Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación, en su ejercicio de rectoría del sistema sanitario nacional, asume la responsabilidad estratégica de conducir un proceso de transformación estructural basado en la modernización, la transparencia y la sustentabilidad sistémica. En consonancia con los lineamientos de la Administración Pública Nacional, la misión institucional se orienta al reordenamiento operativo y normativo para mejorar las condiciones para el acceso a servicios de salud de calidad. La visión estratégica de la cartera sanitaria promueve un cambio de paradigma hacia la libertad de elección, donde el ciudadano es el eje central del sistema, con capacidad para elegir su cobertura, profesionales y establecimientos, fomentando la competencia y la eficiencia prestacional. La naturaleza de la demanda atendida por esta Jurisdicción comprende la provisión de bienes críticos y servicios de alta complejidad, tales como: Inmunizaciones. Medicamentos oncológicos y especiales. La asistencia directa a poblaciones en situación de vulnerabilidad con Cobertura Pública Exclusiva (CPE). El marco normativo que sustenta esta rectoría se apoya en la Constitución Nacional y en que las provincias nunca delegaron la Salud en la Nación, en la Ley de Ministerios y leyes específicas que regulan el control de enfermedades, la salud mental y la seguridad social sanitaria, promoviendo la cohesión federal en un sistema descentralizado. La transición hacia un modelo de salud digital y libre elección transforma profundamente la relación entre el Estado y el ciudadano. En materia de vacunas garantizadas por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nº 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, se promoverá el acceso de toda la población, en todas las etapas de la vida y con independencia del tipo de cobertura sanitaria, a vacunas seguras y efectivas. Esta estrategia contribuirá al control, la eliminación y la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles, como la gripe, el sarampión y la poliomielitis, entre otras. Con el propósito de fortalecer la planificación y la gestión de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, se continuará con la programación de las adquisiciones, la administración de stocks y la distribución, promoviendo un uso eficiente de los recursos y garantizando la disponibilidad oportuna de las vacunas en todo el territorio nacional. Asimismo, se continuará impulsando la respuesta integral al VIH, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales y la tuberculosis, mediante acciones de prevención combinada, diagnóstico y tratamiento. De acuerdo con la normativa vigente, se priorizará la provisión de tratamientos antirretrovirales a las personas sin cobertura de salud. Se promoverá el acceso oportuno a medicamentos oncológicos, esenciales y de alto precio para la población con cobertura pública exclusiva, mediante su adquisición, almacenamiento, provisión y distribución, fortaleciendo además el seguimiento de los tratamientos. Para el Control de Enfermedades Zoonóticas y Transmitidas por Vectores: el abordaje de estas enfermedades contempla dimensiones sanitarias, epidemiológicas, sociales y ambientales. Por ello, en coordinación con las jurisdicciones, se continuará optimizando el uso de los recursos y fortaleciendo la vigilancia, la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones de prevención y control, tanto en contextos preventivos como epidémicos. Asimismo, se reforzarán los mecanismos de rectoría, coordinación y cooperación para la detección, el diagnóstico oportuno, la atención y el tratamiento de estas enfermedades, en el marco de la Ley Nº 15.465 de Enfermedades de Notificación Obligatoria, la Ley Nº 22.953 (Ley Antirrábica), la Ley Nº 26.281 de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y demás normativa complementaria. Para el Control de Enfermedades Crónicas Transmisibles y No Transmisibles: se implementarán políticas de vigilancia, promoción, prevención, atención y rehabilitación para el control de estas enfermedades y sus factores de riesgo, incluyendo la planificación y coordinación de políticas nacionales para la prevención de enfermedades cardiovasculares, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales para orientar la planificación y evaluación de las intervenciones sanitarias. Estas acciones se enmarcan en: La Ley Nº 25.501 sobre prioridad sanitaria para las enfermedades cardiovasculares. La Ley Nº 27.159 de Prevención Integral de la Muerte Súbita. La Ley Nº 23.753 sobre Diabetes. La Ley Nº 26.588 de Enfermedad Celíaca, modificada por la Ley Nº 27.196 y demás normativa complementaria. Asimismo, incluyen el Programa Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias Crónicas, el Programa Nacional de Sanidad Ocular y Prevención de la Ceguera, el Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica y el Programa de Salud Bucodental. En materia de Salud Nutricional y Hábitos alimentarios, se continuará abordando la malnutrición (desnutrición y obesidad), los trastornos alimentarios, el consumo de alcohol y tabaco, y el sedentarismo, en el marco de la Ley de Consumo de Sodio N° 26.905, la Ley de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios N° 26.396, la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo N° 24.788, la Ley de Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos de Tabaco N° 26.687 y sus decretos y resoluciones. Asimismo, se dará continuidad a la entrega de medicamentos y elementos de tecnología sanitaria a personas en situación de vulnerabilidad con un problema agudo o grave de salud que ponga en riesgo su vida (enfermedad terminal o patología crónica grave), que no cuenten con obra social, medicina prepaga, Incluir Salud, PAMI u otra cobertura, y que no puedan resolver su necesidad a través de los ministerios provinciales. Se continuará robusteciendo la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana eventos de salud y orientar las medidas correspondientes. Esta política permite identificar cambios en la frecuencia, distribución y gravedad de los eventos, reconocer a las poblaciones afectadas y anticipar escenarios de riesgo. En esta dirección, la adquisición de reactivos asegura el funcionamiento diagnóstico de las unidades centinela y fortalece la capacidad del sistema para producir información comparable, oportuna y representativa, clave para evaluar la efectividad de las vacunas, monitorear la circulación viral, identificar variantes o patrones inusuales y aportar evidencia a la vigilancia nacional y regional. Esta inversión permite garantizar información de calidad para utilizar los recursos sanitarios de manera oportuna y eficiente. Se priorizará crear el Programa Nacional para la Atención del Accidente Cerebrovascular debido a su elevado impacto en la morbimortalidad y la discapacidad. En este marco, se incorporará inteligencia artificial a través de la aplicación Stroke App con el objetivo de mejorar la oportunidad y la calidad de las intervenciones, reducir los tiempos críticos de atención y generar herramientas de apoyo para la gestión clínica y el monitoreo epidemiológico. La arquitectura tecnológica de Stroke App se proyecta como una plataforma escalable y reutilizable para incorporar progresivamente otras patologías tiempo - dependientes y eventos prioritarios de salud pública, extendiendo las capacidades de registro, monitoreo, coordinación asistencial y soporte a la decisión clínica. La plataforma permitirá articular en tiempo real a los servicios prehospitalarios, los centros asistenciales y los centros coordinadores, facilitando la asignación oportuna del establecimiento receptor y la disponibilidad anticipada de información clínica. Asimismo, el registro sistemático de indicadores críticos (tiempos de asignación, puerta - tomografía y puerta - aguja) permitirá identificar demoras y oportunidades de mejora en la red de atención. En materia de calidad de la atención, resulta prioritario fortalecer la integración y la coordinación de los servicios de salud, centrando la atención en las personas y favoreciendo niveles óptimos de seguridad, oportunidad, eficiencia y acceso equitativo. La estrategia de implementación del Plan Nacional de Calidad en Salud tiene por objetivo ejercer el rol rector mediante apoyo técnico, formación, regulación sanitaria e innovación continua, para fortalecer la calidad y la seguridad de la atención, desarrollar las competencias de los equipos de salud, y mejorar de manera permanente la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Para el cumplimiento de dichos objetivos, se propone: Fortalecer los registros federales de salud. Ejercer la rectoría del sistema de salud a partir de sistemas de información integrales que sustenten la toma de decisiones sanitarias, consolidando y compartiendo la información de vigilancia epidemiológica con las jurisdicciones y garantizando su disponibilidad digital para la ciudadanía. Desarrollar y fortalecer los aspectos regulatorios y normativos para mejorar la calidad de los servicios de salud. Promover el acceso a cuidados, tratamientos y servicios de salud de calidad a través de redes integradas de alta complejidad. Producir información científica de calidad e implementar herramientas de estandarización de procesos según las líneas de cuidado priorizadas. Desarrollar estándares para la evaluación de la calidad en salud y promover su cumplimiento por parte de los establecimientos y servicios, facilitando la articulación interjurisdiccional entre los subsistemas público, privado y de obras sociales. Establecer estrategias de formación y educación permanente en calidad y seguridad, e implementar políticas de desarrollo del talento humano en salud. Normatizar, coordinar y fiscalizar las acciones sanitarias en el área de frontera y en las terminales de transporte. Reorientar los mecanismos de financiamiento del sistema de salud bajo criterios de carga de enfermedad, equidad en el acceso, calidad y transparencia. Para cumplir con estos objetivos, resulta necesario fortalecer la Red de Hospitales Nacionales, con mayor coordinación e integración entre las jurisdicciones, los sectores y los distintos niveles del sistema de salud. En este marco, las redes integradas de servicios de salud constituyen una herramienta fundamental para ejercer el rol de supervisión y evaluación periódica de los establecimientos hospitalarios bajo la modalidad de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (S.A.M.I.C.). La estrategia de consolidación de la Red Nacional de Hospitales tiene como objetivos: Promover la creación de Redes de Alta Complejidad. Adecuar los hospitales nacionales como instituciones de referencia que establezcan estándares de calidad y atención en el sistema sanitario nacional. Promover la integración técnico-sanitaria de los distintos niveles de complejidad asistencial dentro de la red de hospitales nacionales. Implementar y fortalecer un sistema eficiente de referencia y contrarreferencia que garantice la continuidad de la atención médica entre niveles de complejidad. Desarrollar e implementar líneas de cuidado según la priorización realizada por el Ministerio. Realizar diagnósticos funcionales de recursos y fuerza de trabajo para readecuar las misiones y funciones de los hospitales nacionales, optimizando su capacidad y eficiencia. Implementar modelos innovadores de pago para el cuidado integral de situaciones de salud priorizadas. Establecer programas de cooperación en los servicios de guardia de los hospitales nacionales para mejorar la resolución de urgencias y emergencias médicas. Consolidar estrategias de capacitación y desarrollo profesional para el personal de salud, articuladas entre los hospitales de la red. Convertir los hospitales nacionales en espacios de excelencia formativa, alineados con los perfiles profesionales requeridos por los paradigmas educativos, tecnológicos y sociosanitarios actuales. Además, se continuará con la estrategia de formación y capacitación de profesionales y equipos de salud, para reducir las brechas existentes en las especialidades críticas e impulsar nuevos trayectos formativos en el sistema de residencias y especialidades. En particular, respecto de enfermería, el objetivo es fortalecer el desempeño, la formación y las competencias de los equipos en áreas priorizadas, comunitarias y de gestión en salud, mediante capacitación en nuevas tecnologías, simulación clínica, comunicación, investigación y administración de servicios. En materia de Salud Mental, se continuará sosteniendo el rol de rectoría, favoreciendo la accesibilidad y la mejora en la prevención, promoción y atención de personas con riesgo de suicidio y sus entornos afectivos, con foco en niños, niñas y adolescentes y en la población con vulnerabilidades psicosociales. Asimismo, se reforzarán las capacidades institucionales, de gestión, rectoría y gobernanza en salud mental y consumos problemáticos, mediante la capacitación y el desarrollo de dispositivos con inclusión comunitaria a nivel nacional y jurisdiccional. Asimismo, se continuará colaborando con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina en el control, la autorización y la recertificación de los dispositivos territoriales de atención, en el marco de la Ley N° 26.657 y la Ley N° 26.934. En materia de Fiscalización, se continuará ejerciendo la supervisión y evaluación periódica de los establecimientos y servicios de salud de su órbita -en particular, de los organismos bajo la modalidad S.A.M.I.C.- y se establecerá la normativa para promover, desarrollar y evaluar su calidad y gestión. Asimismo, se coordinarán acciones con las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos gubernamentales y de la sociedad civil, para garantizar la excelencia en la formación y capacitación de los recursos humanos del sector salud. Se profundizará el desarrollo de mecanismos de regulación y fiscalización de los servicios de salud, se participará con las jurisdicciones en la optimización de los instrumentos de registro, control y fiscalización del ejercicio profesional y de los establecimientos asistenciales, y se continuará dirigiendo la normalización, coordinación y fiscalización de las acciones sanitarias en el área de frontera y en las terminales de transporte. En materia de Medicina Transfusional, se continuará fortaleciendo el Sistema Nacional de Sangre, intensificando la articulación con las jurisdicciones y los sectores estatal y privado de todo el país para promover el uso apropiado y el abastecimiento de sangre y componentes en cantidad, calidad y oportunidad; fortaleciendo la gestión de plasma humano para mejorar el acceso a Productos Medicinales Derivados del Plasma (PMDP); y actualizando las normas técnicas y administrativas conforme a los avances científicos, con los siguientes objetivos: Fortalecer la información y las campañas de promoción de la donación de sangre, mediante el desarrollo de la plataforma argentina.gob.ar/salud/donarsangre, el registro de centros habilitados (estatales, privados y universitarios) de alcance federal, y el soporte de la línea 0800 para consultas y para el fortalecimiento de los programas de donación provinciales. Coordinar las actividades de la red de sangre interjurisdiccional y los Programas Provinciales de Hemoterapia (PPH), definiendo líneas de trabajo conjuntas para garantizar un stock seguro de sangre y hemocomponentes. Evaluar los indicadores de los centros productores de componentes sanguíneos, brindando asesoramiento para la autosuficiencia y las buenas prácticas de manufactura, mediante jornadas de capacitación, evaluación y planificación según las necesidades del sistema sanitario regional o local. Capacitar a los equipos a través de cursos de gestión en medicina transfusional de carácter federal, orientados a la optimización de procesos y a la integración de la Red de Servicios de Hemoterapia con los Equipos de Promoción de la Donación de Sangre, incluyendo cursos semipresenciales para dichos equipos, la sociedad civil y los responsables provinciales de gestión. En materia de coberturas de emergencias y desastres, se continuará trabajando en las fases de prevención, preparación, respuesta y mitigación, articulando con las jurisdicciones de todo el país las acciones para reducir los riesgos y los daños a la salud de la población, en cumplimiento del objetivo de implementar un Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Desastres. En tal sentido, se avanzará en el diseño e implementación de dicho sistema, promoviendo la Red Nacional de Emergencias Sanitarias como ámbito federal de articulación entre las jurisdicciones. Asimismo, se continuará desarrollando el Área Central de Monitoreo y Análisis de Datos de Emergencias Sanitarias, orientada a fortalecer la vigilancia, el monitoreo, el análisis de información estratégica, la emisión de alertas tempranas y la coordinación de la respuesta sanitaria mediante herramientas tecnológicas interoperables. En este marco, se impulsará además la integración de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), conformados por personal médico, de enfermería, fisioterapeutas y paramédicos, entre otros, que brindan cuidado clínico directo a las poblaciones afectadas por emergencias y desastres. Se continuará jerarquizando las acciones de preparación ante emergencias y desastres, mediante programas de capacitación destinados a los equipos de respuesta, orientados a fortalecer las capacidades técnicas y operativas, disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a situaciones de trauma, y promover la capacitación comunitaria en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Se promoverá la implementación de políticas de salud con impacto sanitario para el cuidado de los grupos de mayor vulnerabilidad sociosanitaria, la disponibilidad adecuada y oportuna de recursos, y la asunción de responsabilidades según las competencias de todos los actores intervinientes. A tal fin, desde el enfoque de abordaje por curso de vida, se priorizarán los programas y políticas por etapa de la vida. Entre ellos, se destacan: Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia: en cumplimiento de la Ley N° 26.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, se promoverán, durante los primeros mil días de vida, condiciones para una vida saludable y una alimentación adecuada, proveyendo insumos esenciales para el embarazo y la primera infancia a la población con cobertura pública exclusiva, y propiciando el desarrollo integral de las infancias con especial énfasis en la nutrición. Asimismo, se priorizarán los programas de cuidado de niños con necesidades especiales, entre ellos el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el Programa Nacional de Retinopatía del Prematuro (ROP), el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas y el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. También se continuarán implementando los programas nacionales de Salud Integral en la Adolescencia y de Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias, orientados a favorecer el acceso de adolescentes y jóvenes al cuidado de su salud integral. Jóvenes, Adultos y Personas Mayores: se promoverán estrategias de promoción de la salud, prevención de problemáticas priorizadas y acciones que fomenten un envejecimiento saludable y la mejora de la calidad de vida. Entre otras se destacan el Observatorio de Cuidados a Largo Plazo, la evaluación de la calidad en residencias de larga estadía y el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores (Resolución del Ministerio de Salud N° 753/2007). Como eje transversal, se promoverá el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud, con énfasis en el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación, fortaleciendo las capacidades de las jurisdicciones e impulsando la cobertura efectiva de servicios de salud. La estrategia se enfocará en fortalecer la continuidad de los cuidados a través de guías de práctica clínica, potenciar las competencias del talento humano mediante asistencia técnica, promover herramientas de gestión y autoevaluación para la calidad (incluyendo la digitalización de la recolección de información estratégica) y mejorar la accesibilidad al sistema de salud mediante la incorporación del enfoque intercultural dentro de la APS. Asimismo, se priorizará el abordaje de la salud sexual y reproductiva, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley N° 25.673), garantizando el acceso a información, prestaciones e insumos conforme a la mejor evidencia científica y a la normativa vigente. Se fortalecerá la atención de calidad y la provisión de métodos anticonceptivos e insumos estratégicos para la prevención de embarazos no intencionales y la reducción de la morbimortalidad materna. En este sentido, se integrarán las estrategias y políticas de Cobertura Efectiva Básica para el abordaje de la salud perinatal, materno-infantil, adolescente, de adultos y personas mayores, la salud sexual y procreación responsable, el embarazo no intencional en la adolescencia y otras líneas priorizadas. Para ello, el Programa Sumar+ tiene como propósito garantizar el acceso efectivo y equitativo a cuidados, diagnósticos, tratamientos y servicios de salud de calidad para la población con cobertura pública exclusiva, mediante redes integradas de distintos niveles de complejidad. En este marco, promoverá el fortalecimiento de la capacidad prestacional del sistema público de salud en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de consolidar un sistema más eficaz, eficiente y resolutivo. Impulsará además la integración del sistema de salud a través de la planificación y armonización de los planes de cobertura, y el desarrollo de un Plan de Servicios de Salud organizado por líneas de cuidado prioritarias, ampliando el acceso a prestaciones de calidad y fortaleciendo la organización de los servicios y la continuidad de la atención. Los resultados del Programa se evaluarán a partir del desempeño en la inscripción y la Cobertura Efectiva Básica de la población objetivo, la mejora de procesos estratégicos para la organización de los servicios y el cumplimiento de indicadores sanitarios. De este modo, Sumar+ contribuirá al desarrollo de redes integradas que articulen el primer, segundo y tercer nivel de atención, fortaleciendo la accesibilidad, la cobertura efectiva y la calidad de la atención, así como la rectoría y gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación y de las autoridades sanitarias jurisdiccionales. La estrategia para reducir la incidencia y la morbimortalidad por cáncer en Argentina incluye los siguientes objetivos: Desarrollar normativas para la asistencia integral de los pacientes con cáncer. Promover la salud y reducir los factores de riesgo. Definir estrategias de prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y seguimiento de los pacientes. Formar profesionales especializados y establecer un sistema de vigilancia y análisis epidemiológico. En línea con estos objetivos, se desarrollan acciones en materia de vigilancia epidemiológica y registros, investigación, cuidados paliativos, pediatría, tumores hereditarios y familiares, evaluación de tecnologías sanitarias, calidad y formación de recursos humanos, entre otras, articuladas a través del Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, el Programa de Cáncer de Mama y el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal. Los sistemas de registro incluyen: Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA). Sistema de Información del Tamizaje (SITAM), con módulos para cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer colorrectal. Sistema de Información de Tumores Hereditarios (SITHER). A partir de estos registros, se generan boletines de incidencia y mortalidad, publicaciones anuales, Análisis de Situación en Salud por tipo de cáncer (ASIS), el Atlas de Mortalidad e investigaciones científicas. Asimismo, la reglamentación de la Ley Oncopediátrica N° 27.674 convirtió al ROHA en una herramienta clave de gestión: desde este registro, los profesionales de la salud solicitan el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), que acredita la condición de beneficiario de la ley y permite a las familias acceder, entre otros derechos, a una asignación económica mensual durante el tratamiento oncológico. En estrecha vinculación con la prevención, la atención y el acompañamiento integral de los consumos problemáticos, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) es el organismo rector de las políticas públicas en la materia, responsable de la coordinación interministerial e interjurisdiccional para su desarrollo, en el marco de la Ley Nº 26.934 “Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos”, la Ley Nº 27.350 y demás normativa aplicable. La política nacional de abordaje integral de los consumos problemáticos se desarrolla con un enfoque sanitario, comunitario, interdisciplinario y federal, articulando las acciones del Estado Nacional con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de propiciar respuestas integrales, oportunas y territorialmente adecuadas. La Red Federal de dispositivos de prevención, atención y acompañamiento constituye el principal instrumento para la implementación de esta política, fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional, la complementariedad entre los niveles de gobierno y el desarrollo de capacidades institucionales, con el propósito de mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad en el acceso a las prestaciones en todo el territorio nacional. Las transformaciones en los patrones de consumo y la aparición de nuevas problemáticas asociadas a los entornos digitales amplían el alcance de la política pública, incorporando el abordaje de la ludopatía, las apuestas en línea y otras conductas adictivas sin sustancia, así como las competencias en materia de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos, en articulación con los organismos competentes y sobre la base de criterios técnicos y sanitarios. La producción y el análisis de información estratégica, la investigación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, desarrollados a través del Observatorio Argentino de Drogas, junto con la articulación federal promovida por el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO), fortalecen la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua de las políticas de abordaje integral de los consumos problemáticos. En materia del fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, se busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: Garantizar el diseño, coordinación, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional. Asegurar la gestión integral, evaluación, otorgamiento, control, revisión, fiscalización y auditoría del régimen de Pensiones no Contributivas por Invalidez y de las Pensiones no Contributivas por Discapacidad para Protección Social, conforme a la normativa vigente, garantizando la transparencia y eficiencia de los procesos administrativos. Garantizar la administración y el financiamiento de las prestaciones de salud destinadas a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, promoviendo el acceso oportuno a la cobertura médica integral, medicamentos, tratamientos de rehabilitación y demás prestaciones asistenciales, mediante la articulación con las jurisdicciones provinciales y la supervisión de los prestadores. Fortalecer las acciones de prevención, regulación y control en materia de discapacidad mediante actividades de capacitación, asistencia técnica, orientación, certificación, evaluación y supervisión, contribuyendo a mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios destinados a las personas con discapacidad, en el marco de las competencias nacionales. Consolidar las capacidades institucionales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, asegurando una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, mediante la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. Asimismo, se fortalece el rol de supervisión sobre los organismos descentralizados que garantizan la seguridad sanitaria del país: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la regulación y fiscalización de medicamentos y tecnología sanitaria. El Instituto Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en la coordinación de la red federal de trasplantes. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) como centro de referencia para la investigación y el diagnóstico de alta complejidad. La Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que realiza la gestión centralizada y eficiente de los hospitales nacionales de alta complejidad, incluyendo el Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional en Red Licenciada Laura Bonaparte, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). La Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) en la regulación y control de los Agentes del Seguro de Salud.