Dictamen de mayoría
Aconseja aprobarAnálisis del dictamen · generado con IA
ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de mayoría del Senado (O.D. 372/26, 17 de septiembre de 2026) sobre el proyecto "Inocencia Fiscal II" (Expte. 0006-PE-2026) QUÉ ES ESTE DICTAMEN Y CÓMO SE UBICA EN EL RECORRIDO DEL PROYECTO El proyecto original del Poder Ejecutivo ("texto base") modifica tres leyes. Para entender de qué se habla conviene resolver qué es cada una antes de entrar en los cambios. La Ley 11.683 es la ley de procedimiento tributario: regula cómo se determina, verifica, fiscaliza y sanciona el cumplimiento de los impuestos nacionales. El proyecto toca, de ella, el artículo sin número agregado a continuación del 56 (reglas de prescripción vinculadas a la discrepancia significativa), el artículo 18 (presunciones que puede usar el fisco) y los artículos 38, 39, 45 y 46 (multas por infracciones formales y materiales). La Ley 27.799 es la "Ley de Inocencia Fiscal". En su Capítulo III del Título II crea el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. ARCA pone a disposición una declaración jurada precargada que el contribuyente puede revisar, modificar y presentar; la presentación y el pago en término otorgan efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base. Sobre esa base, el régimen genera dos beneficios: la presunción de exactitud —ARCA presume que la declaración aceptada es correcta y suficiente— y el efecto liberatorio, por el cual se considera cancelado el impuesto y ARCA no puede reabrir ni ajustar ese período salvo discrepancia significativa, una suerte de "tapón fiscal". La Ley 25.191 regula el trabajo rural. Declara obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural, crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, establece sus recursos y un régimen de sanciones. El artículo 15 es el régimen sancionatorio para empleadores rurales. El proyecto recorrió dos cámaras. En Diputados produjo un dictamen de mayoría (O.D. 209/26, 27 de agosto, 40 firmas, encabezado por Benegas Lynch) que aprobó el texto con modificaciones, y tres dictámenes de minoría que aconsejaron rechazar (Coletta de Provincias unidas; Castagneto y el bloque Unión por la Patria con 28 firmas; Del Caño del Frente de Izquierda). El dictamen que se analiza acá es el de mayoría del Senado (O.D. 372/26, 17 de septiembre, 17 firmas, encabezado por Guzmán Coraita), que aconseja aprobar. Un dato de contexto sobre el destino de todo esto: el texto terminó convertido en ley. La Ley 27.826, publicada el 9 de octubre de 2026, introduce modificaciones a las leyes 27.799 y 11.683 y a la ley de trabajadores rurales. LA CLAVE DE LECTURA: EL DICTAMEN DEL SENADO ES, EN SU TEXTO, IGUAL AL DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS Lo primero y más importante: el articulado que propone este dictamen de mayoría del Senado coincide artículo por artículo con el que ya había aprobado la mayoría de Diputados. Mismo esquema de cuatro títulos, mismos veinte artículos, misma numeración, mismos textos sustantivos. Las únicas diferencias entre ambas versiones son de forma, no de fondo (se detallan al final). Por eso el grueso del análisis consiste en cotejar este texto contra el proyecto original del Poder Ejecutivo: ahí están los cambios reales. Donde el dictamen del Senado difiere de los dictámenes de minoría de Diputados, la diferencia es de posición (veredicto), no de contenido, porque las minorías no propusieron articulado alternativo. Esa separación se hace explícita al cierre. PRIMER GRAN CAMBIO RESPECTO DEL TEXTO BASE: APARECE UN RÉGIMEN DE REDUCCIÓN DE MULTAS PARA MiPyMEs Y PERSONAS HUMANAS (ARTÍCULO 49 bis NUEVO EN LA LEY 11.683) Qué hace en criollo: el proyecto original no lo tenía. El dictamen incorpora un artículo nuevo a la ley de procedimiento tributario que rebaja automáticamente en un cuarto las multas por ciertas infracciones formales cuando el infractor es una PyME o una persona humana que no sea gran contribuyente. La letra (art. 2 del dictamen, que incorpora el art. 49 bis a la Ley 11.683): «Cuando el infractor califique como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, o se trate de una persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales (…), los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %)». Qué versión lo introduce y a quién se atribuye: no está en el texto base. Aparece ya en la mayoría de Diputados (firma encabezada por Benegas Lynch) y se mantiene idéntico en la mayoría del Senado (firma encabezada por Guzmán Coraita). La Ley 24.467 citada es la ley marco de la pequeña y mediana empresa, que define en su artículo 2° qué se considera MiPyME. SEGUNDO GRAN CAMBIO: SE INCORPORA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL RÉGIMEN, PERO SOLO "A SECAS" (ARTÍCULO 38 MODIFICADO Y ARTÍCULO 38 bis NUEVO EN LA LEY 27.799) Qué hace en criollo: el texto base, al reescribir el artículo 38 de la Ley 27.799, permitía que los grandes contribuyentes usaran la modalidad simplificada únicamente para presentar y pagar, sin acceder a los beneficios (presunciones, efecto liberatorio). El dictamen agrega a esa misma categoría "solo para presentar y pagar" a los funcionarios públicos, y crea un artículo nuevo que define quiénes son esos funcionarios. La letra del texto base (art. 2, cuarto párrafo del art. 38): "Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales (…) podrán ejercer la opción de adhesión (…) al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término (…). En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen." La letra del dictamen (art. 3, mismo párrafo, con el agregado): «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales (…), así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión (…) al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término (…). En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen». Y el artículo nuevo que define quién es "funcionario público" a estos fines (art. 4 del dictamen, que incorpora el art. 38 bis a la Ley 27.799): define que quedan alcanzados quienes hayan ejercido en los cinco años anteriores, entre otros, «a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de Secretario de Estado o equivalente (…); b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; concejal municipal o parlamentario del Mercosur; c) Magistrado del Poder Judicial (…); d) Magistrado del Ministerio Público (…); e) Defensor del Pueblo o adjunto (…); o f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento». Qué versión lo introduce y a quién se atribuye: no está en el texto base. Entra con la mayoría de Diputados (Benegas Lynch) y se mantiene en la mayoría del Senado (Guzmán Coraita). El efecto práctico es que funcionarios y exfuncionarios quedan equiparados a los grandes contribuyentes: pueden usar la herramienta para liquidar y pagar cómodo, pero no acceden al "tapón fiscal". Este agregado ya fue incorporado al texto vigente de la ley: los Grandes Contribuyentes Nacionales, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis, podrán ejercer la opción de adhesión al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago, sin que ello importe los restantes efectos, presunciones ni beneficios del régimen. Debajo del "qué hace", la capa de régimen afectado: el artículo 38 original de la Ley 27.799 exigía condiciones concurrentes de ingresos y patrimonio para entrar. La versión original presumía, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones del impuesto a las ganancias y del IVA de los períodos no prescriptos, salvo que ARCA impugnara por los motivos del artículo anterior. La reescritura del 38 (presente en texto base y dictamen por igual) cambia el criterio de ingreso al régimen por el de residencia fiscal durante todo el período. TERCER GRAN CAMBIO: APARECE UN TÍTULO III ENTERO DE REDUCCIÓN RETROACTIVA DE MULTAS FORMALES (ARTÍCULOS 17 Y 18 DEL DICTAMEN) Qué hace en criollo: el texto base no tenía Título III de este tipo. El dictamen crea un régimen especial que rebaja a la mitad las multas por infracciones formales ya cometidas antes de la ley, para PyMEs y personas humanas no grandes contribuyentes, a cambio de que el contribuyente regularice y se allane. La letra (art. 17 del dictamen): «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 (…), cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas (…) y aplicadas a contribuyentes que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa (…), o a personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales». El mismo artículo aclara que el acogimiento «implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho» y que la reducción «no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados». La letra complementaria (art. 18 del dictamen): instruye a ARCA a dictar, «dentro de los treinta (30) días (…), las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente». Qué versión lo introduce y a quién se atribuye: no está en el texto base. Entra con la mayoría de Diputados (Benegas Lynch) y se mantiene en la mayoría del Senado (Guzmán Coraita). Es la cara "hacia atrás" del beneficio permanente del artículo 49 bis: aquel rebaja 25 % de ahora en más; este rebaja 50 % sobre lo ya cometido y no cancelado. LOS CAMBIOS QUE YA VENÍAN EN EL TEXTO BASE Y QUE EL DICTAMEN CONSERVA SIN ALTERAR EL FONDO Los siguientes bloques están tanto en el proyecto original como en el dictamen, con idéntico contenido sustantivo. Se consignan todos. Discrepancia significativa en la Ley 11.683 (art. 1 en ambos). Reescribe el artículo sin número a continuación del 56 de la Ley 11.683 para definir cuándo hay "discrepancia significativa": cuando la impugnación de ARCA arroje un aumento del impuesto o reducción de quebrantos «no inferior al quince por ciento (15 %)»; cuando supere la suma del artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Título IX de la Ley 27.430); o cuando se deba a facturas o documentos apócrifos o ingresos directos computados improcedentemente. Esto conecta con el umbral que hoy define la ley: la discrepancia significativa es una diferencia mayor al 15 % entre lo declarado y la impugnación fiscal, o una diferencia superior a cien millones de pesos. Incisos i), ii) y iii) del artículo 40 de la Ley 27.799 (art. 3 del texto base / art. 5 del dictamen). Reescribe esos incisos con el mismo criterio del 15 % y la suma del Régimen Penal Tributario, y agrega el piso de inmunidad: «no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia determinada (…) no supere un umbral mínimo equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario». Párrafos nuevos al artículo 40 de la Ley 27.799 (art. 4 del texto base / art. 6 del dictamen). Aclara qué son los períodos no prescriptos de IVA, pone la carga de la prueba sobre ARCA y neutraliza la diferencia entre declaración original y rectificativa presentada dentro de los quince días. La letra sobre la carga de la prueba, idéntica al texto vigente: cualquier otra consideración que tome en cuenta ARCA —que no sea la mencionada anteriormente— a fin de afirmar que existe discrepancia significativa, no tendrá valor probatorio alguno a los efectos de impugnar el Régimen de la Declaración Jurada Simplificada. Artículo 40 bis nuevo en la Ley 27.799 (art. 5 del texto base / art. 7 del dictamen). Obliga a canalizar operaciones por los medios autorizados por el BCRA y la CNV, fija el tratamiento de esos fondos hasta el 31 de diciembre de 2027 a efectos de Bienes Personales (Título VI de la Ley 23.966), y manda que los sujetos obligados tomen la adhesión como antecedente favorable sin relajar la prevención de lavado. Esta lógica ya existía en la reglamentación: quienes opten por el régimen deben canalizar sus operaciones por los medios autorizados por el BCRA y/o la CNV, entendiéndose cumplida la exigencia cuando esos medios se usen en el origen o en el destino de la operación. El texto conserva el deber de debida diligencia: la constancia de adhesión deberá ser considerada por los sujetos obligados bajo el artículo 20 de la Ley 25.246 como antecedente favorable, y a estos efectos la UIF deberá dictar la normativa complementaria. Artículo 41 de la Ley 27.799 (art. 6 del texto base / art. 8 del dictamen). Excluye la aplicación de los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley 11.683 (presunciones del fisco) para evaluar la discrepancia, y limita las restantes presunciones a mero indicio. Artículos 42 bis y 42 ter nuevos en la Ley 27.799 (arts. 7 y 8 del texto base / arts. 9 y 10 del dictamen). El 42 bis fija la reparación: si la impugnación de ARCA se anula o revoca, se restablece la presunción de exactitud y ARCA debe reintegrar lo pagado «en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días hábiles». El 42 ter preserva los procedimientos en curso y exime de las multas de los artículos 45 y 46 de la Ley 11.683 a quien haya regularizado antes de adherir. Disposiciones operativas y de vigencia (arts. 9 a 11 del texto base / arts. 11 a 13 del dictamen). Exceptúan del requisito de residencia a quienes adhieran por 2025, instruyen a la UIF a dictar normativa en quince días y fijan los efectos desde el 1° de enero de 2025. El dictamen suma en el art. 13 una excepción extra: lo relativo a los funcionarios públicos del cuarto párrafo del artículo 38 «resultará aplicable a partir de la entrada en vigencia de esta última», es decir, hacia adelante y no retroactivo. Esa salvedad es consecuencia directa de haber incorporado a los funcionarios (no existe en el texto base porque los funcionarios no estaban). LOS CAMBIOS AL TRABAJO RURAL (LEY 25.191): IGUALES EN TEXTO BASE Y DICTAMEN Sustitución del artículo 15 de la Ley 25.191 (art. 12 del texto base / art. 14 del dictamen). Reemplaza el viejo régimen de multas por una escala de tres niveles. Para dimensionar el salto conviene ver de dónde se parte. El texto anterior sancionaba las infracciones leves con multas de ochenta a doscientos cincuenta pesos, y las graves con multas de doscientos cincuenta a mil pesos por cada trabajador afectado. La nueva escala, idéntica en ambas versiones: leves de «$120.000 hasta $187.500», graves de «$375.000 hasta $1.500.000» y muy graves de «$1.500.000 hasta $7.500.000» por trabajador, con posible incremento de hasta 50 % en los topes de las muy graves por reincidencia dentro de los últimos cinco años. Este texto ya es el vigente: el artículo 15 sanciona las infracciones leves con multa de ciento veinte mil a ciento ochenta y siete mil quinientos pesos, las graves de trescientos setenta y cinco mil a un millón quinientos mil, y las muy graves de un millón quinientos mil a siete millones quinientos mil pesos por cada trabajador afectado. Artículo 15 bis nuevo en la Ley 25.191 (art. 13 del texto base / art. 15 del dictamen). Introduce la actualización anual por UVA desde el 1° de enero de 2027 y desactiva, para este fin, las prohibiciones de indexar de los artículos 7° y 10 de la Ley 23.928. Dispone que para la cancelación de las sanciones se considerará el monto vigente al momento de su cancelación, y que el RENATRE publicará las tablas de valores aplicables para cada año calendario. Vigencia del Título (art. 14 del texto base / art. 16 del dictamen). Las multas nuevas rigen para infracciones constatadas después de la entrada en vigencia. LOS CAMBIOS COSMÉTICOS (FORMA, NO FONDO) Entre el proyecto original y este dictamen, y también entre la mayoría de Diputados y la mayoría del Senado, hay un bloque de ajustes de redacción que no alteran el contenido y se agrupan acá como un único movimiento de forma: el nombre del organismo recaudador se escribe sin mayúsculas sostenidas ("Agencia de Recaudación y Control Aduanero" en lugar de "AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA)"); "ley" en minúscula y "título IX" en minúscula al citar la 27.430; los porcentajes pasan de "QUINCE POR CIENTO (15 %)" a "quince por ciento (15%)"; y "Poder Ejecutivo" / "Poder Ejecutivo nacional" en la fórmula de cierre. La diferencia visible entre la versión de Diputados y la del Senado es básicamente el espaciado del signo de porcentaje ("15 %" frente a "15%") y la grafía del BCRA (el Senado agrega la sigla "(BCRA)" en el art. 7). Son ajustes de estilo sin efecto sobre el alcance de ninguna disposición. Nota de prudencia sobre la renumeración: entre el texto base y el dictamen la numeración cambió (el dictamen tiene veinte artículos y cuatro títulos, el texto base dieciséis y tres). Las remisiones internas del dictamen están reescritas en forma coherente con la nueva numeración (por ejemplo, el art. 11 remite al art. 3 y el art. 12 al art. 7, donde el texto base remitía a sus propios artículos 2 y 5). No se detectó una remisión que quede apuntando a un número equivocado; aun así, por tratarse de renumeración que afecta remisiones, se señala como punto a verificar en la lectura final del sancionado. DIFERENCIA DE POSICIÓN FRENTE A LOS DICTÁMENES DE MINORÍA Hay que separar dos planos. Diferencia de contenido (texto): entre este dictamen del Senado y los tres dictámenes de minoría de Diputados no hay diferencia de contenido articulado, porque ninguna de las minorías propuso articulado alternativo. Las tres se limitaron a aconsejar el rechazo del proyecto. Por lo tanto, el único texto en pugna es el de la mayoría (idéntico en Diputados y Senado). Diferencia de posición (veredicto): acá sí hay oposición frontal. Este dictamen del Senado aconseja aprobar. Los tres de minoría aconsejan rechazar, con fundamentos atribuidos a cada firmante: — La minoría de Coletta (Provincias unidas) sostiene, según su informe, que el proyecto plantea una asimetría en el esfuerzo fiscal sin reconocer al contribuyente cumplidor y que debilita la fiscalización, y enumera objeciones de técnica legislativa, de igualdad y capacidad contributiva, de retroactividad de normas de procedimiento y de riesgo en el control de lavado (GAFI). — La minoría de Castagneto y el bloque Unión por la Patria (28 firmas) aconseja el rechazo por considerar el proyecto inconveniente desde lo tributario y recaudatorio, por entender que debilita facultades de fiscalización, reduce el horizonte temporal del control estatal y afecta principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva. — La minoría de Del Caño (Frente de Izquierda) rechaza integralmente el proyecto por considerar, según su informe, que constituye un blindaje para grandes evasores, un blanqueo a través del mercado inmobiliario y un beneficio a las patronales agrarias con trabajadores no registrados. Todas estas son valoraciones de quienes firman cada dictamen, no afirmaciones propias de este análisis. Un matiz dentro del propio campo aprobatorio: en la mayoría de Diputados, Gisela Scaglia (Provincias unidas) firmó en disidencia total con la leyenda "Firma en disidencia", y en la mayoría del Senado dos senadoras de la UCR, Eduardo Vischi y Carolina Losada, firmaron en disidencia parcial. El contenido concreto de esas disidencias no consta en el material disponible y queda pendiente. SÍNTESIS PARA EL CIUDADANO Respecto del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, este dictamen del Senado —igual en su texto al de la mayoría de Diputados— agrega tres cosas que no estaban: una rebaja permanente del 25 % de ciertas multas formales para PyMEs y personas chicas; una rebaja retroactiva del 50 % de esas mismas multas para lo ya cometido, a cambio de regularizar y renunciar a reclamar; y la inclusión expresa de funcionarios y exfuncionarios en el régimen pero solo para presentar y pagar, sin acceder al "tapón fiscal". Todo lo demás —la definición de discrepancia significativa, el piso del 5 %, la carga de la prueba sobre ARCA, el reintegro en 45 días, las nuevas multas rurales y su actualización por UVA— ya venía en el proyecto original y se conserva. Frente a las minorías, la diferencia no está en un texto rival sino en el veredicto: la mayoría del Senado dice aprobar; las tres minorías decían rechazar. El resultado final fue la sanción como Ley 27.826.
Texto propuesto (20 artículos)
Título I - Modificaciones a las leyes 27.799 y 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) - Capítulo I
Sustituye · múltiples normas (ver texto)
Artículo 1°. Sustitúyese el artículo sin número a continuación del artículo 56 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente: Artículo…: A los fines de lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: i) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento del impuesto determinado o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente; ii) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento del impuesto determinado o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos, que supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, establecido por el título IX de la ley 27.430; iii) Si de la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados improcedentemente –incluidas las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos–, resulta un incremento del saldo de impuesto determinado o a favor del fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor, de los contribuyentes o responsables.
Título I - Capítulo I
Incorpora · art. 49 bis · Ley 11.683 (t.o. 1998)
Artículo 2°. Incorpórase como artículo 49 bis de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) el siguiente: Artículo 49 bis: Régimen reducción para MiPyMEs y personas humanas. Cuando el infractor califique como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, o se trate de una persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales de conformidad con la normativa dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25%).
Título I - Capítulo II
Sustituye · art. 38 · Ley 27.799
Artículo 3°. Sustitúyese el artículo 38 de la ley 27.799 por el siguiente: Artículo 38: Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables a las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país en los términos del artículo 116 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que opten por la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias que implemente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los contribuyentes que decidan ejercer la opción de adhesión –o, en su caso, de permanencia– a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias deberán revestir la condición de residentes fiscales durante la totalidad del período fiscal por el cual se presente la declaración jurada bajo dicha modalidad. En caso de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero verifique que el contribuyente no reúna el requisito establecido en el párrafo anterior, el organismo recaudador lo excluirá del régimen, y quedará habilitado a llevar adelante las tareas de verificación y/o fiscalización pertinentes, determinar de oficio la materia imponible, practicar la liquidación de las diferencias que pudieren corresponder y aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen. La opción de adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias podrá ejercerse para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, inclusive.
Incorpora · art. 38 bis · Ley 27.799
Artículo 4°. Incorpórase como artículo 38 bis de la ley 27.799 el siguiente: Artículo 38 bis: A los fines de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 38 de la presente ley, quedan alcanzados los funcionarios públicos que se desempeñen o hayan desempeñado, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de ejercicio de la opción de adhesión o, de permanencia, el cargo de: a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de Secretario de Estado o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública centralizada o descentralizada en el ámbito nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; concejal municipal o parlamentario del Mercosur; c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento;
Sustituye · múltiples normas (ver texto)
Artículo 5°. Sustitúyense los incisos i), ii) y iii) del segundo párrafo del artículo 40 de la ley 27.799 por los siguientes: i) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento del impuesto determinado, o en su caso una reducción de los quebrantos impositivos, por un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) respecto de la declarada por el contribuyente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia determinada, de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, no supere un umbral mínimo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, aprobado por el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones. ii) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento del impuesto determinado o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos, que supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, establecido por el título IX de la ley 27.430. iii) Si de la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados improcedentemente –incluidas las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos–, resulta un incremento del saldo de impuesto determinado o a favor del fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor, de los contribuyentes o responsables.
Incorpora · art. 40 · Ley 27.799
Artículo 6°. Incorpórase a continuación del último párrafo del artículo 40 de la ley 27.799 los siguientes párrafos: Entiéndase, a efectos de lo previsto en este artículo, que los períodos no prescriptos del Impuesto al Valor Agregado son aquellos comprendidos hasta el mes de diciembre, inclusive, del período fiscal del Impuesto a las Ganancias por el cual se hubiera ejercido la opción prevista en este capítulo. Sin perjuicio de ello, respecto de los períodos fiscales del Impuesto al Valor Agregado que coincidan con aquel por el que se presente la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias bajo la modalidad simplificada, la presunción de exactitud resultará aplicable, salvo que se detecte en aquellos la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o ingresos directos computados improcedentemente (incluidas las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos). La carga de la prueba para evaluar si existe o no discrepancia significativa recaerá, exclusivamente, sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien deberá considerar a tal fin, únicamente, la información declarada por el contribuyente y aquella disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. Cualquier otra consideración que tome en cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero –que no sea la mencionada anteriormente– a fin de afirmar que existe discrepancia significativa, no tendrá valor probatorio alguno a los efectos de impugnar el Régimen de la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. A los fines de determinar la existencia de una discrepancia significativa, no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, en la medida que esta última sea presentada por el contribuyente en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles de notificada la liquidación administrativa del artículo 14 o la resolución de determinación de oficio a que hace referencia el artículo 17, ambos de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y los saldos de impuesto que surjan de esa declaración jurada rectificativa, con más sus intereses, sean debidamente cancelados y/o regularizados. Las disposiciones de este artículo resultarán de aplicación para cada uno de los períodos para los cuales se hubiera presentado la declaración jurada bajo la modalidad simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Incorpora · art. 40 bis · Ley 27.799
Artículo 7°. Incorpórase como artículo 40 bis de la ley 27.799 el siguiente texto: Artículo 40 bis: Los contribuyentes que opten por la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y/o la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, a sus sujetos regulados, en el marco de sus respectivas competencias, entendiéndose cumplida dicha exigencia cuando la utilización de los referidos medios en el sistema financiero formal se produzca en el origen o en el destino de la operación involucrada. Dicha exigencia se considerará cumplida respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles. A estos efectos, y hasta el 31 de diciembre de 2027, para los fondos utilizados conforme lo previsto en el párrafo precedente por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud establecida en el artículo 40 de la presente ley, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo de dicho artículo. Asimismo, a los fines de lo establecido en el título VI de la ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), dichos fondos se considerarán como bienes incorporados al patrimonio del contribuyente en el día en que se efectúe la operación. La constancia de adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias deberá ser considerada por los sujetos obligados bajo el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificaciones como un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones realizadas por los contribuyentes. A estos efectos, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar la normativa complementaria necesaria. Los sujetos obligados continuarán alcanzados por las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo la realización de debida diligencia del cliente, de acuerdo con los lineamientos dictados por la Unidad de Información Financiera (UIF). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá establecer servicios de consulta automatizados y/o interfaces de programación de aplicaciones (API), en los términos y condiciones que dicho organismo determine, a efectos de permitir que los sujetos obligados validen la situación del cliente respecto de la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, sea que se encuentre adherido, excluido o haya solicitado la baja del régimen.
Sustituye · art. 41 · Ley 27.799
Artículo 8°. Sustitúyese el artículo 41 de la ley 27.799, por el siguiente: Artículo 41: Exclusión. Durante el período previsto en el segundo párrafo del artículo 40 bis de la presente ley, a los efectos de evaluar si existe o no la discrepancia significativa a la que refiere el artículo 40, no serán aplicables los incisos f) y g) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Respecto de los restantes indicios y presunciones previstos en dicho artículo 18, estos no podrán ser utilizados como fundamento exclusivo para acreditar la existencia de discrepancia significativa, y sólo podrán ser considerados como elementos indiciarios que deberán ser corroborados mediante la información declarada por el contribuyente y aquella disponible en los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero o proporcionada por terceros, conforme al artículo 40 de la presente ley.
Incorpora · art. 42 bis · Ley 27.799
Artículo 9°. Incorpórase como artículo 42 bis de la ley 27.799, el siguiente texto: Artículo 42 bis: Si la resolución determinativa de oficio a través de la cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero impugna la modalidad simplificada del Impuesto a las Ganancias por haberse verificado una discrepancia significativa, resultare anulada, revocada, o dejada sin efecto por resolución administrativa o judicial firme o consentida favorablemente al contribuyente, se restablecerá íntegramente la presunción de exactitud de los períodos alcanzados y se considerará que no debió haberse habilitado la verificación y fiscalización de dichos períodos, retrotrayendo sus efectos a la situación previa. En el supuesto caso en que el contribuyente haya tenido que realizar el pago de la pretensión fiscal durante el respectivo procedimiento o proceso contencioso administrativo-judicial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá reintegrar el importe pagado por el contribuyente con más sus respectivos intereses, calculados utilizando la tasa correspondiente para la repetición de tributos, en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días hábiles de haberse notificado la resolución administrativa o judicial firme o consentida favorable al contribuyente a que hace referencia el párrafo anterior.
Incorpora · art. 42 ter · Ley 27.799
Artículo 10°. Incorpórase como artículo 42 ter de la ley 27.799 el siguiente texto: Artículo 42 ter: Disposición para procedimientos en curso. Las disposiciones de la presente ley no obstarán a la validez, prosecución ni continuidad de las órdenes de intervención y de los procedimientos de liquidación administrativa o de determinación de oficio previstos en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que hubiesen sido notificados con anterioridad a la fecha en la cual se ejerció la opción de adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, tampoco afectarán la tramitación de los recursos administrativos ni de los procesos judiciales pendientes a dicha fecha. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que adhieran a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y que, con anterioridad a dicha adhesión, hubieran cancelado o regularizado la totalidad del tributo y los intereses resarcitorios correspondientes a ajustes practicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero respecto del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales alcanzados por la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la presente ley, quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, vinculadas a dichos ajustes, excepto que esas multas se encuentren firmes a la fecha en la cual se ejerció la opción de adhesión al régimen. A los efectos del párrafo anterior, se considerará cumplida la condición de cancelación o regularización del tributo e intereses cuando el contribuyente hubiere prestado conformidad con la pretensión fiscal y efectuado el pago correspondiente, o se hubiere adherido a un plan de facilidades de pago vigente, con anterioridad a la fecha de ejercicio de la opción de adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades de pago, la exención de la multa quedará sin efecto y la sanción será restituida en su totalidad, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas por la caducidad del plan. La eximición de la multa a que hace referencia el presente artículo quedará perfeccionada en la medida que el contribuyente renuncie al derecho de iniciar una acción de repetición del impuesto y los intereses resarcitorios pagados y/o regularizados que se relacionan con esa sanción de multa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de la aplicación del presente artículo.
Artículo 11°. El requisito establecido en el segundo párrafo del artículo 38 de la ley 27.799, incorporado por el artículo 3° de esta ley, no resultará de aplicación para aquellos sujetos que ejerzan la opción de adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025.
Artículo 12°. A los efectos de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 40 bis de la ley 27.799, incorporado por el artículo 7° de la presente ley, instrúyese a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia, a que dicte la normativa complementaria dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.
Artículo 13°. Las disposiciones de este capítulo tendrán efectos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, con las siguientes excepciones: a) lo dispuesto en el artículo 11, que se regirá por lo allí previsto; y b) lo relativo a los funcionarios públicos comprendidos en el cuarto párrafo del artículo 38 de la ley 27.799, sustituido por el artículo 3° de la presente ley, que resultará aplicable a partir de la entrada en vigencia de esta última.
Título II - Modificaciones a la Ley de Trabajadores Rurales, 25.191
Sustituye · art. 15 · Ley 25.191
Artículo 14°. Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.191 y sus modificatorias por el siguiente texto: Artículo 15: El incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la falta u omisión de registración o información del contrato de trabajo rural serán pasibles de sanciones pecuniarias, las que según la gravedad del hecho quedan establecidas de la siguiente forma: a) Infracciones leves: el que incurriere en la declaración del contrato de trabajo de manera inconsistente será sancionado con una multa de pesos ciento veinte mil ($120.000) hasta pesos ciento ochenta y siete mil quinientos ($187.500) por cada trabajador afectado, o en forma global por establecimiento cuando no fuere posible la determinación individualizada del trabajador; b) Infracciones graves: el que incurriere en la declaración falsa del contrato de trabajo rural será sancionado con una multa de pesos trescientos setenta y cinco mil ($375.000) hasta pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) por cada trabajador afectado, o en forma global por establecimiento cuando no fuere posible la determinación individualizada del trabajador; c) Infracciones muy graves: el que incurriere en la omisión total de la declaración del contrato de trabajo rural será sancionado con una multa de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) hasta pesos siete millones quinientos mil ($7.500.000) por cada trabajador afectado, o en forma global por establecimiento cuando no fuere posible la determinación individualizada del trabajador. En caso de reincidencia dentro de los últimos cinco (5) años, los topes máximos previstos para las infracciones muy graves podrán incrementarse hasta en un cincuenta por ciento (50%).
Incorpora · art. 15 bis · Ley 25.191
Artículo 15°. Incorpórase como artículo 15 bis a la ley 25.191 y sus modificatorias el siguiente texto: Artículo 15 bis: Los montos fijos de base previstos en las escalas del artículo 15 de la presente ley se ajustarán anualmente, a partir del 1° de enero de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), operada entre los meses de enero a diciembre del año calendario inmediato anterior al del ajuste. A los fines de la presente actualización, no resultarán aplicables las disposiciones prohibitivas previstas en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. Los montos determinados por aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo resultarán de aplicación obligatoria para la sustanciación de sumarios y actas de infracción labradas durante el año calendario que se inicie a partir de cada actualización. Para la cancelación de las sanciones previstas, se considerará el monto vigente al momento de su cancelación. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) publicará las tablas de valores aplicables para cada año calendario.
Artículo 16°. Las disposiciones de este título surtirán efectos para todas aquellas infracciones cuya constatación material se efectúe de forma posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Título III - Régimen Especial de Reducción de Multas
Artículo 17°. Redúzcase en un cincuenta por ciento (50%) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas, correspondientes a obligaciones vencidas a partir de la vigencia de ley 27.799, y aplicadas a contribuyentes que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, o a personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales de conformidad con la normativa dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Para optar por el goce de este beneficio, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de la obligación formal u omisión que dio origen a la infracción de manera previa o simultánea. En todos los casos, y con independencia de que se encontraren en discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial, el acogimiento a este beneficio implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, asumiendo el contribuyente el pago de las costas y gastos causídicos, en caso de corresponder. La reducción establecida en el presente artículo no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados por el contribuyente con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
Artículo 18°. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará, dentro de los treinta (30) días contados desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, incluyendo la adecuación de los sistemas informáticos correspondientes.
Título IV - Disposiciones comunes
Artículo 19°. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y surtirán efectos a partir de esa fecha, con excepción de lo dispuesto en los artículos 13 y 16.
Artículo 20°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.