Ministerio Público

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal, cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del Estado y la Sección Cuarta, artículo 120, trata del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República Argentina, integrado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). El Ministerio Público Fiscal de la Nación es el órgano constitucional encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (artículo 120 Constitución Nacional y Ley 27.148). Sin perjuicio de las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal, se destaca especialmente el ejercicio de la acción penal pública actuando como parte acusadora en el proceso penal. En los últimos años, y fundamentalmente en razón de la necesidad de investigar modalidades delictivas y organizaciones criminales más complejas y sofisticadas, el organismo fue experimentando un constante y significativo incremento de su nivel de actividad y despliegue. El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales, sobre la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros, que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos responsables de la persecución penal. Asimismo, resulta necesario destacar en torno a la implementación del sistema procesal federal de tinte acusatorio previsto en la ley 27.063 (B.O. 10/12/2014) que, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24, se modificó la Ley 27.150 y se le otorgaron facultades al Ministerio de Justicia de la Nación para llevar adelante la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024 y 64/2024, el Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. A su vez, a través de las resoluciones N°165/2024 y 216/2024, el Ministerio de Justicia dispuso la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción Mendoza, a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente. A fines de 2024, el Ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024. Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció que la entrada en vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico sería a partir del 11 de agosto de 2025; y en los distritos de Corrientes y Resistencia a partir del 1° de diciembre del mismo año. También fue dispuesta la plena entrada en vigencia del CPPF en la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Posadas, a partir del 16 de marzo de 2026 a través de la Resolución MJ 530/25 luego diferida a partir del 24 de agosto de 2026 por medio de la Resolución MJ 1/26; en la jurisdicción de La Plata, a partir del 18 de mayo de 2026 por Resolución MJ 530/25 luego diferida al 30 de noviembre de 2026 mediante Resolución MJ 1/26; y en la jurisdicción de Córdoba, a partir del 15 de junio de 2026 por Resolución MJ. 1/26. Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”. En esa directriz, se advierte que este nuevo Código redefine el papel del Ministerio Público Fiscal y lo posiciona en un lugar central dentro del nuevo sistema procesal. Además del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación. Ello exige diseñar un nuevo esquema de funcionamiento de la Institución, en el que será necesario crear ámbitos dinámicos e interdisciplinarios de trabajo, diferentes a la estructura estática propia del sistema inquisitivo, en la cual esta organización se constituyó como reflejo del Poder Judicial. Esta reconfiguración constituye una condición que permitirá alcanzar los objetivos de la nueva política criminal, orientada especialmente a la investigación y persecución de la criminalidad organizada. Este nuevo contexto determina la necesidad de procurar una reorganización interna y una adecuación de las competencias específicas del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación y persecución del delito. Asimismo, con el fin de afrontar eficazmente el nuevo desafío institucional, resulta indispensable contar con recursos humanos capacitados y entrenados específicamente en estas áreas de la criminalidad, así como mejorar la infraestructura edilicia general del organismo, contar con equipamiento y medios tecnológicos acordes a las crecientes necesidades. Por último, en virtud de la sanción de las leyes 27.272, 27.307 y 27.308, modificatoria del procedimiento de flagrancia, de “Fortalecimiento de los tribunales orales federales”, de “Unificación de los fueros criminal y correccional de la justicia nacional”, se instauraron trascendentes reformas procesales que determinaron la necesidad de este Ministerio Público Fiscal de reforzar su actuación y representación procesal por medio de un plan de implementación progresiva de la puesta en funciones de los Auxiliares Fiscales, que son los funcionarios que colaboran con los magistrados del organismo actuando bajo sus instrucciones, supervisión y responsabilidad, conf. artículo 44, inc. g y artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En este orden, mediante la Resolución PGN 66/18, se advirtió la existencia de dificultades de orden práctico cuya superación resulta de gran importancia a los efectos de materializar los actos procesales en los plazos previstos en el código de forma. En ese marco, cabe hacer notar que, si bien se han tomado medidas para reducir el impacto generado por las reformas legales y así optimizar la intervención del Ministerio Público Fiscal, el nuevo trámite ha impuesto una organización de trabajo que quita dedicación a las restantes causas de las fiscalías y altera las tareas que regularmente se venían llevando en las dependencias requiriendo, en consecuencia, que se profundicen los esfuerzos para incrementar la asistencia a los señores fiscales. Lo señalado precedentemente define los ejes centrales sobre los cuales se formula la política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el próximo ejercicio, y es el fundamento y razón de los niveles de recursos financieros necesarios para atender las erogaciones en materia de recursos humanos, infraestructura edilicia, informática, comunicaciones y soporte tecnológico, requerimientos periciales, movilidad y traslado de integrantes del organismo, así como del conjunto de recursos necesarios para una investigación eficiente y eficaz de los delitos y para realizar el adecuado control de legalidad en un gran número de casos en materia no penal, pero que son tan importantes como estos y cuantitativamente muy significativos, tales como: los juicios en materia previsional, contencioso administrativo federal, electoral, laboral, civil y comercial, y ejecución fiscal. Los principales objetivos de la política presupuestaria proyectados para el ejercicio 2027 son un continuo de los objetivos que habían sido oportunamente fijados para ejercicios anteriores y consisten en: Avanzar con la implementación progresiva, conforme a las resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación, de las reformas previstas en el Código Procesal Penal Federal de la Nación (sancionado por ley 27.063), el cual adopta un sistema procesal acusatorio guiado, sustancialmente, por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización; en miras de llevar a cabo procesos ágiles y rápidos que podrán ser resueltos en audiencias orales y públicas y donde las víctimas tendrán amplios derechos de intervención. En particular, para el 2027 se priorizará la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones que en lo sucesivo se vayan poniendo en funcionamiento, en todo lo que concierne a cuestiones de infraestructura edilicia, actualización y modernización en material de tecnología y mobiliario, dotación de recursos humanos, entre otros. Fortalecer y mejorar la capacidad operativa y los niveles de eficacia y eficiencia de las áreas de apoyo administrativo y logístico del organismo, así como también intensificar e incrementar las acciones de capacitación estratégica de todo el personal del Ministerio Público Fiscal, a través de la profundización y ampliación de la nueva política de formación integral orientada a optimizar y modernizar el perfil profesional y adecuarlo al requerido para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, se prevé profundizar y generalizar las actividades de formación técnica, para que todos los agentes del Ministerio resulten capacitados en el Código Procesal Penal Federal. Ampliar y articular la organización y funcionamiento de dispositivos de asistencia y apoyo técnico y científico en materia forense a la función de investigación a cargo de los fiscales. Los equipos técnicos responsables de la organización de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encuentran abocados al logro de estos objetivos generales, desarrollando tareas de coordinación de los pedidos de estudios periciales, digitalización de causas complejas, producción de protocolos de actuación para la preservación de la prueba técnica; promoción y coordinación tanto de acciones de uso compartido de recursos con los Laboratorios Forenses del país como de la celebración de convenios con instituciones de apoyo técnico locales y extranjeros. En ese sentido, se concentrarán recursos en el fortalecimiento de los equipos técnicos de la DATIP, teniendo en miras la mayor centralidad del rol de apoyo en el nuevo sistema acusatorio. Para ello, se prevé para el ejercicio 2027 la renovación de las licencias Cellebrite Inseyets (antes Licencias UFED) y Cellebrite Pathfinder. Continuar con el plan de implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos administrativos y jurisdiccionales bajo los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ello como sinónimo de compromiso para lograr resultados relevantes y contribuir en la solución de problemas en forma eficiente y eficaz. Incrementar los servicios y funcionalidades que posee actualmente la Red Informática Nacional del MPF a través del portal institucional, de la intranet y el internet mismo, como así también, de las aplicaciones en proceso de desarrollo para su incorporación al Organismo. Para dicha implementación se deberán potenciar algunos servidores actuales e incrementar el ancho de banda de los accesos a Internet y de los de los enlaces IP/MPLS de cada sitio del MPF. Dar continuidad al plan de renovación del equipamiento informático del MPF a cuyo fin se prevé la adquisición de impresoras de red y de escritorio, como así también equipos de computación y la adquisición y renovación de licencias de software. Profundizar la implementación de herramientas que promuevan y faciliten la gestión de documentación electrónica a distancia, el teletrabajo, la desformalización de las actuaciones y el expediente digital. Avanzar en la implementación de la tecnología wifi en las dependencias del Organismo, debiendo proveerse el equipamiento y materiales que posibiliten su aplicación. Continuar con la implementación, mantenimiento y actualización de los sistemas COIRON, que es el software de gestión seleccionado para el nuevo régimen acusatorio y del Sistema de Gestión No Penal (SINOPE). Ampliar la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales. Continuar con el proyecto de comunicación telefónica mediante VOIP (voz sobre IP), en todas las dependencias del MPF, incorporando servicios de videollamadas, mensajería instantánea, movilidad, entre otros. Contar con infraestructura propia, pieza clave en la implementación del sistema acusatorio que se pretende y conforme vaya surgiendo del cronograma de incorporación por jurisdicciones previsto, como condición necesaria para el cabal cumplimiento de las metas, objetivos y obligaciones asumidas. En la medida que se avance en esta línea, se irá paliando adicional y paulatinamente el déficit de infraestructura en materia edilicia que afecta al organismo desde su creación. Continuar con las refacciones y remodelaciones en edificios propios y cuya materialización se encontraba postergada, pero que resulta indispensable atender a los fines de revertir el deterioro progresivo que se evidencia y que, en algunos sitios, pone en riesgo el adecuado funcionamiento de las dependencias que allí se ubican y que no pudieron ser atendido en ejercicios previos. Entre ellos, las fachadas de las sedes de H. Irigoyen 760, Guido 1577 y Perón 667, y del edificio de Tucumán 1393. Realizar las mudanzas de algunas dependencias a inmuebles locados que unifiquen sedes del Organismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como también en el interior del país, en aquellos casos que no pueden seguir funcionando adecuadamente en el sitio donde se encuentran emplazadas; y se gestionarán todas aquellas mudanzas que deriven de la implementación del Código Procesal Penal Federal de la Nación sancionado por ley N° 27.063, en Argentina. Ejecutar el mantenimiento, refacción y mejora continua de los espacios hoy asignados y en las que tienen asiento las distintas dependencias, fiscalías y oficinas que integran este Ministerio Público Fiscal, ya sea en espacios propios como en sitios locados. El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo con los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149 artículo 1º). Además, tiene entre sus principales funciones: - Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos. - Desarrollar programas y actividades sobre el acceso al derecho y a la justicia, ejecutando políticas de fortalecimiento y comunicación institucional para acercar a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa con los distintos sectores sociales, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad; promoviendo la participación de organismos públicos y privados involucrados con la defensa y protección de derechos, mediante la colaboración interinstitucional y el trabajo en red. - Diseñar y ejecutar políticas públicas para la protección de sectores en condición de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión de casos. - Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos. - Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias conforme a la legislación vigente. - Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme a las leyes pertinentes para su protección integral. - Intervenir judicial o extrajudicialmente, según el caso, en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias. - Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. - Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso. - Brindar asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que, por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad, hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las leyes y reglamentación vigentes. - Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo. - Ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial. - Intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación. - Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los/as asistidos/as o defendidos/as alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad. - Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren. - Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo. - Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo con la normativa específica y la que surge de la función. Las funciones son ejercidas por los defensores que integran la institución, así como por letrados convocados para casos concretos. En ese marco, los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante 2027 son los siguientes: - Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la dotación de personal y de bienes de capital, tales como adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología, informática y comunicaciones, todas accesibles; dotación de personal para la conformación de equipos interdisciplinarios, cuerpo de peritos y consultores técnicos, investigadores e intérpretes lingüísticos. Promover acciones para el acceso a laboratorios (conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149, artículo 10). - Fortalecer la Escuela de la Defensa Pública y continuar con el diseño y ejecución de programas y actividades de formación y capacitación para los integrantes de la institución, bajo la modalidad presencial o de educación a distancia con la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de brindar un servicio profesionalizado, con perspectiva de género, de calidad y eficiente, y garantizar la óptima prestación del servicio de defensa pública; y dar cumplimiento a las capacitaciones legales obligatorias correspondientes (artículo 71, LOMPD). Asimismo, se prevé implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa. - Continuar con la sustanciación de los concursos para la selección de ternas de candidatos para cubrir las vacantes de magistrados; así como con la realización de exámenes de ingreso para los demás agrupamientos, en cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (Ley N° 26.861, reglamentada por Resolución DGN Nº 1124/15). - Promover políticas y acciones concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia y en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tanto para sus integrantes como para los usuarios del servicio de justicia. - Instar y adoptar las medidas que resulten necesarias para la implementación del Código Procesal Penal Federal de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia en lo que respecta al ámbito de actuación funcional del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes. - Fortalecer la asistencia y el patrocinio jurídico que se brinda a víctimas de delitos, que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa; adoptando las medidas que correspondan al organismo para la implementación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372. En ese sentido, se prevé continuar con la dotación de recursos humanos y materiales para instaurar las Defensorías Públicas de Víctimas en cumplimiento de la ley referida. - Intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. - Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado y de apátrida en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión. - Brindar asesoramiento y asistencia en los trámites administrativos y judiciales de expulsión (artículo 64 de la Ley de Migraciones Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública, y brindar asesoramiento y asistencia a personas migrantes en los trámites administrativos ante la Dirección Nacional de Migraciones, cuando corresponda en virtud de la Ley Nº 27.149, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley de migraciones referida. - Asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional. - Garantizar el ejercicio de una defensa técnica eficaz en el procedimiento administrativo de imposición de sanciones disciplinarias a personas privadas de su libertad asistidas por la defensa pública. - Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional. - Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, conforme a la reglamentación específica. - Continuar con el diseño y ejecución de políticas públicas e institucionales para la protección de grupos en condición de vulnerabilidad y garantizar su acceso pleno a la justicia, fortaleciendo, entre otras acciones, los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación existentes (Comisión de Cárceles; Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión sobre Temáticas de Género; Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio; Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; Programa sobre Diversidad Cultural; Programa para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de la Libertad; Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; Programa de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales; Programa contra la Violencia Institucional; Área de Abordaje Territorial y Trabajo Jurídico Comunitario; y Programa de Resolución Alternativa de Conflictos) o creando otros que se estimen conducentes para el logro de los fines propuestos, y a fin de coadyuvar para una mejor gestión de casos. - Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de forma individual o colectiva; incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de tales derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano); y fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, creando, en caso de resultar pertinente, equipos de trabajo para la defensa de sus derechos. - Instar acciones que propendan a la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y diversidad cultural. - Ejercer las funciones previstas por la Ley Nº 27.149 en orden al Órgano de Revisión de Salud Mental creado por la Ley Nº 26.657. - Defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y continuar con la promoción de políticas de colaboración y fortalecimiento institucional de la defensa pública autónoma e independiente (como garantía de acceso a la justicia), en el ámbito provincial, regional e internacional, impulsando el vínculo con instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, y con organizaciones regionales e internacionales. - Impulsar la cobertura del servicio, en igualdad de armas con la acusación, con especial énfasis en el sistema acusatorio y los procedimientos de flagrancia. - Conformar cuerpos técnicos específicos, unidades interdisciplinarias y de investigación, y grupos de abordaje territorial, para coadyuvar con la cobertura del servicio de defensa pública. - Desarrollar y/o fortalecer políticas de transparencia, acceso a la información pública y control de gestión del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes, dando cumplimiento con la normativa específica que rige en cada caso. - Fortalecer las acciones que realiza la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras Formas de Violencia Institucional y continuar con acciones concretas, con el fin de visibilizar esta terrible práctica y de sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la tortura en nuestro país. Asimismo, continuar la labor orientada a la prevención eficaz de los actos de violencia institucional, así como promover los derechos de las personas víctimas de hechos de violencia institucional y su atención integral. - Promover acuerdos de colaboración y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional de la defensa pública y la formación permanente de los integrantes del MPD; así como para promover la elaboración de proyectos con financiación de asociaciones, organismos y entidades nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a cumplir la misión institucional del MPD. - Brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley Nº 26. 827 y su reglamentación. - Continuar realizando acciones con el objeto de garantizar el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger los derechos humanos; y seguir reforzando los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos, procurando que sea accesible, inclusiva, comprensible y de calidad. - Promover el enfoque restaurativo, fundamentalmente, en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.