Para operar petróleo en Argentina habrá que jurar que no se explota Malvinas
Norma · Decreto 868/2026 · 4 de septiembre de 2026
Análisis DQST · 4 de septiembre de 2026
El cambio designa un responsable donde antes no lo había: la Cancillería queda a cargo de aplicar la Ley 26.659, que castiga la explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de Malvinas. Junto con esa designación aparece un procedimiento con plazos concretos: los organismos de la Administración Pública Nacional tienen 5 días hábiles para reportar hechos que puedan configurar conductas prohibidas, y el presunto infractor cuenta con 10 días hábiles para constituir domicilio, presentar descargo y ofrecer prueba, tras lo cual debe dictarse una resolución fundada dentro de otros 10 días hábiles, publicada en el Boletín Oficial y notificada.
Para las empresas del sector, la novedad es un nuevo filtro de admisión. Quienes soliciten adhesión al RIGI ahora deben sumar a su legajo una declaración jurada firmada por el representante legal que abarque tanto al vehículo de proyecto como a las personas con participación directa o indirecta. Lo mismo corre para permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones bajo la Ley 17.319: a los requisitos ya existentes de solvencia, patrimonio y capacidad técnica se agrega esa DDJJ sobre la Ley 26.659. La carga extra está en relevar toda la cadena de participación y sumar la eventual intervención previa de la autoridad de aplicación.
El beneficiado por el diseño es, paradójicamente, quien resulte acusado: por primera vez tiene reglas ciertas, derecho de defensa con plazos y una decisión fundada que puede impugnar, en lugar de un procedimiento sin normas. Del lado del costo quedan las empresas interesadas en petróleo argentino, que deben incorporar el nuevo trámite. El mayor esfuerzo, según la transición prevista, es mapear la participación indirecta, algo que muchas ya relevan para su compliance internacional.
Antes
Hasta ahora regía, en líneas generales, la Ley 26.659 sobre explotación no autorizada en el área de Malvinas, pero sin un órgano definido para aplicarla ni un procedimiento con plazos para sancionar. Las empresas que buscaban permisos petroleros o beneficios del RIGI acreditaban solvencia, patrimonio y capacidad técnica, sin exigencias vinculadas a esa ley.
Ahora
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pasa a ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Ahora, quien quiera adherir al RIGI o pedir permisos y concesiones bajo la Ley 17.319 debe presentar una declaración jurada de que ni la empresa ni sus participantes directos e indirectos incurren en las conductas prohibidas por esa ley.
Qué cambia, punto por punto
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Antes
Sin regular · aplicar la Ley 26.659
→Ahora
Está obligado a · actuar como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y su modificatoria
Diferencia neta · Se designa autoridad de aplicación donde antes no había órgano definido.
Art. 1·modifica Ley 26.659(punto de partida no verificado)
organismos y entidades de la Administración Pública Nacional
Antes
Sin regular · informar hechos que puedan configurar conductas prohibidas por la Ley 26.659
→Ahora
Está obligado a · informar a la autoridad de aplicación los hechos que puedan configurar conductas prohibidas
- Plazo: 5 días hábiles administrativos desde la toma de conocimiento
Diferencia neta · Se crea el deber de reporte con plazo fijo.
Art. 2·modifica Ley 26.659(punto de partida no verificado)
presunto infractor de la Ley 26.659
Antes
Sin regular · presentar descargo y ofrecer prueba en el procedimiento sancionatorio
→Ahora
Puede · constituir domicilio, presentar descargo y ofrecer prueba
- Plazo: 10 días hábiles administrativos desde la notificación; resolución fundada dentro de 10 días hábiles
Diferencia neta · Se garantiza derecho de defensa con plazos ciertos y resolución fundada, publicada y notificada.
Art. 5, 6 y 7·modifica Ley 26.659, art. 3(punto de partida no verificado)
vehículos de proyecto único (VPU) que solicitan adhesión al RIGI
Antes
Sin regular · acreditar cumplimiento de la Ley 26.659 al adherir al RIGI
→Ahora
Está obligado a · presentar declaración jurada de no incurrir en las conductas prohibidas por la Ley 26.659
- Requisito: DDJJ suscripta por el representante legal que abarque al VPU y a personas con participación directa o indirecta
Diferencia neta · Nuevo requisito de admisión al RIGI y de intervención previa de la autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Art. 9 y 10·modifica Decreto 749/2024, Anexo I, art. 47 y 52 bis(punto de partida no verificado)
interesados en permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones de la Ley 17.319
Antes
Estaba obligado a · acreditar solvencia económico-financiera, patrimonio neto mínimo y capacidad técnica
- Requisito: constituir domicilio en la República Argentina
→Ahora
Está obligado a · acreditar solvencia, patrimonio, capacidad técnica y presentar DDJJ de no incurrir en las conductas de la Ley 26.659
- Requisito: DDJJ que abarque a la persona jurídica y a sus participantes directos e indirectos
Diferencia neta · Se agrega la DDJJ sobre Ley 26.659 a los requisitos preexistentes para operar en hidrocarburos.
Art. 11·modifica Decreto 1057/2024, Anexo I, art. 2(punto de partida no verificado)
✓ Gana
- ·presunto infractor de la Ley 26.659 (explotación no autorizada en Malvinas)
Pierde
- ·empresas interesadas en permisos petroleros (Ley 17.319) y en el RIGI
Salida posible
Las empresas incorporan la DDJJ sobre Ley 26.659 a su legajo habitual de solvencia y capacidad técnica; el mayor trabajo está en mapear la participación indirecta, algo que ya suelen relevar para compliance internacional.
Rúbrica de libertad · quién gana y quién pierde
Impacto medioMedimos el efecto sobre la libertad de cada posición que la norma toca (quien compra, quien ofrece, quien tributa), sensor por sensor, contra el régimen anterior. Un +1 abre, un −1 cierra. No promediamos entre posiciones: cada una se declara por separado.
- EntradaCierra · menos libertad-1
¿Puede la persona acceder al objeto?
Para obtener permisos, concesiones o beneficios del RIGI ahora deben acreditar mediante DDJJ que ni ellos ni sus participantes directos o indirectos incurren en las conductas de la Ley 26.659, un nuevo filtro de admisión.
- CostoCierra · menos libertad-1
¿Cuánta fricción cuesta ejercer una libertad que ya se tiene?
Suma la carga administrativa de relevar toda la cadena de participación directa e indirecta y suscribir la DDJJ por representante legal, más la eventual intervención previa de la autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Sin movimientos propios en las Familias I y II.
El decisor, para esta posición (distinto del general)
- Alcance del poderCierra · menos libertad-1
¿Cuánta materia se reserva el Estado para decidir?
- ArbitrariedadAbre · más libertad+1
Dentro de lo que decide, ¿el Estado decide por regla o por discreción?
- TransparenciaAbre · más libertad+1
¿Es visible, motivada e impugnable la decisión del Estado?
El decisor · ¿puede el Estado quitar la libertad a voluntad?
Aplica a todas las posiciones- Alcance del poderCierra · menos libertad-1
¿Cuánta materia se reserva el Estado para decidir?
El Estado suma un requisito de habilitación (DDJJ sobre Ley 26.659) para acceder al RIGI y a permisos de la Ley 17.319, reservándose una nueva materia de control.
- ArbitrariedadAbre · más libertad+1
Dentro de lo que decide, ¿el Estado decide por regla o por discreción?
Reduce discreción: fija procedimiento sumarial con plazos ciertos (5/10/10 días), derecho de descargo y aplicación supletoria de la Ley 19.549 donde antes no había regla procesal alguna.
- TransparenciaAbre · más libertad+1
¿Es visible, motivada e impugnable la decisión del Estado?
Exige resolución fundada, publicación en el Boletín Oficial y notificación al infractor y a órganos de control, haciendo visible e impugnable la decisión.
El decreto amplía la materia que el Estado controla (nueva DDJJ como condición de acceso a permisos petroleros y al RIGI, con más costo para los oferentes), pero lo hace con procedimiento reglado, plazos ciertos y decisiones publicadas y recurribles, reduciendo la discrecionalidad y opacidad que existían al no haber reglamentación.
Además de qué hace · cómo se dictó
El estado de derecho es una condición de la libertad. Este examen es de la norma en sí misma y va separado del saldo de libertad: una norma puede ampliar libertades y aun así haber sido dictada por la puerta equivocada.
¿Vale para todos los que están en la misma situación?
Aplica a todo organismo público y a todo interesado en permisos petroleros o RIGI, sin destinatario singular.
¿Rige hacia adelante, respetando situaciones consolidadas?
Rige hacia adelante; la DDJJ pide no incurrir 'ni incurrirán' en conductas futuras y el decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
¿Es determinable qué manda, a quién y desde cuándo?
Plazos, pasos y órganos están determinados; el reproche se remite al art. 2 de la Ley 26.659 que tipifica las conductas.
¿Quien la dictó podía dictarla, en esa forma?
Decreto reglamentario que instrumenta procedimiento y designa autoridad dentro de facultades del PEN sobre leyes vigentes.
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