402/26

Análisis profundo — Dictamen de mayoría (O.D. 402/26) del proyecto "Zonas Frías" (Expte. 0003-PE-2026) Qué es este dictamen y qué aconseja El Dictamen de mayoría lleva dieciséis firmas y aconseja aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo. Catorce firmas lo hacen con adhesión plena, lo que fija el texto que la mayoría propone llevar al recinto. Hay además dos firmas que no comparten ese texto completo: Flavia Royón [Primero los Salteños] firma en disidencia total y Flavio Sergio Fama [Unión Cívica Radical] en disidencia parcial. La disidencia significa que esos legisladores acompañan el acto de dictaminar pero no suscriben todo (o nada, en el caso de la disidencia total) del contenido; el detalle de qué objetan no viene consignado en la fuente, así que queda como PENDIENTE. El punto central para el lector: comparado artículo por artículo con el texto base del Ejecutivo, este dictamen de mayoría es prácticamente idéntico al proyecto original. No reescribe ninguna disposición de fondo. Lo que hace es ordenar etiquetas y epígrafes. A continuación se recorre todo. Comparación con el texto base: qué cambió la mayoría Primer movimiento — modifica (cosmético). Etiquetado de epígrafes de artículos. Qué hace en criollo: la mayoría mantiene palabra por palabra el cuerpo normativo de los trece artículos del proyecto, pero completa o precisa las referencias que encabezan algunos artículos (el "sobre qué norma trabaja cada artículo"). No toca el texto que se vota; cambia cómo se rotula. Los retoques detectados, agrupados por ser todos de la misma naturaleza: - En el art. 3, el texto base rotulaba "deroga art. 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de Ley 27.637"; el dictamen rotula "deroga art. 2, 4, 5, 6, 7, 8 de Ley 27.637". Mismo contenido operativo. - En el art. 5, el base decía "sustituye art. 40 de Ley 24.065"; el dictamen afina a "sustituye art. 40 inc. c de Ley 24.065", que es lo que efectivamente hace el cuerpo del artículo. - En el art. 6, el base no traía epígrafe de norma; el dictamen agrega "sustituye art. 17 de Ley 27.191". (Observación: el cuerpo del artículo no "sustituye" el art. 17 sino que prorroga el plazo que ese artículo fija; el rótulo es impreciso, pero el texto votado es el mismo.) - En el art. 8, el base decía "sustituye art. 38 de Ley 24.076"; el dictamen afina a "sustituye art. 38 inc. c de Ley 24.076". - En el art. 10, el base rotulaba "deroga art. 19 al 22 (ley 27.007) de Decreto 929/2013 y Ley 27.007"; el dictamen rotula "deroga de Decreto 929/2013 y arts. 19 a 22 de la Ley 27.007". La letra, antes/después (ejemplo representativo, art. 5): Antes (base): «Art. 5 [sustituye art. 40 de Ley 24.065]». Después (mayoría): «Art. 5 [sustituye art. 40 inc. c de Ley 24.065]». Quién lo introduce y a quién se atribuye: el Dictamen de mayoría, firmas en adhesión plena. Son ajustes de rótulo; el articulado de fondo es el mismo del Ejecutivo. Ante la duda, tratándose solo de epígrafes y no de remisiones dentro del texto legal, se consignan como cosméticos. Más allá de ese etiquetado, no hay otro cambio de la mayoría respecto del texto base. Por lo tanto, lo que la mayoría propone votar coincide con el proyecto del Ejecutivo. Para que el lector entienda qué se vota, se recorre cada disposición con su norma citada resuelta. Qué propone, en el fondo, el texto que la mayoría avala (con las normas citadas resueltas) Capítulo I — Régimen de Zona Fría Art. 1 — reescribe el art. 75 de la Ley 25.565 (y el art. 148 de la Ley 11.672, que es su "espejo" en el ordenamiento permanente de presupuesto). Qué es la norma que se toca: el art. 75 de la Ley 25.565 creó, en 2002, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Mediante ese artículo, reglamentado por el Decreto 786/2002, se creó el Fondo cuyo objeto es financiar compensaciones tarifarias para las distribuidoras. El Fondo históricamente financió dos cosas: las compensaciones tarifarias de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, y la venta de garrafas y GLP en esas zonas. El Fondo se constituye con un recargo de hasta el siete coma cinco por ciento (7,5%) sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías, aplicado a los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos. Ese recargo lo pagan todos los usuarios de gas del país. La Ley 27.637 de 2021 había ampliado los beneficiarios y prorrogado la vigencia. Además, las disposiciones del art. 75 de la ley 25.565 fueron incorporadas a la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante su artículo 148, razón por la cual el artículo modifica las dos normas a la vez (son el mismo texto en dos cuerpos legales). Qué hace el nuevo art. 75 propuesto: reordena el objeto del Fondo en tres incisos. El inciso a) mantiene las compensaciones para Patagonia, Malargüe y la Puna. El inciso c) mantiene la venta de garrafas y GLP en esas regiones. La novedad de fondo está en el inciso b): crea una bonificación "adicional por Zona Fría" bajo un Régimen de Subsidios Focalizados. Esto cambia el criterio con que llega el beneficio a las zonas ampliadas. En la Ley 27.637 vigente, el beneficio en las zonas agregadas alcanzaba a usuarios por el solo hecho de residir allí (con distinción entre un 30% general y un 50% para vulnerables). El texto propuesto condiciona el beneficio de esas subzonas a criterios de elegibilidad: la letra exige que el hogar esté inscripto en el régimen, se ubique en las subzonas «IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI», no esté ya incluido en el inciso a), y cumpla alguno de cuatro criterios: ingresos del hogar «iguales o inferiores a un valor equivalente a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un (1) "Hogar 2"» del INDEC; tenencia de Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP); Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; o Certificado Único de Discapacidad (CUD). Es decir, el esquema pasa de un subsidio amplio por zona a uno focalizado por situación del hogar. Esto se alinea con la orientación que el propio Ejecutivo venía aplicando por vía administrativa: por la Resolución 219/2025 el Gobierno actualizó los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales, con el objetivo de focalizar los subsidios únicamente para quienes los necesiten. El resto del nuevo art. 75 conserva la mecánica del recargo (hasta 7,5%, con excepciones para exportación de gas/GNL y para GNL importado y regasificado), designa a los productores como agentes de percepción, remite a ARCA para la recaudación, aplica la Ley 11.683 para intereses y multas, y faculta al Ejecutivo a mover el recargo «en hasta un cincuenta por ciento (50%)». Cierra con la vigencia: «El presente régimen se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031», que coincide con la prórroga que ya fijaba la Ley 27.637. La letra (fragmento del texto que avala la mayoría, igual al base): «b) Una bonificación "adicional por Zona Fría", bajo el Régimen de Subsidios Focalizados, respecto de los subsidios al gas natural por redes y al gas propano indiluido por redes, aplicable sobre los Consumos Base de los usuarios residenciales que: i) estén inscriptos en dicho régimen; ii) se encuentren dentro de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI […]». Quién lo introduce: el Ejecutivo en el proyecto base; la mayoría lo avala sin cambios de texto. Art. 2 — reescribe el art. 3 de la Ley 27.637. Qué es la norma que se toca: el art. 3 original de la Ley 27.637 fijaba los beneficios para las regiones del inciso a) del art. 75 y, de modo relevante, cuantificaba el descuento. En su redacción vigente: para las regiones y el departamento del punto a) del párrafo primero del artículo 75 continúan los beneficios para usuarios residenciales de gas por redes y propano indiluido y los usuarios del servicio general P, los que serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS. Qué hace el nuevo art. 3 propuesto: conserva la continuidad de los beneficios para esas regiones, pero quita el porcentaje fijo del 50% y lo reemplaza por una remisión a la decisión del Poder Ejecutivo, «por sí o a través de la autoridad de aplicación […] con las modalidades que considere pertinentes». En criollo: donde la ley decía "50%", el proyecto dice "lo que determine el Ejecutivo". La letra: «Artículo 3°: Para las regiones y el departamento que se enumeran en el inciso a) […] continuarán los beneficios […] los que serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes.» Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Art. 3 — deroga los arts. 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 27.637. Qué cae, agrupado: estos seis artículos son el núcleo "cuantitativo y expansivo" de la ley de Zona Fría ampliada de 2021. Según su texto: el art. 2 había sustituido el párrafo cuarto del art. 75 facultando al Ejecutivo a mover el recargo en hasta un 50% (facultad que el art. 1 del proyecto reincorpora al nuevo texto del art. 75, de modo que no se pierde). El art. 4 amplió el beneficio del punto a) a la totalidad de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, zonas que no estaban en el régimen. Ese mismo bloque fijaba cuadros tarifarios del setenta por ciento (70%) del pleno para los nuevos incorporados, con un cincuenta por ciento (50%) para quienes cumplieran criterios de elegibilidad como titulares de AUH y Asignación por Embarazo, pensiones no contributivas, monotributo social, jubilados y trabajadores por debajo de cuatro salarios mínimos. El art. 5 llevaba al 50% los consumos de entidades de bien público. El art. 6 fijaba el 50% para asociaciones civiles y comedores comunitarios bajo ciertos criterios. El art. 7 ampliaba el beneficio del punto b) (garrafas/GLP) a esas mismas subzonas. El art. 8 facultaba al Ejecutivo a ampliar territorios con revisión integral cada dos años y dictamen técnico del ente regulador. En criollo: se deroga toda la arquitectura de la ampliación 2021 basada en zona + porcentajes fijos, y se la sustituye por el esquema focalizado por hogar del nuevo art. 75 (art. 1 del proyecto) y por la remisión al Ejecutivo del nuevo art. 3 (art. 2 del proyecto). Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Capítulo II — Autosuficiencia del Mercado Eléctrico Mayorista Art. 4 — artículo nuevo, no modifica una ley existente. Qué hace: manda a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a calcular las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal dejaron de percibir por las leyes de emergencia tarifaria, y a aplicar ese eventual crédito exclusivamente a cancelar deudas de esas distribuidoras con CAMMESA (la administradora del mercado mayorista eléctrico), o a compensar penalidades de las transportistas. Todo queda condicionado a que las empresas renuncien a sus reclamos judiciales o administrativos por las emergencias. También invita a las jurisdicciones provinciales y municipales a hacer lo propio con sus distribuidoras, y declara exentas de impuesto a las ganancias las sumas resultantes. No hay norma citada que resolver: es un mecanismo de compensación de deudas de nuevo cuño. La letra: «Establécese que las sumas que se originen como consecuencia de la aplicación de este artículo […] revestirán el carácter de exentas en el impuesto a las ganancias.» Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Art. 5 — reescribe el inciso c) del art. 40 de la Ley 24.065. Qué es la norma que se toca: la Ley 24.065 es el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico. Su art. 40 dispone que los servicios de transportistas y distribuidores se ofrecen a tarifas justas y razonables. El inciso c) regula cómo se traslada a la tarifa del usuario el costo de comprar la electricidad. En su versión vigente, el inciso c) decía, en lo esencial, que el precio de venta a los usuarios incluirá un término representativo de los costos de adquisición de la electricidad en el MEM. Una versión más detallada del inciso ya en vigor considera el precio de las compras en el mercado spot y el promedio ponderado de las efectuadas mediante contratos del Mercado a Término, el costo del transporte en alta tensión y los servicios del sistema administrados por el OED. Qué hace el nuevo inciso c): mantiene esa estructura (spot + contratos a término + transporte en alta tensión + servicios del OED), pero ata los contratos del Mercado a Término a que resulten de «procesos competitivos» según reglamentación del Ejecutivo, y agrega una regla sobre la factura: discriminación de conceptos y prohibición de incluir «tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados», con salvedad del alumbrado público y de conceptos propios del servicio de distribución previstos por provincias o municipios. En criollo: ordena qué puede y qué no puede cargarse en la factura eléctrica, y vincula el pase a tarifa a compras hechas competitivamente. La letra: «Los distintos conceptos se discriminarán en la factura al usuario, la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados, sin perjuicio del alumbrado público […]». Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Capítulo III — Fuentes Renovables de Energía Art. 6 — prorroga el plazo del art. 17 de la Ley 27.191. Qué es la norma que se toca: la Ley 27.191 modificó el régimen de fomento de las energías renovables. Su art. 17 establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el art. 4° de la ley 26.190 no estarán gravados ni alcanzados por ningún tributo específico, canon o regalías —nacionales, provinciales, municipales o de la CABA— hasta el 31 de diciembre de 2025. Qué hace: extiende ese beneficio tributario desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2045. En criollo: estira veinte años más la exención impositiva para el acceso a fuentes renovables. La letra: «Dase por prorrogado, desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2045, el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191.» (El rótulo de la mayoría dice "sustituye art. 17"; en rigor no sustituye el artículo, prorroga su plazo. El texto votado es el mismo.) Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala. Art. 7 — artículo nuevo. Qué hace: faculta a la autoridad de aplicación (o a la Subsecretaría de Energía Eléctrica) a autorizar, por excepción, la cesión a terceros de los contratos de abastecimiento celebrados bajo la Ley 27.191, cuando un sujeto del sector público acredite que la finalización de un proyecto de inversión depende de esa cesión. En criollo: habilita a traspasar contratos renovables para destrabar obras en curso. No reescribe una ley; crea una facultad. Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Capítulo IV — Gas Natural Art. 8 — reescribe el inciso c) del art. 38 de la Ley 24.076. Qué es la norma que se toca: la Ley 24.076 es el Marco Regulatorio del Gas Natural. Su art. 38 fija los principios tarifarios; el inciso c) establece que el precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los consumidores incluirá los costos de su adquisición. La versión vigente añade un control: cuando esos costos resulten de contratos posteriores a la ley, el Ente puede limitar el traslado a los consumidores si los precios acordados exceden los negociados por otros distribuidores en situaciones equivalentes. Qué hace el nuevo inciso c): conserva la primera idea (el precio incluye los costos de adquisición) pero cambia el mecanismo: en vez de la facultad del Ente de limitar el traslado, impone que el Ente «deberá garantizar el traslado automático a las tarifas» del costo de adquisición que resulte de «procesos competitivos». En criollo: pasa de un traslado controlable por el regulador a un traslado automático a tarifa, siempre que el gas se haya comprado en procesos competitivos. La letra: «El Ente deberá garantizar el traslado automático a las tarifas de los distribuidores del referido costo de adquisición que resulte de procesos competitivos conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo nacional […]». Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala sin cambios. Capítulo V — Hidrocarburos Art. 9 — deroga el Decreto 277/2022. Qué cae: el Decreto 277/2022. Ese decreto creó el Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo (RADPIP), del que podían ser beneficiarios los sujetos inscriptos en el registro de empresas petroleras titulares de concesiones de explotación. En paralelo creó un régimen análogo para la inyección incremental de gas (RADPIGN). En criollo: se elimina ese esquema de acceso preferencial a divisas por producción/inyección incremental de petróleo y gas. La letra: «Derógase el decreto 277 del 27 de mayo de 2022.» Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala. Art. 10 — deroga el Decreto 929/2013 y los arts. 19 a 22 de la Ley 27.007, con salvedad de derechos adquiridos. Qué cae: el Decreto 929/2013 y cuatro artículos de la Ley 27.007. El Decreto 929/2013 creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Su art. 6° otorgaba a los incluidos el derecho, a partir del quinto año, de comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción. La Ley 27.007 ajustó ese régimen: su art. 19 estableció que el Estado nacional incorporará al Régimen a los proyectos con inversión directa en moneda extranjera no inferior a 250 millones de dólares. Los arts. 20 a 22 completaban condiciones, aportes a provincias productoras y disposiciones vinculadas. En criollo: se desmonta el régimen de promoción hidrocarburífera de 2013/2014. La salvedad: la derogación se hace «sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares de los proyectos de inversión oportunamente aprobados», cuyos beneficios siguen hasta que se verifique alguna causal de cese del art. 9° del propio decreto 929/13. Es decir, los proyectos ya aprobados conservan lo suyo. La letra: «Derógase el decreto 929 del 11 de julio de 2013 y los artículos 19 al 22 de la ley 27.007, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares de los proyectos de inversión oportunamente aprobados […]». Quién lo introduce: el Ejecutivo; la mayoría lo avala. Capítulo VI — Disposiciones finales Art. 11 — fija que las excepciones al recargo del art. 75 (y del art. 148 de la Ley 11.672) rigen desde la publicación en el Boletín Oficial. Art. 12 — entrada en vigencia con la publicación. Art. 13 — fórmula de comunicación al Ejecutivo. Son cláusulas de cierre; la mayoría las mantiene idénticas al base. Comparación con el otro dictamen: la minoría Hay un segundo dictamen, de minoría, con una sola firma: José María Carambia [Movere Santa Cruz], en adhesión plena. Acá conviene separar dos planos. Diferencia de posición (veredicto). La mayoría aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo. La minoría también aconseja aprobar, pero no este proyecto: su resultado es "aprobar otro proyecto", concretamente el proyecto de ley S-909/26. Son dos recomendaciones incompatibles sobre qué texto debería sancionar el cuerpo. Diferencia de contenido (texto). El proyecto que impulsa la minoría va en una dirección distinta —y en buena medida opuesta en lógica— a la de la mayoría. La minoría propone incorporar una bonificación adicional por Zona Polar y una exención del IVA para los consumos residenciales de gas natural en Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En detalle, su articulado: - Art. 1 de la minoría: incorpora un inciso c) al art. 75 de la Ley 25.565 creando la bonificación "adicional por Zona Polar" para consumos residenciales de gas por redes y propano indiluido en esas dos provincias, con una cuantía fija. La letra: «La bonificación correspondiente al Régimen Zona Polar será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS.» - Art. 2 de la minoría: incorpora un art. 3° bis a la Ley 27.637 eximiendo del IVA a esos usuarios residenciales. La letra: «Los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) […]». - Art. 3: fórmula de comunicación al Ejecutivo. El contraste de fondo entre ambos textos es nítido. La mayoría estrecha el subsidio de gas (lo focaliza por situación del hogar, saca porcentajes fijos de la ley y los remite al Ejecutivo, deroga la arquitectura expansiva de 2021). La minoría va en sentido inverso: suma un beneficio nuevo y cuantificado por zona (70% para Zona Polar) y agrega una exención impositiva (IVA) para dos provincias determinadas. Importante para el lector: la minoría trabaja sobre las mismas leyes base (25.565 y 27.637) pero por la vía de incorporar, no de derogar; y su alcance geográfico es acotado a Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que el proyecto de la mayoría es de alcance nacional y multisectorial (zona fría, mercado eléctrico, renovables, gas, hidrocarburos). Qué objetan puntualmente las disidencias dentro del propio dictamen de mayoría (Royón, disidencia total; Fama, disidencia parcial) no está consignado en la fuente: queda PENDIENTE. Síntesis para el lector El Dictamen de mayoría respalda, sin cambios de fondo, el proyecto del Ejecutivo. Sus únicos retoques son de etiquetado de epígrafes, cosméticos. El contenido que avala reordena el subsidio de gas de Zona Fría hacia un esquema focalizado por hogar y traslada al Ejecutivo la fijación de porcentajes que hoy están en la ley; deroga el bloque expansivo de la Ley 27.637 de 2021; crea un mecanismo de compensación de deudas eléctricas contra CAMMESA; ajusta cómo se trasladan a tarifa los costos de electricidad y de gas (traslado automático en gas, compras competitivas en ambos); prorroga veinte años la exención tributaria de las renovables; y desmonta dos regímenes hidrocarburíferos (Decreto 277/2022 y Decreto 929/2013 con los arts. 19-22 de la Ley 27.007), preservando derechos adquiridos. Enfrente, la minoría —una sola firma— no quiere este texto sino otro proyecto, que suma un beneficio de gas por Zona Polar (70%) y una exención de IVA para Santa Cruz y Tierra del Fuego: diferencia a la vez de veredicto y de contenido.

Tengo material suficiente para resolver las citas y escribir el análisis. Análisis profundo — Dictamen de minoría (José María Carambia, Movere Santa Cruz) sobre el proyecto "Zonas Frías" (Expte. 0003-PE-2026) De qué va esta pieza, en dos líneas El Poder Ejecutivo mandó un proyecto que toca varias leyes de energía (zona fría de gas, mercado eléctrico, renovables, gas natural, hidrocarburos). Sobre ese expediente se firmaron dos dictámenes. El de mayoría (O.D. 402/26) aconseja aprobar un texto prácticamente idéntico al del Ejecutivo. El de minoría, que es el que acá se analiza, no corrige el proyecto del Ejecutivo: propone aprobar OTRO proyecto, el S-909/26, con un contenido completamente distinto. Es decir, el firmante de la minoría no discute artículo por artículo el texto base: lo deja de lado y presenta una norma nueva, mucho más corta y acotada a dos beneficios para el extremo sur del país. Quién lo firma Dictamen en minoría firmado por una sola persona: José María Carambia (Movere Santa Cruz), con firma plena. Es un dictamen de un único firmante, frente a los dieciséis que respaldan la mayoría. LA DIFERENCIA DE POSICIÓN (el veredicto) Antes de mirar el texto, conviene separar qué aconseja cada dictamen hacer con el expediente, porque ahí ya hay un choque de fondo. La mayoría aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo (resultado: aprobar), con sus trece artículos que modifican las leyes 25.565, 27.637, 24.065, 24.076, 27.191, 27.007 y derogan decretos. La minoría, en cambio, aconseja "aprobar_otro_proyecto". No vota el texto base ni lo enmienda: pide que el Senado apruebe un expediente distinto, el S-909/26. El dictamen en minoría aconseja la aprobación del proyecto de ley S-909/26, que incorpora una bonificación adicional por Zona Polar y una exención del IVA para consumos residenciales de gas natural en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En criollo: no es "cambiémosle una coma al proyecto del Gobierno", sino "descartemos ese y votemos este otro". Por eso, cuando más abajo se comparan los artículos, no hay forma de alinear por materia la mayor parte del articulado del texto base (mercado eléctrico, renovables, hidrocarburos): la minoría sencillamente no habla de nada de eso. Solo toca —y de una manera distinta— la materia "zona fría / subsidios al gas residencial". LA DIFERENCIA DE CONTENIDO (el texto), materia por materia A continuación, cada movimiento del dictamen de minoría, qué hace en criollo, la letra textual, y el cotejo con lo que dicen el texto base y la mayoría sobre la misma materia. Primero conviene resolver las normas que la minoría toca, porque sin eso el cambio no se entiende. Qué es la Ley 25.565, artículo 75. Es la ley de Presupuesto 2002. La Ley 25.565, a través de su artículo 75, creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Ese fondo permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo a granel de las regiones frías del país. El Fondo se constituye con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías, que se aplica a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman o comercialicen por redes. Dicho de otro modo: todos los usuarios del país pagan un pequeño recargo en la factura de gas, y con esa plata se subsidia el gas de las zonas frías. El artículo 75 tiene incisos que definen qué financia el fondo (compensaciones a proveedoras, bonificaciones, venta de garrafas). Qué es la Ley 27.637. Es la ley de "Ampliación del Régimen de Zona Fría", de 2021. El régimen del artículo 75 de la Ley 25.565, con vigencia por diez años, fue prorrogado sucesivamente. La 27.637 hizo dos cosas centrales: prorrogó el plazo de vigencia del régimen del artículo 75 hasta el 31 de diciembre de 2031 y amplió el mapa de beneficiarios. En la ampliación se distingue entre usuarios generales con 30% de descuento y usuarios vulnerables con 50% de descuento. Esta ley es la que extendió el subsidio a buena parte del país, incluyendo zonas que no son necesariamente frías. Qué es el IVA sobre el gas. El Impuesto al Valor Agregado grava, entre otras cosas, el servicio de gas. La alícuota general del impuesto es del 21%. Para el gas domiciliario rige esa alícuota general (la del 27% se aplica, en cambio, cuando el consumo es fuera de la vivienda y el usuario es responsable inscripto o monotributista). La exención que propone la minoría apunta a sacar ese impuesto de la factura del gas residencial de las provincias del extremo sur. Con eso resuelto, van los movimientos. Movimiento 1 — Nuevo inciso c) en el artículo 75 de la Ley 25.565: bonificación "Zona Polar" Qué hace en criollo. Suma un beneficio nuevo al fondo de subsidios de gas: una bonificación llamada "Zona Polar", que rebaja a la mitad —en realidad, deja la factura al 70% de la tarifa plena, es decir un descuento del 30%— el gas residencial por redes y el gas propano indiluido en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es un descuento por región, para todos los usuarios residenciales de esas provincias, sin distinguir ingresos. La letra (introducida por el dictamen de minoría, firma de José María Carambia). «Incorpórase como inciso c) del artículo 75 de la Ley 25.565 y sus modificatorias, el siguiente: "c) Una bonificación 'adicional por Zona Polar', aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano indiluido por redes efectuados en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La bonificación correspondiente al Régimen Zona Polar será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS."» Una observación sobre la letra: el texto dice que la bonificación "será equivalente al 70% de los cuadros tarifarios plenos". En la lógica de la zona fría, esa redacción describe el valor que el usuario termina pagando (el 70% de la tarifa plena), no el monto que se descuenta —el descuento sería del 30%—. Es la misma técnica de redacción que usa la Ley 27.637, donde los cuadros tarifarios diferenciales serán equivalentes al setenta por ciento de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS para los beneficiarios generales de la ampliación. El dictamen no aclara expresamente si "70%" es lo que se paga o lo que se descuenta; se consigna el dato y la ambigüedad queda marcada. Cotejo con el texto base y con la mayoría. Ni el proyecto del Ejecutivo ni el dictamen de mayoría crean ninguna bonificación "Zona Polar". Al contrario: ambos reescriben entero el artículo 75 de la Ley 25.565 con tres incisos a), b) y c) ya definidos (compensaciones a proveedoras; bonificación "adicional por Zona Fría" bajo un régimen de subsidios focalizados con criterios de ingresos, ReNaBaP, veteranos de guerra y CUD; y venta de garrafas/GLP en Patagonia, Malargüe y Puna). O sea, el inciso c) del texto base está ocupado por la venta de cilindros y garrafas. La minoría, en cambio, trabaja sobre el texto hoy vigente del artículo 75 y le agrega un inciso c) nuevo con otro contenido. Hay acá, entonces, un choque de contenido doble: la mayoría reemplaza y focaliza por ingresos; la minoría suma un beneficio geográfico sin tope de ingresos para dos provincias australes. Son movimientos incompatibles entre sí sobre la misma norma. Movimiento 2 — Nuevo artículo 3° bis en la Ley 27.637: exención de IVA para "Zona Polar" Qué hace en criollo. Saca el IVA de la factura de gas residencial de los usuarios del nuevo Régimen Zona Polar. El gas por redes y el gas propano indiluido de esos hogares quedarían exentos del impuesto, lo que abarata adicionalmente la boleta por encima de la bonificación del movimiento anterior. La letra (introducida por el dictamen de minoría, firma de José María Carambia). «Incorpórase como artículo 3° bis de la Ley 27.637 el siguiente: "Artículo 3° bis.- Los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes."» Qué significa en términos del impuesto. Hoy el gas residencial tributa IVA a la alícuota general del 21%. La exención propuesta implica que, para esos usuarios, esa porción impositiva deja de cobrarse. Es un beneficio distinto de la bonificación tarifaria del movimiento 1: una baja el precio del servicio; la otra elimina un impuesto sobre ese servicio. Cotejo con el texto base y con la mayoría. Acá la divergencia es máxima. El texto base y la mayoría no crean ninguna exención de IVA; es más, sobre la Ley 27.637 hacen lo contrario de ampliar: el artículo 2 del texto de mayoría sustituye el artículo 3° de la Ley 27.637 y el artículo 3 deroga los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de esa misma ley. Es decir, la mayoría vacía buena parte de la Ley 27.637 (los artículos que fijaban descuentos del 50% y 70%, el listado de criterios de elegibilidad, las entidades de bien público, etc., según el texto de la ley que esos artículos contenían). La minoría, en cambio, agrega un artículo nuevo (3° bis) a esa ley. Un dictamen recorta la 27.637; el otro la expande con una exención impositiva. Son direcciones opuestas sobre la misma norma. Movimiento 3 — Artículo de forma Qué hace en criollo. Es el cierre habitual de toda ley: ordena comunicar la sanción al Poder Ejecutivo. No tiene efecto sustantivo. La letra (dictamen de minoría). «Comuníquese al Poder Ejecutivo.» Cotejo. El texto base y la mayoría tienen su propia fórmula equivalente de cierre («Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.»), precedida además por un artículo de entrada en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial. La minoría no incluye artículo de vigencia propio: su proyecto pasa directo del artículo 2° (IVA) al de comunicación. Se consigna como dato; el proyecto de minoría no fija expresamente una fecha o condición de entrada en vigencia. Todo lo que el texto base y la mayoría tocan y la minoría NO toca Por la regla de exhaustividad, corresponde dejar constancia de que el dictamen de minoría guarda silencio sobre la enorme mayoría del proyecto del Ejecutivo. No propone, ni a favor ni en contra, nada sobre estas materias que sí están en el texto base y en la mayoría. Se agrupan acá porque el tratamiento que les da la minoría es el mismo para todas: ninguno. Mercado Eléctrico Mayorista (Capítulo II del texto base). El texto base y la mayoría incorporan un mecanismo para que el Estado determine diferencias de ingresos de distribuidoras y transportistas eléctricas por las emergencias tarifarias y las compense contra deudas con CAMMESA, y sustituyen el inciso c) del artículo 40 de la Ley 24.065 (marco regulatorio eléctrico). La minoría no dice nada de esto. Letra de la norma que la mayoría modifica y la minoría no: sustituye el inciso c) del artículo 40 del texto ordenado de la ley 24.065, estableciendo que el precio de venta de electricidad a los usuarios incluirá un término representativo de los costos de adquisición en el Mercado Eléctrico Mayorista. Fuentes Renovables (Capítulo III). El texto base y la mayoría prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2045 el plazo del artículo 17 de la Ley 27.191 y habilitan la cesión de contratos de abastecimiento. La minoría no se ocupa de renovables. Gas Natural — Ley 24.076 (Capítulo IV). El texto base y la mayoría sustituyen el inciso c) del artículo 38 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas) para garantizar el traslado automático a tarifas del costo de adquisición surgido de procesos competitivos. La minoría no toca la Ley 24.076. Hidrocarburos (Capítulo V). El texto base y la mayoría derogan el Decreto 277/2022, el Decreto 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, con salvedad de derechos adquiridos. La minoría no deroga nada. En resumen de este bloque: sobre electricidad, renovables, gas (Ley 24.076) e hidrocarburos, no hay comparación posible porque la minoría eligió no legislar sobre esas materias. Su proyecto es monotemático: beneficios al gas residencial del extremo sur. Síntesis para el lector El dictamen de minoría no es una versión retocada del proyecto del Gobierno: es un reemplazo total por un proyecto distinto (S-909/26), firmado por una sola persona, José María Carambia (Movere Santa Cruz). Donde el texto base y la mayoría rediseñan y focalizan el régimen de zona fría (reescriben el artículo 75 de la Ley 25.565 con criterios de ingresos y recortan la Ley 27.637), la minoría va en sentido inverso sobre esa misma materia: crea una bonificación geográfica nueva ("Zona Polar") para Santa Cruz y Tierra del Fuego sin tope de ingresos, y agrega una exención de IVA al gas residencial de esas provincias. Sobre el resto del proyecto —mercado eléctrico, renovables, Ley 24.076 de gas e hidrocarburos— la minoría no se pronuncia. Queda pendiente, por no constar en la fuente provista: el texto completo del proyecto S-909/26 más allá de los tres artículos transcriptos; los fundamentos del proyecto original (el expediente indica "Sin fundamentos disponibles"); y la fecha o condición de entrada en vigencia del proyecto de minoría, que su articulado no explicita.