ANÁLISIS·LA LEY POSIBLE
Discapacidad: el pedido de prorrogar la emergencia terminó en una ley sin fecha de vencimiento
El proyecto que presentaron quince diputados de distintos bloques pedía estirar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. En comisión se convirtió en un régimen permanente de veinte artículos, que se paga con el Presupuesto de Salud y con un piso que no puede bajar en términos reales. Diputados lo aprobó por 237 a 9 y el Senado, sin votos en contra.
Por Nicolás Yacoy · Director editorial
Publicado por DQST · 21 de nov de 2026

El punto de partida: un año más de emergencia
En agosto, quince diputados de distintos bloques, encabezados por Juan Marino y con firmas como las de Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau, presentaron un proyecto de tres artículos. El que importaba era el primero: prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027, «con todos sus efectos», la emergencia nacional en discapacidad que había declarado la Ley 27.793 y que vence a fin de este año. El segundo aclaraba que la prórroga se aplicaría desde el 1° de enero de 2027 aunque la ley se promulgara después.
Los fundamentos explicaban por qué pedían más tiempo. Según los autores, la ley de emergencia casi no había regido en los hechos: el Poder Ejecutivo la vetó con el decreto 534/2025, el Congreso insistió, el Gobierno intentó derogarla en el Presupuesto 2026 y siguió litigando contra su aplicación ante la Corte Suprema. Recién empezó a cumplirse de manera parcial a comienzos de 2026, y por orden judicial. Dejarla caer en diciembre, argumentaban, era retroceder sobre derechos que todavía no se habían cumplido.
En comisión, la prórroga se convirtió en un régimen permanente
El dictamen de mayoría que firmaron 40 diputados, publicado como Orden del Día 350/26, cambió la pregunta. En lugar de decidir cuánto más duraba la emergencia, se propuso pasar a una ley permanente de «previsibilidad, transparencia y eficiencia», con veinte artículos y de orden público en todo el país. Un dictamen de minoría sostenía la prórroga hasta 2027.
Lo que la emergencia daba con fecha de vencimiento pasó a la ley sin plazo. La pensión no contributiva por discapacidad queda fijada en el 70 % del haber mínimo jubilatorio. Se puede cobrar junto con un empleo registrado o el monotributo mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos; si los superan, se suspende y se rehabilita apenas bajen. Quienes la cobran mantienen la cobertura del programa Incluir Salud, y los empleadores que contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad conservan el régimen de la Ley de Empleo.
De dónde sale la plata: el Presupuesto de Salud, con un piso
La emergencia se financiaba con una facultad excepcional: el Jefe de Gabinete podía mover partidas del Presupuesto para cubrirla, con la única condición de no recortar los gastos de «Servicios Sociales». Los autores del proyecto original querían prorrogar esa herramienta junto con todo lo demás; en sus fundamentos la señalaban como la fuente de financiamiento de la ley.
La ley permanente no le asigna a la discapacidad un fondo ni un recurso propio. Los gastos se pagan con las partidas que fije cada año el Presupuesto nacional en la jurisdicción del Ministerio de Salud. Lo que agrega es un piso: esas partidas no podrán ser menores en términos reales que las del año anterior. Solo para el primer año, la Jefatura de Gabinete queda autorizada a readecuar el Presupuesto para cumplir con la ley.
El gasto, además, se va a poder seguir. El Ministerio de Salud tendrá que publicar en formato abierto las partidas y su ejecución, los aranceles que paga por cada prestación y cuántas pensiones hay y de qué monto. Cuánto se gasta en discapacidad pasa a discutirse cada año en el Presupuesto, con un piso que no se puede perforar y con las cuentas a la vista.
Lo que se sumó en el camino
El dictamen incorporó controles que el proyecto original no traía. Ordena auditorías periódicas de las pensiones con cruce de datos de ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el SINTyS y el ReNaPer, con una excepción al secreto fiscal solo para ese fin; ninguna pensión puede suspenderse sin notificación previa, y el titular puede pedir que se la rehabiliten de manera provisoria mientras se resuelve.
También tomó un proyecto de Nancy Picón Martínez y Jaime Quiroga que obliga a los prestadores del sistema a capacitar a su personal en los derechos de las personas con discapacidad.
Para los prestadores, la ley deja a salvo lo que la emergencia les había reconocido: si el Gobierno no terminó de pagar las compensaciones que fijaba la Ley 27.793, tiene que publicar un cronograma de pago, y el fin de la emergencia no afecta el derecho de quienes cumplieron los requisitos.
El acuerdo que llegó intacto al Senado
El texto tuvo objeciones puntuales en comisión. Bernardo Biella, Karina Maureira y Oscar Herrera Ahuad, uno de los firmantes del proyecto original, firmaron en disidencia parcial sobre los artículos del piso presupuestario, la compatibilidad con el trabajo y la ratificación de normas de la emergencia.
En el recinto, Diputados lo aprobó el 22 de octubre por 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El Senado lo sancionó el 19 de noviembre por 71 a 0, sin cambios, como contamos en esta nota.
La emergencia vence el 31 de diciembre, como explicamos acá. El pedido era un año más; lo que se votó no tiene fecha de vencimiento. La ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo tiene treinta días hábiles para reglamentarla.
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