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Cursos pagos por el Estado: quiénes pueden pedirlos
La Resolución 593/2026 reformula el reglamento del programa Formando Capital Humano: habilita un voucher mensual en tarjeta prepaga que cubre total o parcialmente el arancel de cursos de formación laboral, para desempleados y asalariados de bajos ingresos.
Por Nicolás Yacoy · Director editorial
Resolución 593/2026 · MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALBoletín Oficial · 2026-11-13Publicado por DQST · 13 de nov de 2026
Antes
Las personas desempleadas y de bajos ingresos costeaban por su cuenta los cursos arancelados de formación laboral; las instituciones ofrecían cursos financiados sin un proceso de admisión reglado.
Después
Quien no tiene trabajo formal o cobra hasta 3 salarios mínimos accede a un voucher mensual en tarjeta prepaga que paga el arancel; las instituciones solo ofrecen cursos financiados si son admitidas y sus propuestas aprobadas, con precio topeado.
Un voucher mensual que convierte un curso pago en uno sin costo
La población destinataria accede a una asignación dineraria acreditada en una tarjeta prepaga personal e intransferible, de uso exclusivo para pagar el arancel del curso. Cuando la cobertura es parcial, la persona pone la diferencia.
Alcanza a mayores de 18 años en situación de desempleo, a titulares de la prestación por desempleo, a quienes no tienen trabajo formal registrado y a asalariados del sector privado con remuneración bruta de hasta 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los cursos van de 20 a 240 horas, distribuidas en un máximo de 6 meses.
DNI, CUIL y residencia, pero con exclusiones firmes
Para entrar hay que tener DNI argentino, CUIL y residencia permanente en el país. No puede acceder quien sea empleado público, esté registrado como empleador en el SIPA, perciba una jubilación o pensión contributiva, o ya cobre otro subsidio de empleo.
El registro se hace en el Portal Empleo y la información declarada tiene carácter de declaración jurada.
Las instituciones ganan un mercado nuevo, pero con tope y reglas de admisión
Empresas, cámaras, instituciones educativas y entidades sin fines de lucro pueden dictar cursos financiados, pero primero deben ser admitidas y aprobar sus propuestas. El valor que cobran al programa no puede superar el definido para la población general.
Ante un rechazo de admisión hay 10 días para el descargo, y la habilitación caduca a los 12 meses sin presentar propuestas. Quedan fuera las que figuren en el REPSAL o tengan sanciones vigentes.
El Estado decide qué se financia y a qué precio
La Dirección Nacional de Formación Laboral aprueba por acto administrativo la matriz de cursos, los perfiles estratégicos, el valor de cada voucher y el tope presupuestario de cada convocatoria, y puede reservar hasta 5% de vacantes a población priorizada.
El reglamento le exige motivar y notificar en plataforma tanto las admisiones como los rechazos.
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