402/26

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de mayoría (O.D. 402/26, 24/09/2026) sobre el Expediente 0003-PE-2026 QUÉ ES ESTE DICTAMEN Y QUÉ ACONSEJA Este es el dictamen de mayoría sobre un proyecto del Poder Ejecutivo que reordena varios regímenes energéticos: el subsidio al gas de zona fría, la regularización de deudas eléctricas entre distribuidoras y CAMMESA, la prórroga del régimen de energías renovables, el precio del gas en tarifas, y la derogación de dos decretos de hidrocarburos. El consejo del dictamen es aprobar, y su resultado es aprobar el proyecto. Lo firman dieciséis legisladores. Catorce firman de forma plena: Mario Pablo Cervi, Agustín Aníbal Monteverde, Juan Cruz Godoy, Bruno Antonio Olivera Lucero, Ezequiel Atauche, Agustín Coto, Patricia Bullrich, Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza); Silvana Lorena Schneider (Unión Cívica Radical); Andrea Marcela Cristina (Frente PRO); Julieta Corroza (La Neuquinidad); Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas); y María Carolina Moisés y Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal). Dos firman con reservas: Flavia Royón (Primero los Salteños) firma en disidencia total y Flavio Sergio Fama (Unión Cívica Radical) en disidencia parcial. El contenido de esas disidencias no figura en la fuente: queda pendiente cuáles artículos objetan y con qué texto alternativo. PUNTO DE PARTIDA: EL COTEJO CONTRA EL TEXTO BASE El primer hecho relevante es que el articulado que propone el dictamen de mayoría es idéntico, palabra por palabra, al texto base del proyecto del Ejecutivo. Los trece artículos se reproducen sin cambios de fondo ni de forma. No hay reescrituras, ni supresiones, ni agregados, ni renumeraciones respecto del proyecto original. La única diferencia detectable entre el texto base y el dictamen de mayoría es de rotulación, no de contenido normativo. En el texto base, algunos artículos venían anotados de manera más genérica y en el dictamen se precisa a qué disposición apuntan: el artículo 5 pasa a rotularse «sustituye art. 40 inc. c de Ley 24.065» (en el base decía «sustituye art. 40 de Ley 24.065»); el artículo 6 se rotula «sustituye art. 17 de Ley 27.191» (en el base no llevaba esa etiqueta); el artículo 8 pasa a «sustituye art. 38 inc. c de Ley 24.076» (en el base decía «sustituye art. 38 de Ley 24.076»); y el artículo 10 se rotula «deroga de Decreto 929/2013 y arts. 19 a 22 de la Ley 27.007». Se trata de etiquetas de encabezado que ordenan la lectura; el cuerpo de cada artículo es el mismo. Este es un movimiento cosmético: no altera lo que la ley haría. Una observación sobre el rótulo del artículo 6. La etiqueta lo describe como «sustituye art. 17 de Ley 27.191», pero el cuerpo del artículo no sustituye el texto de ese artículo: lo que hace es prorrogar un plazo. La letra dice: «Dase por prorrogado, desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2045, el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191». Es decir, el efecto es de prórroga de un plazo, no de reemplazo del articulado. Ante esa diferencia entre rótulo y cuerpo, corresponde estar al cuerpo. Como el articulado de la mayoría coincide con el texto base, el recorrido que sigue describe cada movimiento del proyecto —que es también el de la mayoría— con su letra y con la norma que toca resuelta, para que se entienda el alcance. La firma de todos estos movimientos es la del dictamen de mayoría (los dieciséis firmantes ya listados, con las dos disidencias señaladas). CAPÍTULO I — RÉGIMEN DE ZONA FRÍA (arts. 1 a 3) Qué es la norma que se toca. El régimen de «zona fría» nace en el artículo 75 de la Ley 25.565, que fue la ley de presupuesto para 2002. Ese artículo creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con el objeto de financiar las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la región conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas deben percibir por aplicar tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y la venta de garrafas y gas licuado en esas zonas. El fondo se financia con un recargo que pagan todos los usuarios de gas del país. Ese mismo texto quedó incorporado, además, al artículo 148 de la Ley 11.672 (Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, t.o. 2014): las disposiciones del artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias fueron incorporadas a la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) en el artículo 148. Por eso el proyecto modifica ambos a la vez. En 2021, la Ley 27.637 amplió el régimen. La ley de Zona Fría Ampliada es una extensión del Régimen de Zona Fría creado en 2002 para asistir a provincias con climas extremos; en 2021 el régimen se extendió incorporando zonas consideradas cálidas y templadas cálidas, como Rosario, Córdoba, San Luis y gran parte del territorio bonaerense. El descuento base bajo ese esquema fue del 50% del cuadro tarifario pleno, con incorporación automática de localidades y beneficiarios especiales. Artículo 1 — reescribe el artículo 75 de la Ley 25.565 (y el 148 de la Ley 11.672). Qué hace en criollo: reemplaza por completo el corazón del régimen. Redefine el objeto del Fondo agregando expresamente una bonificación «adicional por Zona Fría» dirigida a usuarios que cumplan criterios socioeconómicos, en lugar del beneficio de aplicación amplia. La letra del proyecto dice que el Fondo financiará «b) Una bonificación "adicional por Zona Fría", bajo el Régimen de Subsidios Focalizados, respecto de los subsidios al gas natural por redes y al gas propano indiluido por redes, aplicable sobre los Consumos Base de los usuarios residenciales que: i) estén inscriptos en dicho régimen; ii) se encuentren dentro de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI…; iii) no estén incluidos en el inciso a) precedente; y iv) que cumplan con los siguientes criterios». Esos criterios son cuatro: «1. Hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un (1) "Hogar 2" según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)»; «2. Hogares que tengan un (1) integrante que posea Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)»; «3. Hogares que tengan un (1) integrante que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur»; y «4. Hogares que cuenten con al menos un (1) integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)…». El mismo artículo fija el recargo con que se financia el fondo: «un recargo de hasta un siete coma cinco por ciento (7,5%) sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 Kc)». Para dimensionar ese número: el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias fue fijado en el 5,44% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte por cada metro cúbico de 9.300 kcal en 2021. El texto también incorpora dos exenciones al recargo: «i) aquellos destinados a la exportación de gas natural o de GNL y ii) los inyectados al Sistema de Transporte de Gas Natural provenientes de GNL importado y regasificado». Y mantiene la vigencia del régimen: «El presente régimen se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031», fecha que coincide con la que ya regía. Este movimiento reescribe y, según la regla, la letra completa del nuevo artículo 75 es la que se transcribió arriba; el texto anterior era el de la Ley 25.565 con la ampliación de 2021, de descuento del 50% y alcance amplio. Artículo 2 — reescribe el artículo 3 de la Ley 27.637. Qué hace en criollo: cambia la redacción del artículo que fija los beneficios para las regiones históricas del régimen (Patagonia, Malargüe y Puna). El texto anterior fijaba un porcentaje explícito. El artículo 3° original de la Ley 27.637 disponía que para las regiones y el departamento del inciso a) del artículo 75 de la ley 25.565 continuarían los beneficios para usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes y todos los usuarios del servicio general P, los que serían equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS; y agregaba que la tarifa diferencial no excluiría los beneficios otorgados por otras normas. La nueva redacción que propone el proyecto quita el porcentaje fijo y la cláusula de no exclusión, y deja la determinación en manos del Ejecutivo: «continuarán los beneficios de la aplicación del régimen… los que serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes». Antes/después: antes, 50% fijo por ley; después, el nivel del beneficio lo define el Ejecutivo. Artículo 3 — deroga los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 27.637. Qué hace en criollo: elimina el bloque de la ley de 2021 que definía la ampliación geográfica y los beneficiarios especiales. Se agrupan seis derogaciones en un solo movimiento. La letra: «Deróganse los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la ley 27.637». El texto que cae, según lo publicado en su momento, incluye: la facultad del artículo 2° sobre el recargo (el artículo 2° de la Ley 27.637 facultó al Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, para aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un cincuenta por ciento (50%)); el artículo 4°, que amplió el beneficio del inciso a) del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI del anexo I, de las zonas bioambientales utilizadas por ENARGAS; el artículo 5°, que aplicó a los consumos de las entidades de bien público (Ley 27.218) un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos del ENARGAS; y el artículo 6°, que extendió el beneficio del 50% a usuarios que satisfacieran criterios de elegibilidad, como asociaciones civiles con ingresos anuales menores a la categoría "G" del monotributo y comedores comunitarios reconocidos o inscriptos en el registro nacional. El contenido preciso de los artículos 7° y 8° derogados no está resuelto en el material disponible: queda pendiente. CAPÍTULO II — DEUDAS ELÉCTRICAS Y MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (arts. 4 y 5) Artículo 4 — regularización de deudas con CAMMESA. Qué hace en criollo: crea un mecanismo por el cual el Estado calcula las diferencias de ingresos que dejaron de percibir distribuidoras y transportistas eléctricas por las leyes de emergencia tarifaria, y usa ese eventual crédito para cancelar deudas que esas empresas tienen con CAMMESA por compra de energía. CAMMESA es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que administra el mercado eléctrico mayorista donde las distribuidoras compran la energía que luego revenden. El artículo condiciona el beneficio a que las empresas renuncien a los reclamos judiciales o administrativos ligados a esas emergencias. La letra fija el destino del crédito: «la aplicación de la totalidad del eventual crédito determinado en el párrafo precedente a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA… siempre que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas con CAMMESA… sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos relacionados con los efectos de las emergencias declaradas». Para las distribuidoras provinciales y municipales, agrega que «El excedente de dichos montos será asumido por las Jurisdicciones locales». Y establece un tratamiento impositivo: «las sumas que se originen como consecuencia de la aplicación de este artículo… revestirán el carácter de exentas en el impuesto a las ganancias». Este es un artículo nuevo, que no modifica una norma preexistente sino que instituye un procedimiento: la capa de texto es su propio articulado, transcripto arriba en sus tramos centrales. Artículo 5 — reescribe el inciso c) del artículo 40 de la Ley 24.065. Qué es la norma: la Ley 24.065 es el marco regulatorio de la energía eléctrica en la Argentina, que organiza la generación, el transporte y la distribución y fija cómo se componen las tarifas. Qué hace en criollo: reescribe la regla de cómo se traslada a la tarifa del usuario el costo de comprar la electricidad en el mercado mayorista, incorporando expresamente que ese costo surja de procesos competitivos y detallando qué conceptos se computan y cuáles no pueden cargarse en la factura. La letra nueva dice: «En el caso de tarifas de distribuidores, el precio de venta de la electricidad a los usuarios incluirá un término representativo de los costos de adquisición de la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)», y detalla que se considerará «i) el precio de las compras del distribuidor en el mercado spot… y el promedio ponderado de las efectuadas mediante contratos del Mercado a Término en procesos competitivos… ii) el costo del transporte en alta tensión; y iii) los servicios del sistema administrados por el Organismo Encargado del Despacho (OED)». Y agrega una regla sobre la factura: «la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados, sin perjuicio del alumbrado público y de aquellos conceptos inherentes al servicio público de distribución eléctrica previstos por las jurisdicciones provinciales o municipales». El texto exacto del inciso c) anterior del artículo 40 de la Ley 24.065 no está resuelto en el material disponible: queda pendiente el antes literal, aunque el movimiento es una sustitución de ese inciso. CAPÍTULO III — ENERGÍAS RENOVABLES (arts. 6 y 7) Qué es la norma. La Ley 27.191, de 2015, regula el fomento de las fuentes renovables de energía para la generación eléctrica y fija metas de participación de renovables en el consumo eléctrico nacional. Su artículo 17 establece un plazo asociado a beneficios del régimen. El detalle preciso de qué establece ese artículo 17 no quedó resuelto en el material disponible: queda pendiente su contenido exacto, aunque el efecto del proyecto sobre él es claro por su propia letra. Artículo 6 — prórroga del plazo del artículo 17 de la Ley 27.191. Qué hace en criollo: extiende por veinte años un plazo del régimen de renovables. La letra: «Dase por prorrogado, desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2045, el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191». Como se señaló, el rótulo lo llama «sustituye», pero el cuerpo prorroga un plazo. La capa de texto de este movimiento es la propia cláusula de prórroga; el detalle de a qué beneficio corresponde ese plazo queda pendiente de resolución. Artículo 7 — cesión de contratos de abastecimiento. Qué hace en criollo: habilita, con carácter excepcional, que se autorice la cesión a terceros de contratos de abastecimiento de renovables celebrados bajo la Ley 27.191, cuando de esa cesión dependa terminar un proyecto en curso. La letra: «La autoridad de aplicación o la Subsecretaría de Energía Eléctrica… podrá autorizar la cesión a terceros de los contratos de abastecimiento celebrados conforme las disposiciones de la ley 27.191 y su reglamentación, con carácter de excepción, y sujeto a la acreditación fehaciente por parte de los sujetos del sector público que sean parte en los referidos contratos en los términos del decreto 531 del 30 de marzo de 2016, de que la efectiva finalización de los proyectos de inversión en curso de ejecución dependa de la referida cesión contractual». Es un artículo nuevo; su capa de texto es su propio articulado. CAPÍTULO IV — GAS NATURAL (art. 8) Qué es la norma. La Ley 24.076 es el marco regulatorio del gas natural, que organiza el transporte y la distribución del gas y regula al ENARGAS como ente de control; su artículo 38 trata cómo se compone el precio del gas para el usuario. Artículo 8 — reescribe el inciso c) del artículo 38 de la Ley 24.076 (t.o. 2025). Qué hace en criollo: fija que el precio de venta del gas al usuario incluya el costo de adquisición y que ese costo, surgido de procesos competitivos, se traslade automáticamente a la tarifa. La letra nueva: «El precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los consumidores incluirá los costos de su adquisición. El Ente deberá garantizar el traslado automático a las tarifas de los distribuidores del referido costo de adquisición que resulte de procesos competitivos conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo nacional sobre las condiciones de contratación; y». El texto exacto del inciso c) anterior no está resuelto en el material disponible: queda pendiente el antes literal; el movimiento es una sustitución de ese inciso, en línea con lo que hace el artículo 5 para el sector eléctrico. CAPÍTULO V — HIDROCARBUROS (arts. 9 y 10) Artículo 9 — deroga el Decreto 277/2022. Qué hace en criollo: elimina un decreto de 2022 en materia de hidrocarburos. La letra: «Derógase el decreto 277 del 27 de mayo de 2022». El contenido de ese decreto no está resuelto en el material disponible: queda pendiente qué establecía, y por tanto qué deja de regir con la derogación. Artículo 10 — deroga el Decreto 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007. Qué hace en criollo: elimina el régimen promocional de inversión en hidrocarburos de 2013 y los artículos vinculados de la Ley 27.007, pero preserva los derechos ya adquiridos por quienes tienen proyectos aprobados. La letra: «Derógase el decreto 929 del 11 de julio de 2013 y los artículos 19 al 22 de la ley 27.007, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares de los proyectos de inversión oportunamente aprobados en el marco del "Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos", cuyos beneficios continuarán resultando aplicables hasta tanto se verifique alguna de las causales de cese previstas en el artículo 9° del citado decreto 929/13». El Decreto 929/2013 creó ese Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos; el detalle preciso de sus beneficios y de las causales de cese de su artículo 9°, y el contenido de los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, no están resueltos en el material disponible: quedan pendientes. Se agrupan aquí dos derogaciones que operan sobre el mismo régimen. CAPÍTULO VI — DISPOSICIONES FINALES (arts. 11 a 13) Artículo 11 — vigencia de las exenciones al recargo. Qué hace en criollo: aclara desde cuándo rigen las nuevas exenciones al recargo del gas que introduce el artículo 1. La letra: «Establécese que las excepciones al pago del recargo previsto en el segundo párrafo del artículo 75 de la ley 25.565, así como del artículo 148 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (t.o. 2014), incorporadas al mismo mediante el artículo 1° de la presente ley tendrán vigencia a partir de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial». Artículo 12 — entrada en vigencia. La letra: «La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina». Artículo 13 — comunicación. La letra: «Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional». EL COTEJO CONTRA EL OTRO DICTAMEN: MAYORÍA FRENTE A MINORÍA Existe un dictamen de minoría, firmado por una sola persona, Jose María Carambia (Movere Santa Cruz), en firma plena. Conviene separar dos planos. Diferencia de posición (veredicto). La mayoría aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo tal como vino. La minoría también aconseja aprobar, pero su resultado es «aprobar otro proyecto»: no el del Ejecutivo, sino un proyecto distinto, el S-909/26. Es decir, no chocan sobre si legislar, sino sobre qué texto se convierte en ley. Diferencia de contenido (texto). Los dos dictámenes proponen articulados completamente distintos y sobre materias que apenas se tocan. El de la mayoría es el paquete de trece artículos ya descrito, que abarca zona fría, deudas eléctricas, renovables, gas e hidrocarburos. El de la minoría es un texto breve de tres artículos, centrado exclusivamente en un beneficio nuevo para dos provincias. Según su sumario, la minoría aconseja la aprobación del proyecto de ley S-909/26, que incorpora una bonificación adicional por Zona Polar y una exención del IVA para consumos residenciales de gas natural en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Donde ambos textos tocan la misma norma, el contraste es directo pero de orientación opuesta. Los dos operan sobre el artículo 75 de la Ley 25.565 y sobre la Ley 27.637, pero en sentidos distintos. La mayoría, en su artículo 1, reescribe el artículo 75 para focalizar el subsidio por criterios socioeconómicos y agrega exenciones al recargo. La minoría, en cambio, agrega un beneficio geográfico nuevo: su artículo 1 dispone «Incorpórase como inciso c) del artículo 75 de la Ley 25.565 y sus modificatorias, el siguiente: "c) Una bonificación "adicional por Zona Polar", aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano indiluido por redes efectuados en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La bonificación correspondiente al Régimen Zona Polar será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS"». Sobre la Ley 27.637, mientras la mayoría deroga varios de sus artículos (art. 3 del dictamen de mayoría), la minoría le agrega uno: su artículo 2 dispone «Incorpórase como artículo 3° bis de la Ley 27.637 el siguiente: "Artículo 3° bis.- Los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes"». El artículo 3 de la minoría es de mera comunicación: «Comuníquese al Poder Ejecutivo». En síntesis del contraste: la mayoría propone un reordenamiento amplio y de focalización del subsidio, con el nivel de los beneficios a definir por el Ejecutivo; la minoría propone, para dos provincias del extremo sur, un beneficio adicional del 70% del cuadro tarifario y una exención de IVA. Son proyectos de alcance y lógica diferentes, y por eso los veredictos difieren no en el «sí/no» de legislar, sino en cuál de los dos textos avanza. NOTA FINAL SOBRE LO QUE QUEDÓ PENDIENTE Por las limitaciones de resolución en este análisis, quedan sin verificar contra su fuente los siguientes textos: el contenido exacto de los artículos 7° y 8° derogados de la Ley 27.637; el inciso c) anterior del artículo 40 de la Ley 24.065; el inciso c) anterior del artículo 38 de la Ley 24.076; el artículo 17 de la Ley 27.191; el Decreto 277/2022; el Decreto 929/2013 con las causales de cese de su artículo 9°; y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007. El contenido de las disidencias de Flavia Royón (total) y Flavio Sergio Fama (parcial) tampoco figura en la fuente y queda pendiente.

Análisis profundo — Dictamen de minoría (José María Carambia, Movere Santa Cruz) sobre el Expediente 0003-PE-2026 Qué es este dictamen y en qué se diferencia de los demás El expediente 0003-PE-2026 es un proyecto del Poder Ejecutivo que reforma el régimen de subsidios al gas en zonas frías, la regularización de deudas eléctricas, las energías renovables y los hidrocarburos, tocando entre otras las leyes 25.565, 27.637, 24.065, 24.076 y 27.191, y derogando los decretos 277/2022 y 929/2013. Sobre ese proyecto se emitieron dos dictámenes con fecha 24 de septiembre de 2026 (O.D. 402/26). Antes de entrar al contenido, conviene separar las dos capas en que estos dictámenes difieren, porque acá se dan las dos a la vez. DIFERENCIA DE POSICIÓN (el veredicto). El dictamen de mayoría, firmado por dieciséis legisladores encabezados por bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Frente PRO y varios bloques provinciales, aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo, con dos salvedades: Flavia Royón (Primero los Salteños) firma en disidencia total y Flavio Sergio Fama (UCR) en disidencia parcial. El dictamen de minoría que se analiza acá está firmado por una sola persona, José María Carambia (Movere Santa Cruz), en firma plena, y su consejo es distinto: no aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo, sino «aprobar otro proyecto». En concreto, aconseja aprobar el proyecto de ley S-909/26, un texto por completo diferente. DIFERENCIA DE CONTENIDO (el texto). Esta es la diferencia más grande y la que exige más explicación: el dictamen de mayoría reproduce casi palabra por palabra el articulado del proyecto del Ejecutivo (trece artículos sobre zona fría, mercado eléctrico, renovables, gas e hidrocarburos), mientras que el dictamen de minoría descarta ese articulado completo y propone en su lugar un texto propio de solo tres artículos, centrado en un único tema: crear un beneficio de «Zona Polar» para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es decir, no es un dictamen que corrija artículos del proyecto base: es la propuesta de reemplazar todo el proyecto por otro de alcance mucho más acotado. A continuación se detalla, primero, qué contiene la propuesta de la minoría; después, qué implica frente al texto base y frente a la mayoría. Las normas que el dictamen de minoría toca El dictamen de minoría interviene sobre dos leyes: la Ley 25.565 (su artículo 75) y la Ley 27.637. La Ley 25.565 fue la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002. Su artículo 75 es la disposición que creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Según registros oficiales, ese artículo estableció el Fondo y un recargo sobre el precio del gas natural para financiarlo; la búsqueda confirma que fue «reglamentado por el Decreto N° 786 del 8 de mayo de 2002, posteriormente modificado por el Artículo 84 de la Ley N° 25.725 y ampliado mediante la Ley N° 27.637», y que el recargo llegó a fijarse en «hasta el siete coma cinco por ciento (7,5%) sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)». En criollo: el artículo 75 es la caja con la que se subsidia el gas en las zonas más frías del país, y el dinero para llenarla sale de un recargo que pagan quienes consumen gas. La Ley 27.637 es la ley de «Zona Fría» de 2021, que amplió ese régimen. La búsqueda confirma que su objeto fue la «Ampliación» del beneficio y que, entre otras cosas, prorrogó la vigencia del régimen: «EL PLAZO DE VIGENCIA DEL REGIMEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY 25.565 SE PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2031». Su artículo 4 extendió el beneficio a nuevas zonas: «Se amplía el beneficio establecido en el punto a), del párrafo primero, del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI (…) de las zonas bio-ambientales utilizadas por ENARGAS, bajo norma IRAM 11603/2012». En criollo: la Ley 27.637 fue la que estiró el mapa de las localidades con gas subsidiado y le puso fecha de fin al régimen (fin de 2031). Con esas dos leyes de fondo, veamos qué propone la minoría. Cambio 1 — Crear una bonificación «adicional por Zona Polar» del 70% para Santa Cruz y Tierra del Fuego Qué hace en criollo. La minoría propone agregar un nuevo beneficio dentro del Fondo Fiduciario de gas: una rebaja fija del 70% en la tarifa del gas para los hogares de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No modifica el porcentaje de las zonas frías ya existentes; suma una categoría nueva, la «Zona Polar», con un descuento propio y más alto. La letra. El artículo 1 del dictamen de minoría dice: «Incorpórase como inciso c) del artículo 75 de la Ley 25.565 y sus modificatorias, el siguiente: "c) Una bonificación "adicional por Zona Polar", aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano indiluido por redes efectuados en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La bonificación correspondiente al Régimen Zona Polar será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS."». Qué versión lo introduce y a quién se atribuye. Este texto aparece únicamente en el dictamen de minoría y se atribuye a su único firmante, José María Carambia (Movere Santa Cruz). No figura en el proyecto base ni en el dictamen de mayoría. Observación de encuadre (materia, no número). El dictamen de minoría dice «incorpórase como inciso c)» del artículo 75, pero el artículo 75 tal como lo reescriben tanto el texto base como la mayoría ya tiene un inciso c) (el que financia «La venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo (…) en las provincias ubicadas en la Región Patagónica (…)»). Como el dictamen de minoría propone reemplazar todo el proyecto por el S-909/26, su punto de partida no es la redacción del artículo 75 que propone el Ejecutivo, sino el texto del artículo 75 vigente sobre el que la minoría trabaja. Cuál es exactamente la numeración de incisos del artículo 75 vigente a la que se engancha esta incorporación queda pendiente de verificación contra el texto consolidado de la Ley 25.565: el dictamen no reproduce ese texto vigente. Cambio 2 — Eximir del IVA al gas de la «Zona Polar» Qué hace en criollo. La minoría propone que, además del descuento del 70%, los hogares de esa «Zona Polar» no paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el servicio de gas. Es un segundo beneficio, de naturaleza impositiva, que se suma a la rebaja tarifaria. La letra. El artículo 2 del dictamen de minoría dice: «Incorpórase como artículo 3° bis de la Ley 27.637 el siguiente: "Artículo 3° bis.- Los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes."». Qué versión lo introduce y a quién se atribuye. Este texto aparece únicamente en el dictamen de minoría y se atribuye a José María Carambia (Movere Santa Cruz). No existe equivalente en el proyecto base ni en el dictamen de mayoría. Encuadre. La exención se inserta como artículo nuevo («3° bis») dentro de la Ley 27.637, la ley de Zona Fría de 2021. El sumario del propio dictamen resume el conjunto de la propuesta: «incorpora una bonificación adicional por Zona Polar y una exención del IVA para consumos residenciales de gas natural en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur». Cambio 3 — Cláusula de forma Qué hace en criollo. El artículo 3 del dictamen de minoría es la fórmula final de comunicación al Ejecutivo. La letra: «Comuníquese al Poder Ejecutivo.». Es una cláusula de cierre sin contenido sustantivo, equivalente a la del proyecto base (su artículo 13) y a la práctica legislativa habitual. Cotejo contra el texto base: todo lo que la minoría deja afuera Como el dictamen de minoría reemplaza el proyecto entero por el S-909/26, en la práctica descarta todo el articulado del texto base. Para que el ciudadano dimensione qué queda fuera, se agrupan los bloques que la minoría no recoge (siguen todos vigentes o sin tratar, según la minoría, porque no forman parte de su propuesta): Régimen de Zona Fría (Capítulo I del texto base). El texto base reescribe por completo el artículo 75 de la Ley 25.565 (detallando quiénes acceden a la bonificación por zona fría, el recargo de hasta 7,5% y las excepciones), sustituye el artículo 3 de la Ley 27.637 y deroga sus artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Nada de esto está en el dictamen de minoría, que sobre estas mismas dos leyes propone en cambio agregar el beneficio de Zona Polar. Es el único punto donde ambos textos pisan la misma materia (Ley 25.565 art. 75 y Ley 27.637), pero con lógicas distintas: el base reordena y focaliza el régimen general y deroga varios artículos de la Ley 27.637; la minoría suma un beneficio nuevo para dos provincias sin tocar esos artículos. Autosuficiencia del Mercado Eléctrico Mayorista (Capítulo II del texto base). El texto base crea un mecanismo para que el Estado determine diferencias de ingresos de distribuidoras y transportistas eléctricas y las compense contra deudas con CAMMESA, y sustituye el inciso c) del artículo 40 de la Ley 24.065 (marco regulatorio eléctrico). El dictamen de minoría no contiene nada sobre esto. Fuentes Renovables de Energía (Capítulo III del texto base). El texto base prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 el plazo del artículo 17 de la Ley 27.191 (régimen de fomento de energías renovables) y habilita la cesión de contratos de abastecimiento. El dictamen de minoría no contiene nada sobre esto. Gas Natural mayorista (Capítulo IV del texto base). El texto base sustituye el inciso c) del artículo 38 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas), sobre el traslado a tarifas del costo de adquisición del gas. El dictamen de minoría no contiene nada sobre esto. Hidrocarburos (Capítulo V del texto base). El texto base deroga el decreto 277/2022 y el decreto 929/2013 junto con los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007. El dictamen de minoría no contiene nada sobre esto. Disposiciones finales (Capítulo VI del texto base). El texto base regula la vigencia de las excepciones al recargo y la entrada en vigencia de la ley. El dictamen de minoría solo conserva la cláusula de comunicación al Ejecutivo. En síntesis del cotejo contra el base: el dictamen de minoría no modifica artículo por artículo el proyecto del Ejecutivo, sino que lo sustituye por completo por un texto de tres artículos que agrega dos beneficios (bonificación del 70% y exención de IVA) para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cotejo contra el dictamen de mayoría DIFERENCIA DE POSICIÓN. La mayoría aconseja aprobar el proyecto del Ejecutivo; la minoría aconseja aprobar otro proyecto (el S-909/26). Son veredictos incompatibles: no es que la minoría acepte el proyecto con retoques, sino que propone reemplazarlo. DIFERENCIA DE CONTENIDO. El articulado de la mayoría es prácticamente idéntico al del texto base: reproduce los trece artículos con los mismos capítulos (zona fría, MEM, renovables, gas, hidrocarburos y disposiciones finales) y las mismas normas modificadas (leyes 25.565, 27.637, 24.065, 27.191, 24.076 y las derogaciones de los decretos 277/2022 y 929/2013 y de los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007). La única diferencia de redacción apreciable frente al texto base es de encuadre en las etiquetas de algunos artículos —por ejemplo, la mayoría rotula el artículo 6 como «sustituye art. 17 de Ley 27.191», cuando el propio cuerpo del artículo, tanto en el base como en la mayoría, dice «Dase por prorrogado (…) el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191»; el texto operativo es el mismo (una prórroga), por lo que se trata de una diferencia de rótulo, no de contenido normativo. Frente a eso, la minoría no comparte ningún artículo sustantivo con la mayoría: sus dos únicos beneficios (Zona Polar al 70% y exención de IVA) no tienen contraparte en el dictamen de mayoría. Dónde chocan directamente. Los dos dictámenes se cruzan sobre las mismas dos leyes de zona fría (25.565 y 27.637), pero con efectos distintos. La mayoría, siguiendo al Ejecutivo, focaliza el beneficio general por zona fría en usuarios que cumplan criterios de ingresos y vulnerabilidad y deroga varios artículos de la Ley 27.637; la minoría, en cambio, agrega sobre esas mismas leyes un régimen geográfico nuevo y más generoso (70% de descuento más exención de IVA) para dos provincias específicas, sin condicionarlo a criterios de ingresos y sin derogar los artículos de la Ley 27.637 que la mayoría sí deroga. El proyecto que la minoría propone aprobar (S-909/26) El dictamen de minoría no reproduce fundamentos ni un texto más extenso que sus tres artículos; el objeto del proyecto S-909/26 al que remite queda descripto por el propio sumario del dictamen —bonificación por Zona Polar y exención de IVA para Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur— y por su articulado transcripto arriba. La búsqueda web no arrojó el texto completo ni los fundamentos del expediente S-909/26; ese detalle adicional (por ejemplo, si el proyecto original contiene más artículos, definiciones o una cláusula de financiamiento del mayor gasto) queda pendiente de verificación contra la fuente original del expediente del Senado. Cierre En términos prácticos para un ciudadano: la mayoría propone aprobar la reforma amplia del Ejecutivo sobre gas, electricidad, renovables e hidrocarburos, con foco en dirigir los subsidios de zona fría a quienes cumplan criterios de ingresos y vulnerabilidad. La minoría, con una sola firma, propone descartar todo ese paquete y aprobar en su lugar una ley corta que crea, sobre la misma estructura de zona fría, un beneficio geográfico específico para Santa Cruz y Tierra del Fuego: 70% de descuento en la tarifa de gas más exención de IVA. Las dos propuestas se tocan en la materia (el régimen de subsidios de gas) pero difieren tanto en el veredicto (aprobar el proyecto del Ejecutivo versus aprobar otro proyecto) como en el contenido (reforma general y focalizada versus beneficio ampliado para dos provincias).