Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia tiene como misión asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la formulación, coordinación e implementación de políticas públicas vinculadas con el fortalecimiento del sistema de justicia, la política criminal, la promoción y protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la modernización registral, la transparencia, la integridad pública y el fortalecimiento institucional del Estado. En el marco de sus competencias, durante el ejercicio 2027 continuará impulsando un proceso integral de modernización orientado a consolidar una justicia más eficiente, accesible, transparente y cercana a la ciudadanía, promoviendo la innovación tecnológica, la transformación digital, la simplificación administrativa, la interoperabilidad de sistemas y la utilización de herramientas basadas en evidencia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Los objetivos de política presupuestaria para el ejercicio 2027 estarán orientados a fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia, profundizar los mecanismos de acceso a derechos, consolidar la modernización registral y digital, promover la integridad y la transparencia en la gestión pública y afianzar el rol del Estado en la protección de los derechos fundamentales. En materia de justicia y política criminal se prevé: Fortalecer la administración de justicia mediante la modernización normativa, organizacional y tecnológica de los organismos vinculados al sistema judicial. Consolidar la implementación del Sistema Acusatorio Federal, promoviendo acciones de capacitación, asistencia técnica, planificación y coordinación institucional que contribuyan a mejorar la eficiencia de la investigación penal y la gestión de los procesos judiciales. Impulsar la implementación y consolidación del Régimen Penal Juvenil, promoviendo mecanismos especializados de intervención, prevención y reinserción social, con especial atención a los principios de protección integral y justicia restaurativa. Fortalecer las políticas de prevención e investigación del delito mediante la producción de información estratégica, el análisis criminal y el desarrollo de herramientas basadas en evidencia para la formulación de políticas públicas. Desarrollar acciones destinadas a la prevención, investigación y asistencia integral a las víctimas del delito de trata de personas, promoviendo la articulación interinstitucional, la cooperación internacional y la restitución efectiva de derechos. Fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y persecución de delitos complejos, incluyendo ciberdelincuencia, criminalidad organizada y otras modalidades delictivas emergentes. Fortalecer las acciones orientadas al abordaje integral del fenómeno de los estupefacientes mediante estrategias de prevención, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, producción de evidencia y coordinación interjurisdiccional, promoviendo herramientas especializadas para la persecución de organizaciones criminales y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Profundizar la cooperación internacional y la articulación federal con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sistemas de justicia. En materia de acceso a la justicia y asistencia a la ciudadanía se prevé: Fortalecer los dispositivos de atención, orientación y acompañamiento jurídico destinados a la ciudadanía, especialmente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Garantizar mecanismos de acceso a la justicia para las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, mediante dispositivos especializados de asistencia, orientación y acompañamiento. Consolidar y ampliar las acciones de asistencia integral a víctimas de delitos y violencias, promoviendo respuestas interdisciplinarias y articuladas con organismos nacionales, provinciales y municipales. Fortalecer los mecanismos de mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos como herramientas para la prevención de la litigiosidad y la promoción de soluciones consensuadas. Fortalecer los sistemas de información y articulación federal vinculados a los procesos de adopción, promoviendo la coordinación permanente entre jurisdicciones y organismos competentes. Impulsar acciones destinadas a la búsqueda, localización y asistencia de niñas, niños y adolescentes con paradero desconocido, fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional y el acompañamiento a las familias. Profundizar la articulación con universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios para ampliar el acceso efectivo a derechos y servicios de justicia. En materia registral, notarial y de transformación digital se prevé: Profundizar la federalización de la actividad registral mediante la integración de sistemas de información, la interoperabilidad entre organismos y la articulación permanente con las jurisdicciones provinciales. Consolidar la modernización tecnológica de los registros nacionales, promoviendo la digitalización integral de procedimientos, la virtualización de trámites y la mejora continua de los servicios brindados a la ciudadanía. Impulsar procesos de simplificación normativa, desburocratización y registración digital, promoviendo servicios ágiles, accesibles y centrados en el ciudadano, preservando la seguridad jurídica registral. Fortalecer la gestión y disponibilidad de información vinculada a antecedentes penales, registros societarios, concursos y quiebras, propiedad intelectual y demás registros bajo la órbita ministerial. Promover la modernización de los sistemas vinculados a la propiedad intelectual y los derechos de autor, fortaleciendo la protección de los derechos de los creadores, la utilización de herramientas digitales y la adaptación institucional frente a los desafíos derivados de las nuevas tecnologías. Consolidar la gobernanza de datos, la interoperabilidad y el intercambio seguro de información con organismos públicos, judiciales y jurisdicciones provinciales. Fortalecer la seguridad jurídica preventiva mediante la modernización de los servicios notariales, la digitalización progresiva de procedimientos y la mejora de los mecanismos de asistencia notarial requeridos por el Estado Nacional. En materia de derechos humanos, memoria y reparación se prevé: Promover una cultura de derechos humanos mediante acciones de sensibilización, capacitación y difusión orientadas a fortalecer el respeto por los derechos fundamentales y la igualdad de trato. Desarrollar estrategias de asistencia y acompañamiento destinadas a personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Prevenir y combatir la violencia institucional y toda práctica que vulnere la integridad física, psíquica o moral de las personas. Fortalecer la articulación con organismos internacionales y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Impulsar la federalización de las políticas públicas de derechos humanos mediante el trabajo coordinado con provincias y municipios. Promover acciones orientadas a la protección del derecho a la identidad y al fortalecimiento de los mecanismos institucionales destinados a su restitución. Continuar implementando las políticas de memoria, verdad y justicia, fortaleciendo la preservación y difusión de los Sitios de Memoria. Garantizar la adecuada gestión de los regímenes establecidos por las leyes reparatorias, fortaleciendo los procesos de modernización administrativa, digitalización documental y mejora de los sistemas de gestión asociados. En materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción se prevé: Fortalecer las políticas de prevención y lucha contra la corrupción mediante el desarrollo de herramientas de control, monitoreo e investigación. Promover la ética pública, la integridad, la transparencia activa y el gobierno abierto en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Fortalecer los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales, gestión de conflictos de intereses y control patrimonial. Impulsar programas de integridad, capacitación y sensibilización destinados a organismos públicos y actores vinculados. Consolidar la articulación con organismos nacionales e internacionales especializados en transparencia, integridad y prevención de la corrupción. En materia de fortalecimiento institucional e innovación se prevé: Profundizar la transformación digital del Ministerio mediante la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y herramientas de automatización orientadas a mejorar la calidad, eficiencia y trazabilidad de los procesos. Fortalecer la producción, sistematización y utilización de información estratégica para la toma de decisiones y la evaluación de políticas públicas. Consolidar servicios digitales de información jurídica, promoviendo el acceso público a la legislación, jurisprudencia, doctrina y demás contenidos jurídicos de interés público. Fortalecer la modernización de sistemas documentales, la sistematización normativa y la trazabilidad de la información jurídica, promoviendo herramientas accesibles y criterios de lenguaje claro que faciliten la comprensión del derecho por parte de la ciudadanía. Impulsar acciones de capacitación, investigación, cooperación académica y fortalecimiento de capacidades institucionales vinculadas al sistema de justicia. Promover una gestión pública basada en evidencia, innovación, calidad y mejora continua. Finalmente, para prestar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus organismos dependientes, sin que esa función asesora se limite a las cuestiones relativas al erario, la Procuración del Tesoro como máximo organismo de asesoramiento, representa o patrocina al Estado en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del Procurador. Su misión se expresa en los siguientes pilares: Asesoramiento: Presta asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus organismos dependientes, en todos aquellos asuntos que se le requieran. Resolución de conflictos interadministrativos: Tramita los conflictos de orden pecuniario que se plantearan entre organismos y entidades del Estado. Según el monto involucrado, también resuelve el conflicto. Representación y defensa del Estado en juicio: Ejerce la representación del Estado Nacional en juicio cuando el PEN lo dispusiere. En su carácter de Director del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, tiene a su cargo, como organismo técnico de derecho administrativo y de lo contencioso, la organización, régimen y dirección de la representación, así como la defensa del Estado en juicio. Interviene, ante los órganos judiciales y administrativos, en defensa de la constitucionalidad de las leyes y de todo otro acto jurídico estatal cuya validez sea cuestionada. Asume la representación o el patrocinio letrado del Estado en los procesos arbitrales nacionales y/o internacionales en los que el Estado Nacional sea parte. Auditoría de los juicios en los que es parte el Estado: Desarrolla la auditoría de la labor de los representantes judiciales del Estado en las causas en las que el Estado es parte. Capacitación de los profesionales que integran el Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado: Entiende en la capacitación, profesionalización y formación académica de posgrado de los letrados que conforman el Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Instrucción de sumarios e investigaciones administrativas: Entiende en la sustanciación de los sumarios que hayan sido ordenados por las autoridades competentes, en el ámbito interno de la Procuración del Tesoro de la Nación y respecto de agentes de las máximas categorías escalafonarias, que ejerzan funciones ejecutivas, y los que le fueran encomendados por el PEN. Instruye y/o supervisa las investigaciones que disponga el PEN.