos. En este caso, a través de una red muy elaborada, en la que
participaban varias empresas, entre ellas Goldpharma, una farmacia
online por la que se vendían y enviaban fármacos de manera ilegal, tales
como oxicodona, hidrocodona y codeína, todos de la familia de los
opiáceos, hacia EE.UU. También enviaban tramadol, alprazolam,
carisoprodol, zolpidem y diazepam. Luego lavaban el dinero obtenido a
través de dos compañías financieras, el Grupo Smile y Financiera DTS
y de fideicomisos dedicados a la construcción de viviendas en Argentina.
Hoy en día la amenaza del fentanilo vuelve a poner el tema en agenda.
En nuestro país el mercado de esta sustancia se da con la importación
de pequeñas cantidades para las necesidades locales. Sin embargo, ya
hay señales de alarma que indican que algunas empresas están
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importando mucho más de lo que puede ser utilizado legalmente para
los insumos médicos.
Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC)1, “los opioides siguen siendo el grupo de
sustancias que más contribuye a la gravedad de los daños relacionados
con las drogas, incluidas las sobredosis mortales”, y “son los
responsables de casi el 70% de las 128.000 muertes atribuidas a
trastornos por consumo de drogas en 2019”.
Por otro lado, según este informe “las drogas sintéticas ofrecen a los
delincuentes varias ventajas, entre ellas, gastos operacionales más
reducidos, menos obstáculos a la producción y menor riesgo de
detección, interceptación y persecución penal porque se pueden
producir más cerca del lugar de destino. Las medidas de reducción de
la oferta se topan con obstáculos cada vez mayores debido a que los
delincuentes emplean nuevos medios de fabricación que son más fáciles
de ocultar, utilizan sustancias químicas que quedan fuera del alcance de
las medidas de fiscalización en vigor u obtienen insumos de un sector
químico y farmacéutico en expansión en el que resulta más fácil ocultar
las desviaciones. La síntesis de drogas ofrece mayor flexibilidad en el
sentido de que no está ligada a una ubicación geográfica concreta y los
plazos de producción son menores. La interceptación resulta menos
eficaz, dado que la fabricación ilegal puede reubicarse y el producto
puede sustituirse con rapidez”.
1 UNODC, Informe mundial sobre las drogas 2023 (publicación de las Naciones Unidas, 2023).
https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_ExSum_Spanish.pdf
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La gravedad de la situación del fentanilo puede entenderse mejor con
los números que surgen del informe mencionado. Según el mismo, “La
crisis de los opioides en América del Norte (...) ha estado impulsada por
el número de muertes por sobredosis, mayormente atribuidas al
consumo de fentanilos. En los Estados Unidos se registraron más de
80.000 muertes por sobredosis de opioides en 2021 (...). La mayor parte
de las muertes, 70.000, se atribuyeron a fármacos opioides que
contenían opioides sintéticos (principalmente fentanilos). En el Canadá
también se ha registrado una tendencia ascendente en las muertes por
sobredosis relacionadas con la proliferación de los opioides sintéticos,
principalmente el fentanilo. Esta sustancia se encontró en el 86 % de las
muestras tomadas de personas que habían fallecido a consecuencia de
una sobredosis de opioides en el primer semestre de 2021(...)”.
La vulnerabilidad de nuestro país relacionada a la falta de regulación,
sumado a la constante evolución de la delincuencia trasnacional,
imponen una agenda activa y permanente para hacerle frente a la
amenaza del narcotráfico. Es por eso que proponemos actualizar las
multas de la ley 26.045 a fin de desalentar cualquier tipo de
incumplimiento a las normas que regulan las operaciones en donde se
utilicen precursores químicos, y así evitar cualquier desvío de los
mismos hacia la producción ilegal de estupefacientes o para su consumo
directo.
En este sentido es fundamental destacar que el RENPRE cumple una
función importante en la lucha contra el narcotráfico y es por ello que
debe contar con los recursos necesarios para que pueda cumplir con su
función. Aclarado esto, quería mencionar que la actualización de las
multas también redundará en un fortalecimiento del registro, permitiendo
que pueda contar con más recursos y mejorar cada día su labor de
control de los precursores químicos que ingresan y circulan en el país.
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El segundo objetivo de este proyecto está relacionado con el otro lado
de la moneda, la problemática de las adicciones que azota a nuestra
población y no encuentra correlato en la seriedad con que debe
abordarse este flagelo. Creo que cualquier política pública seria contra
el narcotráfico debe ser integral y no solo debe estar destinada a
disminuir el tráfico sino a también a disminuir el daño que la droga
genera en nuestra sociedad. Es por ello que propongo una modificación
al artículo 18 de la ley, para asegurar que mínimamente el 30% de los
ingresos generados por las multas sea destinado a financiar el abordaje
del consumo problemático de sustancias, dotando así a la Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)
de más recursos para poder cumplir su compleja y vital tarea.
Como ya mencioné, a través del Decreto 342/2016 se cambió la
autoridad de aplicación de la ley 26.045, trasladando todas las funciones
que antes tenía la SEDRONAR respecto del RENPRE a la
Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad. A partir de allí,
corresponde a esa Subsecretaría aplicar las sanciones administrativas
previstas en la ley para los casos de incumplimientos. Por lo tanto, la
distribución del producido de las multas aplicadas depende de la
voluntad y la discrecionalidad de ese Ministerio.
Sumado a ello, nos encontramos con un recorte en el Presupuesto
Nacional para solventar las actividades que quedaron en la órbita de la
SEDRONAR, vinculadas a la prevención y al tratamiento de los casos
de consumo problemático de sustancias. Esa función tan importante,
más en tiempos de crisis como los que estamos atravesando, en donde
los niveles de consumo aumentan considerablemente, quedará
gravemente desfinanciada con la política de recorte de este gobierno, si
se aprueba la Ley de Presupuesto como fue presentada el domingo 15
de septiembre por el Presidente de la Nación.
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Para evitar este dilema, propongo que se garantice el financiamiento de
estas políticas de prevención, tratamiento e integración social, a través
de la fijación de un porcentaje mínimo del 30% que garantice que lo
recaudado se pueda destinar a paliar el impacto que estas y otras drogas
generan en nuestra sociedad.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Maximiliano Abad
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