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REFORMA·▲ EL ESTADO AVANZÓ · REGULA·Energía · concesiones hidroeléctricas

Las operadoras de represas solo siguen si renuncian a demandar al Estado

El Decreto 1349/2026 condiciona la continuidad de las concesionarias de los complejos del Anexo I a firmar en 7 días corridos una Carta de Adhesión que desiste de los reclamos en curso y renuncia a los futuros contra el Estado Nacional, incluso los de sus accionistas.

Por · Director editorial

Decreto 1349/2026 · PODER EJECUTIVOBoletín Oficial · 2026-11-11Publicado por DQST · 12 de nov de 2026

Las operadoras de represas solo siguen si renuncian a demandar al Estado

Antes

Las concesionarias de los complejos del Anexo I podían mantener abiertos sus reclamos administrativos, judiciales y arbitrales contra el Estado Nacional por la continuidad del servicio.

Después

Para continuar operando hasta el 30 de abril de 2027 o hasta la toma de posesión, deben firmar en 7 días corridos una Carta de Adhesión con desistimiento y renuncia incondicional a reclamar contra el Estado.

La continuidad se paga renunciando a litigar

El decreto convierte la operación de las represas en algo condicionado: la concesionaria que quiera seguir hasta el 30 de abril de 2027 o hasta la toma de posesión del nuevo adjudicatario debe remitir una Carta de Adhesión en el plazo de 7 días corridos.

Esa carta implica, según el anexo, «el desistimiento a cualquier reclamo administrativo o proceso judicial en curso planteados contra el ESTADO NACIONAL» y «la renuncia de presentar cualquier reclamo administrativo, judicial y/o arbitral contra el ESTADO NACIONAL». El compromiso se extiende a los accionistas del capital social, en el país o en el exterior.

No adherir tampoco libera de generar

La concesionaria que no remita la Carta de Adhesión no deja de operar: debe continuar generando energía mientras el Estado asegura la continuidad del servicio, por un plazo no inferior a 45 días hábiles.

Las nuevas concesiones las otorga la Secretaría de Energía

El otorgamiento de concesiones hidroeléctricas correspondía al Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. El decreto delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijar las pautas de la licitación pública nacional e internacional, otorgar y suscribir las nuevas concesiones y dictar normas complementarias.

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